Cuatro años. Movilizaciones, enfrentamientos, decretos y demandas… Lejos de resolverse, la guerra del taxi sigue viva. El año 2018 se salda con más de 6.000 licencias VTC, utilizadas por las plataformas Uber y Cabify, incorporadas al mercado tras el ‘sí’ de los tribunales y con un decreto ley que aún no ha cristalizado en una restricción real a su actividad. Madrid y Barcelona han movido las primeras fichas para hacerlo, pero los taxistas no dejan de presionar y la amenaza de una nueva huelga sigue sobrevolando el sector.
El año arrancaba con un aluvión de licencias VTC en ciernes. En noviembre de 2017, el Supremo dictaba las dos primeras sentencias con las que se otorgaban de manera definitiva 80 autorizaciones nuevas reclamadas por empresas tras el cambio de ley que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy. El Alto Tribunal entendía que esa modificación del Ejecutivo en 2013 no resucitaba la ya archiconocida ratio de 1 de estas autorizaciones por cada 30 licencias del taxi. Abría la puerta a la ‘luz verde’ de miles de ellas que fueron solicitadas entre 2013 y 2015 y que fueron denegadas por las comunidades autónomas. ¿La consecuencia? Entre enero y diciembre se ha pasado de 6.463 a 12.630. Casi el doble.
Los dos decretos… con distinto resultado
Mientras este aluvión se ha consolidado -aún quedan más de 170 sentencias de tribunales superiores de justicia de comunidades por confirmar en el Tribunal Supremo-, administraciones, regulador y las dos partes se han batido el cobre -con diferentes resultados- en los despachos y juzgados para pelear en el lado de la regulación. En el caso del Gobierno central, han puesto sobre la mesa dos decretos. El primero llegó en abril, a las puertas de la fallo del ‘macrojuicio’ en el Tribunal Supremo, impulsado tras la demanda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Era la segunda vez en seis meses que el Consejo de Ministros trataba de frenar el avance de Uber y Cabify.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quiso protegerse ante un eventual pronunciamiento en contra de la ratio 1-30. Y elevó éste y otro de los elementos clave de la reglamentación a rango de ley. No hizo falta, porque el Alto Tribunal dio luz verde a esa limitación y la respaldó en una sentencia que supuso una primera victoria para el taxi.
El segundo paso dado por el Gobierno central tuvo lugar tras las protestas y la dura huelga indefinida del mes de julio, que llenó de taxis el céntrico Paseo de la Castellana en Madrid. El nuevo responsable de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, defendió otro decreto ley con el que limitaba a estas licencias a trayectos interurbanos (el 99% de sus viajes se producen en la ciudad) a partir de los próximos cuatro años. Este periodo de gracia levantó suspicacias entre los taxistas. Pero, a la vez, se daba la oportunidad a las comunidades (y los ayuntamientos) para regular de manera directa todo el sector, modificando las condiciones vinculadas a la prestación del servicio, como la precontratación, la solicitud de los servicios, los recorridos o las especificaciones del vehículo.
Ese periodo de gracia de cuatro años ya ha empezado a afectar a las grandes compañías del sector y su financiación. Especialmente la aportada por los bancos, que se han vuelto mucho más cautos con los préstamos para la adquisición de licencias y el mantenimiento de la actividad de estos ‘amos’ del sector. El caso más cercano es el del grupo Auro, impulsado por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo, y algunos inversores del sector de internet, que ha anunciado una operación de financiación alternativa de 50 millones tras el ‘no’ de las entidades financieras.
¿Y las autonomías?
El conflicto no se resolvía. Sólo que la pelota se situaba en el tejado de las administraciones regionales y locales. Éstas podían asumir esos cambios en la regulación. Pero con una dificultad añadida: la espada de Damocles de los cuatro años de periodo de gracia y el riesgo de una demanda de las grandes empresas del sector de la VTC por las modificaciones en las condiciones.
En el caso de Madrid, el Ayuntamiento se ha limitado a abrir un periodo de consulta pública sobre cómo regular este sector y se ha comprometido a elaborar una futura ordenanza antes de que acaba el mandato municipal el próximo mes de mayo. ¿Y Barcelona? Ha hecho lo propio. En paralelo, los tribunales han vuelto a quitar la razón y mantienen en suspenso el reglamento aprobado por el Consistorio para limitar a las VTC.
El taxi sigue presionando
Ante estos avances, y lo que entienden como “noticias no buenas”, la asociación más radical del sector, Élite Taxi, estudiará esta semana si convocan una nueva huelga en el sector. ¿Su principal reivindicación? Lograr que Barcelona, y, por ende, buena parte de los principales ayuntamientos en España, imponga la obligación de reservar de manera previa con varias horas de antelación. De esta forma, según ellos, se diferenciarán ambos servicios (hoy por hoy esa precontratación es inmediata a través de la aplicación móvil de Uber o Cabify).
¿Y qué han hecho las compañías de VTC? El decreto ley será aprobado como proyecto de ley en el Congreso, por lo que, al igual que el taxi, han ido explicando a los diferentes partidos políticos sus propuestas de cambios en el documento respaldado por el Congreso en octubre. En paralelo han mantenido su guerra en los tribunales. Pero a esto ya han sumado más de 8.000 reclamaciones ante el Ministerio de Fomento contra la indemnización en tiempo (4 años de moratoria) impuesta por el decreto.
La conclusión es que hoy por hoy el sector sigue sin grandes cambios desde la aprobación del decreto. Quedan casi 200 sentencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades por confirmar por parte del Tribunal Supremo… y varios miles de licencias aún por otorgar. Mientras tanto, el ala más radical del taxi en Barcelona ya amenaza con una huelga. La guerra continúa en 2019, cuatro años después.
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