La polémica abonada por la resistencia de la Junta Única de Resolución (JUR) a publicar los documentos justificativos del final del Popular ha derivado en una controversia mayor al levantar parte del velo. Saca a relucir que hasta el organismo dirigido por Elke König concluyó que contaba con el capital regulatorio exigible en un análisis fechado la víspera de su colapso, aunque admite un riesgo de convertirse en insolvente cuando aplicase los saneamientos necesarios y que el esperado informe de Deloitte estima entre 5.300 y 10.400 millones de euros.
La cifra primera está en línea con datos barajados en el mercado por la ampliación de capital que buscaba el equipo dirigido por Emilio Saracho, y corresponde al escenario ‘positivo’ calculado por Deloitte en el informe que le encarga la JUR cuando ya la situación preocupa y quiere saber qué condiciones puede plantear si tiene que acabar vendiendo el banco.
Bajo dicho escenario ‘positivo’ Deloitte otorga al Popular un precio de 1.300 millones; que se convierte en -8.200 millones bajo un supuesto severo y al que corresponden los otros 10.4000 millones de saneamientos apuntados. El escenario intermedio, donde tasa la entidad en -2.000 millones; será el que finalmente utilice la JUR como guía para arbitrar su solución, y ahí ve un déficit de 6.600 millones de euros en saneamiento del ladrillo.
Pero no será la solvencia la que acaba con la entidad, sino la gravísima asfixia que acusaba tras la hemorragia en depósitos abonada por la retroalimentación de malas noticias con rebajas sucesivas de la calificación crediticia según corroboran los documentos divulgados. Se refiere, entre otros episodios, a la rectificación de las cuentas de 2016, la dimisión del consejero delegado nombrado en los últimos meses de Ángel Ron para dar un golpe de timón a la gestión, o el reconocimiento de que solo había posibilidad de futuro si se vendía o efectuaba una macroampliación de capital para, precisamente, restaurar la solvencia cuando efectuase el saneamiento al que Deloitte pone cifras.
Tras ocho meses de celo, ven la luz una versión no confidencial de seis informes claves, con sus correspondientes apéndices y adendas; muy ricos en datos pero con pasajes escondidos aún bajo tachones: la valoración efectuada por la propia JUR el día 5 de junio, donde determina que se dan las circunstancias para poner en marcha la resolución por la iliquidez -aquí ve la insolvencia como un riesgo latente aunque sin materializar aún-; la carta de invitación a pujar por el Popular facilitada por el Frob a la gran banca, el ‘testamento vital’ del banco correspondiente a 2016 y los estudios de Deloitte.
El problema del concurso de acreedores
El ‘Plan de Resolución’ de 2016 o testamento vital es el documento de elaboración obligatoria para un banco donde da explica su estructura, negocio e importancia dentro del mercado para, precisamente, facilitar un auxilio o resolución en una situación sin provocar contagios. El del Popular desaconseja el proceso concursal porque su complejidad obligaría a enajenar sus activos durante un plazo de tres años para no malvenderlos y porque originaría la caída en cascada de las filiales al declarar el concurso por su interrelación con la matriz.
Escapan del escrutinio, por las reservas a divulgarlos para no provocar riesgos en el sistema o enseñar al mercado la metodología de la JUR y el supervisor, datos críticos como la gestión del problema de liquidez dentro de la entidad y el insuficiente apoyo recibido con la línea de emergencia del BCE. Los estudios de Deloitte efectúan una tasación preliminar bajo escenario de liquidación, pero quedan ocultas sus conclusiones. Habrá que espera al análisis encargado a la misma firma para conocer qué hubieran recuperado los acreedores de haber elegido la insolvencia ordinaria como solución.
El BCE tuvo una reunión especial el 2 de mayo, un mes antes de desatarse el problema, para discutir sobre la situación y la JUR reclamó al supervisor información el 18 de mayo. Aun cuando el Popular está bajo radar desde entonces no se logra evitar el desastre. Y el siguiente ítem recogido en el relato es que el 2 de junio dieron orden para lanzar la subasta. No hay rastro en la documentación sobre qué pasó en el entretanto.
El celo para proteger datos sensibles sobre el trabajo de supervisión impide averiguar si, gestores y autoridades, pudieron hacer más o diferente o por qué el problema se desata en una entidad que había superado pruebas europeas de resistencia. Pero si los puntos aún oscuros recobran protagonismo, no lo hacen menos los datos que ven la luz.
El análisis de Deloitte era el informe más codiciado. Contra él giran los centenares de recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo porque sirvió de base para la resolución de la entidad, reduciendo a la nada 3.400 millones de euros en acciones y bonos de inversores; antes de entregarlo al Santander por un euro simbólico. Su horquilla de valoración de entre 1.300 millones positivos y 8.200 millones negativos, suscitó el calificativo de "grosería técnica" de los inspectores del Banco de España y sirvió de base a los afectados para exigir conocer bajo qué supuestos lo calculaba alegando indefensión para defenderse por mantenerlo en secreto.
La divulgación del documento -en realidad tres, de 10, 22 y 83 folios cada uno- ha abierto la caja de los truenos por las deficiencias que la propia firma de auditoría saca a relucir, y potencialmente servirán para alejar responsabilidades. En las primeras páginas Deloitte subraya que sólo pudo trabajar en la valoración doce días, entre el 23 de mayo y 5 de junio, frente a las seis semanas que requiere una tarea así. El cortísimo plazo disponible le obligó a efectuar los cálculos sobre 'catas' de activos inferiores a las habituales para analizar su calidad y sin poder calibrar un 'buffer' significativo para los números finales.
Deloitte saca a relucir lo incierto de su valoración
Los propios autores del trabajo advierten de que, por tanto, la valoración “debería ser tomada en consideración como altamente incierta y provisional”. Aunque la mayor tacha llega por el uso de valoraciones que se alejan de los criterios básicos contables de "realismo, veracidad y prudencia", denuncian en una asociación de afectados.
La JUR y el Frob han insistido en el pasado en que el precio lo fijó la oferta del Santander, y así parecen avalarlo con otro documento desclasificado: la carta dirigida por el Frob a los bancos fijando las condiciones de la venta y donde abre la opción a que se amortice el capital y parte de la deuda del grupo -los 3.400 millones que han perdido los inversores-. La condición es adquirir el Popular íntegro y poner sobre la mesa al menos un euro sin solicitar ayudas. Sin embargo, sí eligió uno de los supuestos proyectados en el estudio encargado a Deloitte.
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