La guerra del gas también llega a Europa por la elevada inversión en gasoductos

La transición  hacia una economía con cero emisiones ha desatado una batalla empresarial sin precedentes para adaptar los negocios energéticos a la nueva realidad y, en la medida de lo posible, mantener las actividades que aseguran ingresos y beneficios. En España, la crudeza de la batalla se ha puesto de manifiesto con los recortes que ha propuesto la Comisión de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la retribución de las redes de gas y de electricidad. Pero la batalla no es sólo de España. La Red Europea de Observatorios de Corporaciones -ENCO por sus siglas en inglés-ha elaborado un informe en el que denuncia el control por parte de cuatro empresas de los planes para extender infraestructuras gasistas innecesarias en Europa, con inversiones estimadas que superan los 50.000 millones.

ENCO es una Red Europea de Observatorios de Corporaciones con más de 15 miembros. En su informe apunta a cuatro empresas como las responsables de una burbuja inversora que la UE acepta sin demasiados problemas. Las empresas señaladas son la española Enagás, la belga Fluxys, la francesa GRTgaz y la italiana Snam. El informe de ENCO explica que los cuatro gestores de la red de transporte (TSOs) tienen  como negocio principal construir y explotar gasoductos, actividad que intentan  mantener a toda costa con una eficaz labor de cabildeo en Bruselas.

Según los datos del informe, Enagás, Fluxys, GRTgaz y Snam habrían mantenido en los últimos meses casi medio centenar de reuniones en Bruselas para defender sus propuestas de extensión de redes, con un coste aproximado de un millón de euros. Si se consideran las reuniones de los grupos empresariales de los que forman parte (Gas Infraestructure, Hidrogen Europe, ENTSO-G, Gas Naturally y NGVA), el coste del cabildeo se duplica.

Las cuatro empresas, con participación y controles públicos, impulsan grandes proyectos de redes de gas en Europa. En algunos casos, esos planes están paralizados por las dudas sobre su rentabilidad -caso del gasoducto entre España y Francia, Midcat, cuestionado por la CNMC de España y el regulador francés CRE- o por los problemas registrados en su construcción -almacén de gas Castor-. Además, el documento critica, por sus costes y consecuencias los proyectos de terminales de gas licuado que opera la belga Fluxys en Zeebrugge (Bélgica) y Dunkerke (Francia) y el gran proyecto de tubos del gasoducto Trans-Adriático. Este es el último tramo del denominado Corredor Meridional del Gas (SGC) -45.000 millones de dólares de inversión y 3.500 km- que va desde el Mar Caspio, en Azerbaiyán, hasta el Sur de Italia.

El informe de la Red destaca el papel que juegan en Europa las cuatro empresas que analiza. Enagás , Fluxys, GRTgaz y Snam poseen más de la mitad de las terminales de gas natural licuado (GNL) de la UE y más de 100.000 kilómetros de gasoductos, con nuevos proyectos en marcha. Las cuatro están en manos de empresas privadas, aunque se encuentran bajo control estatal. En conjunto, generaron más de 2.000 millones de euros de beneficio en 2018, de los que casi tres cuartas partes se distribuyeron como dividendos entre los accionistas, como las empresas de gestión de inversiones BlackRock (GRTgaz y Snam) y Lazard (Enagás y Snam).

Según el Observatorio, las cuatro sociedades " poco conocidas para el público en general, no presentan el perfil de grandes nombres como Shell, Total o BP, pero tienen la misma influencia para que Europa siga dependiendo del gas". Para ello, explica el documento, cuentan con el apoyo de la UE, que integró a las cuatro en un grupo más amplio denominado Red Europea de Gestores de Transporte de Gas (ENTSO-G). "A pesar de estar integrado exclusivamente por empresas de gas, la UE encargó al grupo que presentara unas previsiones de la demanda de gas futura en Europa, que el grupo tiende a sobrestimar de forma habitual".

Las críticas al intento de mantener el negocio de redes enlaza con el cuestionamiento del gas como fuente de energía a medio y largo plazo. España forma parte del debate porque los responsables de la transición energética han mostrado abiertamente sus recelos ante las maniobras del sector para convertir el gas en la energía de respaldo de las renovables. El gran argumento de las compañías gasistas es que el almacenamiento de energía todavía no está desarrollado y sólo el gas puede asegurar el suministro en un sistema con tecnologías descartadas y tecnologías -las renovables- que producen electricidad de forma irregular.

Pero fue la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora en funciones, la que lanzó un jarro de agua fría sobre los planes de las compañías gasistas. Lo hizo en el Congreso, en julio de 2018. En su comparecencia ante la Comisión de Energía, Ribera explicó que considera el gas natural como una energía de transición necesaria en el corto plazo, pero con fecha de caducidad. Ribera fue más allá y pidió "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición puede extenderse "ad infinitum", lo que lleva a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras".