La ofensiva militar del Kremlin en Ucrania ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de la Unión Europea. En España, serán los ministerios de Asuntos Económicos y de Industria, quienes se encarguen de coordinar y supervisar el cumplimiento del embargo a Rusia. El Gobierno ha aterrizado el paquete de sanciones internacionales en el marco jurídico nacional a través de dos normas que determinarán el impacto en nuestro país del bloqueo a la antigua potencia soviética. Se trata de las leyes de represión del contrabando y de prevención del blanqueo de capitales. La primera impone penas de hasta cinco años de cárcel para los responsables de las compañías que se salten el veto al país que preside Vladimir Putin.
El nuevo paquete de sanciones complementa a las restricciones comerciales en vigor desde 2014, que Europa adoptó como respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. El resultado es un embargo de un calado histórico, que incluye la prohibición de "vender, transferir, exportar o suministrar, de modo directo o indirecto", los productos de doble uso, como se conoce en la jerga a aquellos recursos susceptibles de ser empleados para fines civiles y militares. Esta vez, Bruselas también ha incluido en la 'lista negra' de las exportaciones cualquier producto que pueda promover el desarrollo militar ruso.
Para asegurar que las compañías españolas cumplen con el régimen sancionador aduanero, el Gobierno aplicará la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, según varias fuentes jurídicas consultadas por La Información. La norma abre la puerta a la aplicación de penas de prisión de entre uno y cinco años en el caso de aquellas empresas que rompan el embargo ruso. De todas las derivadas de la ley, una de las que más preocupa en los corrillos empresariales es el riesgo de un cese forzoso de actividad que, según la norma, podría extenderse hasta doce meses.
Además, la ley impone multas proporcionales al valor de los bienes, efectos o mercancías sujeto de represalias. Aquí, el importe de la sanción dependerá del tipo de infracción, partiendo de un mínimo de 500 euros. Los eventuales responsables de dichos delitos podrían hacer frente al pago de hasta el 150% de la tasación del conjunto de los bienes exportados para las infracciones leves, o alcanzar el 350% de dicho valor en el caso de las faltas que sean tipificadas como muy graves.
Corresponde al ministerio de Industria y al departamento de Asuntos Económicos activar los mecanismos oportunos para la vigilancia y la ejecución de los castigos contra los futuros infractores, según trasladan varias fuentes jurídicas en conversaciones con este medio. Ambas carteras deberán tener en cuenta la cláusula de exoneración de responsabilidad que contemplan las normas europeas, una excepción aplicable en aquellos casos en los que se demuestre que la empresa infractora desconocía o no podía sospechar que sus acciones vulneraban el paquete de sanciones.
La guerra económica contra el gobierno de Putin ha alertado a las compañías exportadoras españolas, que temen la aplicación de ceses forzosos de actividad
Desde el Gobierno especifican que la competencia en materia de sanciones corresponde al Tesoro Público, bajo el paraguas del departamento que dirige Nadia Calviño. Fuentes del sector jurídicas especializadas en comercio internacional aseguran que el control del cumplimiento del bloqueo a Rusia por parte de las empresas del mercado español implicará una acción coordinada entre el ministerio económico y el departamento que encabeza Reyes Maroto, con amplias funciones en el campo de las importaciones y exportaciones. De hecho, Industria, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, está canalizando las dudas de las compañías exportadoras en relación al impacto del conflicto bélico en sus actividades.
Desde que comenzó la invasión de Ucrania, el departamento que dirige Maroto ha celebrado dos encuentros virtuales a los que se han sumado alrededor de 300 asistentes. En estas reuniones se ha abordado la situación de las empresas potencialmente afectadas por la guerra económica contra el gobierno de Vladimir Putin. Industria también ha habilitado un buzón de correo destinado a responder dudas sobre este asunto. Según ha explicado el ministerio, la mayor parte de las consultas que han recibido hasta ahora plantean cuestiones relativas a operaciones comerciales concretas que las empresas exportadoras tenían previsto efectuar en el corto plazo y que responden a contratos anteriores al estallido del conflicto.
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