De las palabras a los hechos. Las empresas energéticas afectadas por las polémicas comunicaciones y circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el último año afinan la estrategia legal contra los cambios normativos y los recortes de ingresos. Madrileña Red de Gas ha dado el primer paso con un recurso ante la Audiencia Nacional por las medidas de la CNMC para aumentar más el control de la solvencia financiera de las empresas reguladas de electricidad y gas. Pero los jueces van a tener más trabajo. Las refacturaciones que se anuncian en la factura del gas para 600.000 clientes adelantan otra pelea legal.
La cuestión de la solvencia es sólo uno de los frentes legales que se le abren a la CNMC y también al Gobierno. Tradicionalmente, los potentes departamentos jurídicos de las compañías eléctricas recurren cada año las órdenes de peajes que cubren los costes del sistema. La iniciativa se ha convertido en automática: orden aprobada, orden recurrida. Este año se añaden nuevos elementos para la polémica porque se ha propuesto recortes en la retribución de las redes de electricidad y de gas y porque se ha cambiado la metodología que afecta a los peajes del gas.
El sector gasista está pendiente de cómo queda finalmente la polémica circular de recortes a la retribución de las empresas. La propuesta inicial de rebajas de la CNMC ha caído a la mitad tras la intervención del Gobierno, pero las compañías mantienen que el tijeretazo no está justificado adecuadamente. Si la última redacción de la circular se mantiene, las compañías se plantean reclamar en los tribunales.
Contra cambios "radicales"
Y lo mismo va a suceder con el cálculo de los peajes de gas aprobados por la CNMC. La asociación de empresas gasistas, Sedigas, los cuestiona. Por dos razones: porque supone un cambio radical en el modelo actualmente utilizado y porque introducen peajes que actualmente no existen. La consecuencia más polémica es la refacturación que van a sufrir 600.000 cliente de gas -el 8% de todos los consumos-.
Según las empresas, los clientes más damnificados serán los suministros pequeños y medianos, como las calefacciones centralizadas, las gasineras, el sector servicios (hospitales, colegios, hostelería, etc.) y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que sufrirán incrementos muy importantes en su factura a causa de los nuevos peajes. Todos lo van a notar en una factura añadida -será la número 13 del año- con los pagos ajustados.
La batalla más temprana, en todo caso, es la que ha abierto Madrileña Red de Gas en la Audiencia Nacional contra la decisión de la CNMC de apretar el nudo sobre las cuentas de las empresas con actividades reguladas en el sector energético. Las empresas -no solo Madrileña- sostienen que su solvencia está bien controlada, no solo por las autoridades bursátiles en el caso de las empresas cotizadas, sino también por las agencias de calificación. Pero la posición de la CNMC al respecto es rotunda: cuando una empresa recibe ingresos desde la factura que pagan los consumidores y cuenta con el respaldo del Estado, está justificada la exigencia de una doble garantía.
Política de inversiones
El objetivo último es tener la seguridad de que compañías reguladas -de forma destacada Red Eléctrica de España (REE) y Enagás- no van a empeñarse en políticas de inversiones que pongan en riesgo las infraestructuras estratégicas. Aunque es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene las competencias últimas, los parámetros de solvencia de la CNMC determinan si se autorizan o no las operaciones (toma de participaciones) que pudieran emprender y que están obligadas a comunicar. Es una cuestión estratégica para las empresas. Y por ello va a llegar a los tribunales.
Tras el pulso legal de las empresas está la presión de sus accionistas e inversores. En los últimos años, los grandes fondos han tomado posiciones en empresas grandes como Iberdrola o Naturgy; en las empresas participadas por el Estado y en sociedades de menor tamaño como Reganosa -en la que participan la argelina Sonatrach y el grupo japonés Sojitz- o Madrileña Red de Gas.
Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido (CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en un negocio cuyos beneficios dependen en buena parte del BOE. Ha sido y es una buena inversión. Han obtenido rentabilidades por encima de las que obtienen las empresas de telecomunicaciones o AENA, que se sitúan entre el 6,48% y el 4,40%, según sostiene la CNMC.
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