El polémico y ruidoso cierre de su factoría en León, con sus 370 trabajadores, tras apenas una década de actividad y, eso sí, después de haberse embolsado alrededor de 14 millones de euros en ayudas públicas, no va a impedir que el fabricante danés de aerogeneradores Vestas continúe haciendo caja a costa del erario público.
El Ministerio de Hacienda acaba de dar trámite a una nueva subvención pública de 1.770.736,42 euros a la multinacional escandinava a cuenta de la puesta en marcha en su día de la factoría en la localidad lucense de Viveiro. Se trata en realidad de una especie de subvención en diferido. La ayuda se le concedió en diciembre del año 2009 dentro del programa de incentivos regionales - las ayudas financieras a fondo perdido que concede el Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial en determinadas comarcas para paliar desequilibrios territoriales - pero por su singular naturaleza no procede su abono efectivo hasta que la Administración no acredita la realización de las obras comprometidas y el cumplimiento de los requisitos fijados por ley.
En este caso concreto, el asunto se dilató más de la cuenta por la concurrencia de una serie de circunstancias, según explican fuentes del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), encargado de la gestión y el seguimiento de este tipo de ayudas en la Comunidad Autónoma de Galicia. De hecho, la notificación a la empresa para la acreditación de estos requisitos se realizó en enero de 2012. El expediente, sin embargo, no se ha podido resolver hasta ahora.
¿Las causas? La más relevante ha sido la presunta irregularidad de la licencia concedida a Vestas en 2009 por el Ayuntamiento de Viveiro para ampliar la fábrica y permitir así la permanencia de la empresa en la localidad y la preservación de los empleos. Ésta se otorgó pese a la existencia de informes técnicos que lo desaconsejaban y el asunto ha acabado judicializado y con la entonces alcaldesa de la localidad, dos concejales de gobierno y dos exediles sentados en el banquillo.
Pero también han concurrido otras circunstancias que han retrasado el proceso. Por ejemplo la detección de inconsistencias en el procedimiento de acreditación de los requisitos exigidos para recibir las ayudas. Éstos son básicamente la realización y pago efectivo de la inversión realizada, la acreditación de los fondos propios suficientes para la viabilidad del proyecto después de finalizada la inversión subvencionada - para evitar actuaciones que tengan como único objetivo llevarse la subvención - y finalmente el cumplimiento de los niveles de creación y mantenimiento de empleo comprometidos en el momento de la solicitud de la ayuda.
El Igape - encargado de esta tarea - detectó el incumplimiento parcial de los requisitos de creación de empleo e inversión efectiva y lo comunicó al Ministerio de Hacienda para que adoptara las medidas procedentes, dado que el Ministerio es el principal responsable de la concesión de las ayudas y de la retirada de la subvención en caso de incumplimiento.
Analizado el caso de Vestas en Viveiro, Hacienda ha concluido que procede abonar la subvención prevista, pero ajustando su cuantía a los incumplimiento detectados. Finalmente, Vestas recibirá esos 1.770.736,42 euros y no los 2.373.887,55 inicialmente previstos, lo que supone un tijeretazo del 25% a la subvención inicial adjudicada al fabricante danés de aerogeneradores.
¿Qué ocurrirá con las plantas de Vestas en Lugo y Ciudad Real?
La cuantía de esta subvención palidece frente a los cerca de 14 millones de euros que recibió la multinacional para convertirse en la primera empresa en localizarse en el entonces recién finalizado polígono de Villadangos del Páramo en León, pero alienta el debate sobre las condiciones en que se conceden subvenciones públicas a compañías extranjeras con proyectos poco definidos para España.
En las últimas semanas, al calor de la indignación por la salida unilateral decidida por la compañía justo después de vencer el plazo para reclamar las ayudas, incluso se han registrado iniciativas políticas para obligar a Vestas a devolver las millonarias ayudas percibidas. Aunque también se han escuchado comentarios en otro sentido, como el del ex ministro de Industria, Carlos Solchaga, que advirtió de la inestabilidad de localizar empresas a golpe de ayuda pública. "Parecía lógico pensar que cuando se agotaran esas ayudas, la empresa se iría".
La situación de la planta de León se ha medio resuelto con el anuncio de su adquisición por parte de la española Network Steel y su compromiso de intentar recolocar a los ex trabajadores de Vestas, pero queda en el aire que ocurrirá con las plantas de la compañía en Viveiro y Ciudad Real. En principio, el fabricante se ha comprometido a mantener e incluso incrementar la actividad en las mismas, pero la sensación de inquietud sigue flotando en el ambiente.
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