Después del frenazo que ha causado la Covid-19 en la subasta y los primeros despliegues de redes 5G, las operadoras de telecomunicaciones no quieren precipitarse en la contratación de los proveedores para los equipos de comunicación de estas nuevas infraestructuras. Aún no cuentan con espectro radioeléctrico, cuya puja se espera para principios de mayo. Pero, lo más importante, no tienen seguridad jurídica sobre ese proceso de elección de los fabricantes. La razón: el Gobierno aún no ha aprobado en el Consejo de Ministros la llamada ‘Ley de Ciberseguridad 5G’ donde se establecerán criterios para seleccionar a compañías como las chinas Huawei o ZTE. Mientras esa normativa no avance, no se moverán.
El Gobierno puso sobre la mesa el pasado mes de diciembre un anteproyecto de ley y lo expuso a consulta pública, con el objetivo de recibir propuestas de diferentes agentes del sector. El plazo para recibirlas acababa a mediados del mes de enero y desde esa fecha se han ido recabando los diferentes informes. Hoy dos meses y medio después aún no se ha tomado ninguna decisión. El objetivo era tener el documento aprobado definitivamente en Congreso y Senado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el verano. Los plazos van a estar realmente ajustados, porque como temprano se llevará durante la primera o segunda semana de abril. Se estima que desde que se produce esa entrega a la Mesa del Congreso y se inicia la tramitación, la ‘luz verde’ definitiva del Senado puede alargarse entre cuatro y cinco meses.
En caso de que se lograra en agosto o septiembre, hay que tener en cuenta que después de la aprobación de la ley habrá más trámites. Aunque se espera que se plantee un ‘marco general’ bastante flexible, la realidad es que se necesitará un tiempo para ejecutar el ‘Esquema de Seguridad’ para las redes 5G en base al examen de vulnerabilidades y la evaluación de las medidas de seguridad ejecutados por los operadores. El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, calificará como bajo, medio o alto el perfil de riesgo de los suministradores. Esa calificación y las posteriores medidas del Ejecutivo -que tiene en su mano la capacidad de vetar a los de ‘alto riesgo’ pero no prevé expulsar a ninguno a priori como sí han hecho otros países- serán determinantes para dar seguridad jurídica a las operadoras.
No será, previsiblemente, hasta la recta final de este año cuando se tenga ese análisis exhaustivo de todos los proveedores y sus riesgos. Ante esta situación, las operadoras de telecomunicaciones no se quieren precipitar y han dejado en suspenso cualquier proceso de contratación. Esperarán para abordar lo que se conoce como ‘Request for Quotation’, es decir, una solicitud de presupuesto a las diferentes compañías, entre las que se encuentran las chinas ZTE y Huawei (esta última, especialmente señalada por motivos de seguridad por gobiernos como el británico o el estadounidense), coreanas como Samsung o europeas como Nokia o Ericsson. Ninguna de las tres grandes los ejecutará por ahora. Fuentes del mercado explican que estos procedimientos son bastante rápidos, no sólo por sus pasos, sino porque ya hay un conocimiento previo de los fabricantes, con los que en muchos casos llevan años trabajando.
Estas peticiones formales de presupuesto se refieren a los despliegues de las redes 5G ‘puras’, es decir las que trabajarán bajo el estándar ’Standalone’. Estas no funcionan bajo el núcleo central de 4G, sino que tanto la parte de radio como el núcleo (la zona más sensible de la red, donde se encuentran todos los datos de los usuarios) son 5G. Su velocidad y, sobre todo, su latencia (el tiempo que tarda en enviar y recibir la información) son mucho mejores. Sin ‘ley 5G’ y sin espectro radioeléctrico de la banda de 700Mhz, clave para llegar al interior de los edificios y a zonas rurales, los incipientes despliegues que se están ejecutando por las tres compañías ahora son de 5G ‘light’ (núcleo de 4G con radio 5G de bandas altas).
¿Qué pasa en otros países?
¿Quiénes son los proveedores clave en este sector? Hoy el mercado está controlado por tres grandes competidores: los europeos Nokia y Ericsson y la china Huawei. Ésta última ha ido ganando terreno en la última década y hoy controla más de un tercio de cuota en los principales países europeos. Pero no son los únicos. Se encuentran otros como la también china ZTE o la coreana Samsung. Ésta última ha ido ganando posiciones en los últimos años. Otros están más centrados en Estados Unidos como Cisco. La ley lo que va a exigir es una diversificación clara de proveedores, con el objetivo de reducir la concentración del riesgo, aunque aún no queda claro si el texto legislativo final incluirá topes como sucede en otros países -en el anteproyecto no los incluía-.
Esta lentitud en la tramitación contrasta con la mayor rapidez de otros gobiernos. Reino Unido acaba de subastar el espectro de 5G y meses antes, en noviembre, tomó la controvertida decisión de prohibir la compra del nuevo kit para la gestión de las redes de Huawei a partir del próximo mes de septiembre de 2021. Por contra, gobiernos como el alemán también han iniciado recientemente la tramitación de la legislación ahora y presentó un anteproyecto en diciembre, que tendrá que ser ratificado por el Bundestag. Mientras tanto, China sigue aprovechando precisamente este parón en Europa para ganar terreno. Según las últimas cifras hechas públicas, las operadoras del país habían desplegado 700.000 puntos en 2020 y esperaban acercarse a esta cifra en 2021, con una inversión entre los dos años de más de 45.000 millones de dólares. Este año ya se iniciarán los despliegues de redes ‘puras’ que en España y otros países no llegarán hasta bien entrado 2022.
Mientras todo esto sucede, la subasta de espectro española sigue retrasándose. El Ministerio de Asuntos Económicos publicará las condiciones definitivas de la puja en el Boletín Oficial del Estado después de las vacaciones de Semana Santa, según las previsiones de las diferentes operadoras. Deberán pasar entre cuatro y seis semanas desde esa publicación de todos los términos finales hasta el proceso de ofertas. Por tanto, no se espera que éstas lleguen antes del mes de mayo. Esta licitación, junto con la ‘ley 5G’, no son los únicos asuntos regulatorios pendientes para las telecos en España. La nueva ley general del sector sigue a la espera de tramitación, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusara al Ministerio de Asuntos Económicos de ‘adueñarse’ de sus competencias. Es la misma situación en la que se encuentra el proyecto de Ley General Audiovisual, gracias a la cual se les exigirá que destinen el 5% de sus ingresos a obra europea a los gigantes como Netflix o HBO.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios