El Ministerio de Hacienda busca una empresa de auditoría que le ayude con las cuentas de tres organismos públicas: Adif, Adif Alta Velocidad y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para ello, lanzará en los próximos días una licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dividida en dos lotes que tendrá como fin localizar a una de estas compañías dedicadas al examen de los balances de las empresas públicas.
El importe total de la licitación será de poco más de 800.000 euros, impuestos incluidos, y estará dividida en dos lotes. El contrato que se obtenga como consecuencia de este concurso tendrá una duración de tres años, desde 2020 a 2022, ambos incluidos. El anterior contrato que se adjudicó con este mismo objetivo tenía una dotación de 550.000 euros y comprendía los dos últimos ejercicios.
El primero de los lotes es el que atañe a las cuentas del ICO, la entidad estatal de créditos blandos. Para este trabajo está destinado un importe total de 235.000 euros, impuestos incluidos. En la última convocatoria, el adjudicatario de este contrato fue Mazars Auditores, una firme especializada en la materia por poco más de 120.000 euros y dos ejercicios de servicios, el de 2018 y 2019.
El elegido para llevar a cabo esta tarea vivirá la nueva etapa de esta institución, llamada a ser un banco público. La firma contará con un marco regulatorio más flexibilizado al tener una exención regulatoria por parte de la Comisión de Valores que le permitirá no elaborar el obligatorio informe de gobierno corporativo. Esta cesión se produce poco después de que el Gobierno de coalición haya admitido las tesis de Pablo Iglesias, su vicepresidente segundo, para que esta institución se convierta en el centro de la banca pública en nuestro país.
El segundo de los lotes está destinado a los servicios de colaboración en la realización de la auditoría de las cuentas de las dos compañías que integran el gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif y Adif Alta Velocidad, y está valorado en unos 582.000 euros. El último contrato para este mismo objetivo -el que comprendía el periodo de 2018 a 2019- fue adjudicado a PKF Attest por 169.000 euros.
Hay que recordar que las auditorías de las empresas públicas son realizadas por la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, dedicada a la gestión económico-financiera del sector público estatal. Normalmente, este órgano dependiente directamente del Ministerio de Hacienda, contrata a una empresa externa para llevar ayudarla a llevar a cabo esta revisión de las cuentas anuales. Y es el caso de esta convocatoria.
Las compañías deberán esperar a que se hagan públicos los pliegos técnicos, en los que se definen todas las tareas a realizar por el adjudicatario, -proceso que llegará en las próximas semanas- para presentarse a este concurso, momento en que se pondrá sobre la mesa una fecha tope para poder hacer efectivas las ofertas.
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