Jueves, 12.12.2019 - 20:11 h
28-A

La guerra de VTC y los riders, los desafíos 'digitales' del Gobierno tras el 28-A

La batalla legal de Uber y Cabify y la regulación de los trabajadores de compañías como Glovo o Deliveroo deberán abordarse en la próxima legislatura.

Deliveroo
La regulación de los 'riders' deberá ser abordada. / EFE

Son las dos grandes patatas calientes del sector digital en España. La guerra de las VTC y la (millonaria) pelea judicial tras los diferentes decretos y la compleja regulación de los repartidores de compañías como Glovo o Deliveroo. El nuevo Gobierno deberá abordar ambos frentes en una legislatura que, con toda probabilidad, exigirá pactos entre los diferentes partidos. Y estos han mantenido posiciones muy diferentes ante los dos retos.

La de la VTC es una batalla que viene de largo pero que no ha concluido, ni mucho menos. Primero porque algunos de los grandes dueños de licencias mantienen un pleito contra el Ejecutivo en el que exigirán en los tribunales hasta 4.000 millones de euros en indemnizaciones por el último decreto ley del Gobierno de Sánchez con el que se les ponía 'fecha de caducidad'. Pero no es la única razón.

El conflicto no ha terminado. La decisión de trasladar las competencias a las comunidades autónomas ha llevado a que hoy existan grandes diferencias en las reglas del juego en diferentes regiones. Cataluña y Valencia tienen los 15 minutos de precontratación de un coche de Uber o Cabify, mientras que Andalucía y Madrid, gobernadas por el PP, se resisten. En los dos primeros territorios, Cabify ya ha puesto sobre la mesa una triquiñuela que ha despertado recelos del taxi, que hasta ahora ha mantenido la presión baja tras meses de huelgas y movilizaciones.

Y, ante este nuevo reto, ¿qué dicen los principales partidos que se presentan a estas elecciones del domingo? El PSOE no contempla ninguna medida concreta en su programa, pero queda claro que apuesta por una "convivencia" del taxi y las VTC trasladando todo el peso regulatorio a las comunidades. El PP defiende una "regulación que aliente la libre competencia entre los distintos modos de transporte". El partido de Pablo Casado entiende que ante la transformación digital "los servicios digitales deben adaptarse", en clara alusión al taxi. Esta posición contrasta con la mantenida durante los últimos años, en los que el Ejecutivo de Rajoy llevó a cabo varios decretos ley que trataban de protegerlo ante el avance de Uber y Cabify.

¿Y el resto? Podemos es el más crítico con Uber y Cabify. La formación de Pablo Iglesias defiende la imposición de 2 horas de precontratación para las VTC (frente a los 15 minutos establecidos en Valencia o Cataluña). No se queda ahí. Plantea la recompra -con dinero público, se sobreentiende- de autorizaciones para hacer efectivo el ratio de una por cada 30 de taxis.  Por su parte, Vox sólo se limita a defender una liberalización total, pero sin precisar más.

Los riders, aún pendientes

Las VTC son una de las patatas calientes. La otra es la llamada 'economía bajo demanda': plataformas que ofrecen servicios a través de trabajadores autónomos con un modelo señalado por la justicia y por la inspección de trabajo. Se trata de plataformas como Glovo o Deliveroo. Hasta ahora, no ha habido ningún atisbo de regulación, pese a la reclamación por parte de las compañías. Sólo se han llevado a cabo investigaciones de la Inspección de Trabajo, que han desembocado en sanciones.

Los avances en la regulación son mínimos. En el Congreso de los Diputados no se ha creado una comisión específica, sino que se han mantenido algunos debates en la Subcomisión para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sobre las diferentes figuras laborales. 

En este tema, los partidos no tienen una posición tan fijada en sus programas. El PSOE se limita a defender que seguirán "luchando contra el abuso de los contratos de formación y los falsos autónomos". Ciudadanos propone una reforma laboral para "adaptar la la realidad de la economía digital" para asegurar la "necesaria seguridad jurídica en estas actividades, garantizar la protección social del trabajo en las nuevas plataformas e incorporar la flexibilidad que se requiere".

Podemos es el más beligerante: "Consideraremos que las personas que dependan de esas plataformas son trabajadores por cuenta ajena y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos modelos de trabajo y la utilización de falsos autónomos". ¿Y el PP? No lo menciona, aunque hace ahora casi un año fue el que abanderó una iniciativa en el Congreso contra la precariedad de los falsos autónomos en plataformas como Deliveroo o Glovo.

Estas son las dos grandes patatas calientes que deberá abordar el nuevo Ejecutivo. Y no lo va a tener fácil teniendo en cuenta las diferentes posiciones en ambos. Mucho aún por pactar.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios
NOTRACKING