Polémica en el Congreso

Hacienda cierra el 'caso Castor' y paga con deuda 1.350 millones a los bancos

El Gobierno coló en un decreto, el 29 de diciembre, la autorización para emitir deuda y cumplir la setencia del Supremo favorable a Santander, Caixa y Bankia.

Castor bolo

El Ministerio de Hacienda da por cerrado el caso del almacén de gas Castor tras seis años de polémica. El departamento que dirige Maria Jesús Montero ha sido el encargado de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre que falló  a favor de Caixabank, Bankia y Banco Santander para que el Estado devolviera  a las tres entidades los 1.350 millones de euros que adelantaron a las arcas públicas para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por el cierre del almacén de gas. Según Hacienda, la sentencia ha sido cumplida. Pero la polémica está servida porque el dinero sale de una autorización de endeudamiento aprobada mediante Real Decreto Ley, el 29 de diciembre pasado, ante la falta de fondos para cumplir la sentencia.

Hacienda da por cerrado el caso y cumplida la sentencia, si bien las fuentes bancarias consultadas no han confirmado que hayan recibido ya el dinero. De los 1.350 millones adelantados para compensar a los promotores del almacén de gas, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes.

El decreto aprobado en diciembre se define como "de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias".  Explica que  para cumplir con la sentencia del Supremo  y atender al pago de la indemnización  "dado el elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el COVID-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo".

La autorización añade polémica a la polémica. El decreto tiene que ser convalidado en el Congreso y han saltado las primeras críticas. Así, Compromís ha tachado directamente de "burla" indemnizar a los bancos por el Castor en un decreto destinado a aprobar  medidas sociales. Compromís ha exigido al Ejecutivo que se modifique "de inmediato" el decreto, en el que "se mezclan intencionadamente" la crisis derivada de la Covid-19 y el pago "por la puerta de atrás" de la indemnización al proyecto Castor.

La pelea política en torno al caso se mantiene mientras se cierra la pelea legal que ha durado tres años.  Bankia, Santander y Caixabank la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación "ante el Estado legislador" en la que sostenían que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley que cerró la instalación gasista no debía ocasionar "ninguna pérdida" a quien había financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.

Seis meses después, y ante el silencio de la Administración -primero del Ejecutivo del PP y luego del Gobierno de Sánchez- los bancos tocaron la puerta del Supremo con otra demanda para reclamar los 1.350 millones de euros que habían adelantado para que el Estado indemnizara a los promotores del Castor de acuerdo con el polémico contrato firmado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Los bancos encontraron apoyo en sus demandas al margen de los tribunales. Hace un año, el Consejo de Estado aprobó por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que instó al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de las entidades. El órgano consultivo instaba al Gobierno para actuar con rapidez para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución, sostenían los dictámenes, obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostiene, "otros eventuales efectos indeseables".

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