Los datos sacados a la luz por el informe ‘parcheado’ de Deloitte sobre el Popular van a surtir nueva artillería a los inversores que litigan contra su desenlace. Del contenido de los documentos manejados ahora se puede vaticinar que los accionistas damnificados pueden acusar a la Junta Europea de Resolución (Jur) de haber dictaminado la intervención y posterior puesta a la venta, sabiendo que encontrarían un comprador, hasta quince días antes de su colapso. La sangría de liquidez que cercena su futuro se precipita el 31 de mayo, pero con los documentos que ahora se conocen se puede argumentar que la decisión viene de atrás, porque el 23 mayo se encargó a Deloitte una valoración del banco en vistas a sacarlo a subasta en detrimento de otras alternativas -públicas y privadas-.
La firma de auditoría desveló la fecha para justificar que su tasación era provisional e incierta dado que apenas dispuso de 12 días para un trabajo que acostumbra consumir seis semanas, tuvo que incluir un colchón de provisiones significativo sin poder evaluarlo y realizó contadas catas en ciertos activos.
Según fuentes jurídicas cercanas al caso, dicha declaración indica que, en el momento que la JUR solicitó a Deloitte llevar a cabo la valoración provisional, ya había determinado que el Popular cumplía con las condiciones para resolución.
Bajo dicha tesis el organismo dirigido por Elke König habría diagnosticado que no había perspectivas razonables de que cualquier medida alternativa del sector privado evite su fracaso, al menos,14 días antes de que el BCE diese luz verde a la resolución -ocurre el 6 de junio- y pese a que la misma JUR confirmó en otro informe inédito fechado el día 5 que el Popular era solvente aunque con riesgo de dejar de serlo cuando sanease su exposición tóxica.
Es seguro que los inversores afectados por el caso utilizarán todos los documentos desclasificados la semana pasada en su intento de revertir el final del Popular. Entre ellos, el ‘testamento vital’ o informe exigido regulatoriamente donde cada banco radiografía su estructura, negocios e importancia sistémica de cara a planear una potencial intervención en caso de crisis.
Según las fuentes consultadas, de los nuevos papeles se puede entender que el ‘Plan de resolución’ del banco fijaba que, en caso de crisis, primero debería aplicarse un rescate interno (bail-in), seguido por ventas de filiales y negocios para estabilizar y garantizar la viabilidad, sin apostar como la JUR por la venta del grupo. Su contenido había sido aprobado a finales de 2016, tan solo cuatro meses atrás por la propia JUR y el Banco Central Europeo (BCE).
De ello se deriva que la decisión de usar la herramienta de venta de negocios, cuando esto no estaba previsto en el Plan de Resolución, sugiere que la JUR y el Frob sabían antes del 23 de mayo que tenían un comprador (por ejemplo, el Santander) dispuesto a tomar su propiedad, explican los expertos consultados.
Una opción que también puede utilizarse para litigar contra la JUR puede ser el secretismo existente sobre la crisis de liquidez que desencadenó su caída. La ausencia de datos y el parco análisis de la problemática avala las sospechas de que se surtió la excusa para intervenir, impidiendo evaluar si la actuación de la JUR era válida.
Las tensiones de liquidez se remontan al otoño de 2016
El problema de liquidez de Popular se remonta al otoño de 2016 cuando se filtran las fuertes tensiones en el consejo de administración por desacuerdo con la gestión de Ángel Rol. La incertidumbre sobre la viabilidad del banco empieza a pasar factura después de que el presidente Emilio Saracho advirtiese en la junta de abril que su futuro pasaba por una fusión o megaampliación de capital. Pero aún así la entidad encuentra fórmulas para compensar las salidas de fondos.
La sangría coge ritmos realmente alarmantes a partir del 31 de mayo cuando se multiplican los problemas: Reuters publica que la entidad está bajo la lupa de la JUR, se conoce que sólo interesa al Santander mientras el resto de bancos declinan negociar una fusión, el título sale expulsado del índice MSCI Global Standard y se conoce que Blackrock está de retirada -ha reducido su participación del 4% al 1,775%-.
En los siete días que median entre ese 31 de mayo y el 6 de junio, cuando el banco decide entregarse, su coeficiente de liquidez o termómetro que mide su capacidad para abrir la ventanilla ha caído del 74,4% al 24%. Activó el auxilio a la línea de emergencia del BCE y apenas recibió 3.800 millones. Lo que viene después es su resolución contra la que los afectados utilizarán sus propios informes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios