Hacienda crea un fondo de más de 1.000 millones para reflotar empresas públicas

  • El holding público ya ha consumido una cuarta parte de ese colchón de seguridad en lo que va de año con inyecciones en Navantia y Cofivacasa.
Fotografía grúas Navantia / EFE
Fotografía grúas Navantia / EFE

El Grupo Sepi, la sociedad de cartera del Estado que coordina la gestión del tejido empresarial público y de las participaciones del Reino de España en diferentes empresas como Indra o Airbus, cerró el ejercicio de 2018 con unos números rojos de 228 millones de euros, un saldo muy similar al del ejercicio precedente pero con el agravante de acumular el quinto año consecutivo en números rojos. El saldo, no obstante, es engañoso. Mientras que la participación del Estado en el capital de Airbus, Indra, Red Eléctrica y otro puñado de compañías proporcionó unos beneficios de 300 millones de euros, el resultado agregado de las empresas gestionadas de forma directa por el Estado arrojó unas pérdidas de 528 millones de euros, que se concentraron además en tres de las sociedades públicas más emblemáticas del país: los astilleros de Navantia (336 millones de pérdidas), Correos (167 millones de euros) y la compañía minera Hunosa (152 millones de euros).

La factura para el Estado -financiador único de los desfases contables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- del mantenimiento de su red de empresas es descomunal y se ilustra de forma muy gráfica con un dato. Según las recién publicadas cuentas consolidadas de 2018, el Grupo Sepi acumula unos derechos fiscales por las pérdidas acumuladas durante los últimos 20 años de más de 15.000 millones de euros. El tremendo esfuerzo realizado hasta la fecha por el Estado para estabilizar la situación patrimonial de muchas de sus empresas públicas no tiene visos de haber acabado aquí pese a la recuperación económica.

La información que el Grupo Sepi acaba de hacer pública revela que el hólding estatal decidió dotar a finales de 2018 una red de seguridad de 1.166 millones de euros para hacer frente a las necesidades financieras inmediatas de un puñado de sociedades estatales ante la certeza de que necesitarían de apoyo externo para 'salvar' su delicada situación patrimonial. La estimación de Sepi es que esa provisión sería necesaria para cubrir desfases y necesidades varias en Navantia (986 millones de euros), Izar Construcciones Navales (138 millones de euros), Cofivacasa (35 millones de euros) y Alestis Aerospace (6,5 millones de euros).

La casuística de cada una de esas sociedades es totalmente diversa. En el caso de Navantia, la Sepi se ve obligada año tras año a dar una sesión de financiación asistida a la compañía para evitar que caiga en causa de disolución; lzar, desmantelada en 2005 para dar paso a Navantia, arrastra la factura de los derechos reconocidos a los trabajadores que se jubilaron en su proceso de liquidación; Cofivacasa, la sociedad de cartera dependiente del Estado, también arrastra una mochila de derechos de diversa naturaleza a los que debe hacer frente entre los que destaca la liquidación de Rumasa; y en el de Alestis, los recursos se provisionaron para hacer posible la operación de salvamento de la empresa proveedora de componentes del Grupo Airbus.

Cerca de 300 millones empleados desde inicios de año

Las necesidades a las que el Grupo Sepi decidió dar cobertura eran tan inmediatas que en lo que va de año ya se ha liquidado una cuarta parte de esas provisiones. El pasado 1 de marzo el Consejo de Administración del hólding estatal decidió dar un préstamo participativo de 215 millones de euros a Navantia para cubrir el desequilibrio patrimonial de 26 millones de euros que se puso de manifiesto al cierre del ejercicio de 2018. Con esta nueva inyección de recursos, el Estado ha empleado ya más de 800 millones de euros desde el año 2015 en estabilizar la situación patrimonial de los astilleros públicos.

Una operación similar se ha realizado en Cofivacasa, que cerró 2018 con unas pérdida de 50,48 millones de euros y un patrimonio negativo de 34,97 millones, que obligó al Grupo Sepi a autorizar el pasado mes de marzo una aportación puntual de 37,98 millones de euros "para reestructuras su equilibrio patrimonial", según se explica en las cuentas consolidadas del grupo correspondiente a 2018.

La tercera aplicación de esos fondos que se ha realizado tiene que ver con la provisión de Alestis Aerospace, que se ha liberado de manera íntegra para consolidar la participación del 24,05% que Grupo Sepi tenía en la empresa proveedora de Airbus mediante la suscripción de la ampliación de capital derivada de la adquisición de la parte mayoritaria de la compañía por la burgalesa Aciturri. No obstante, no es el único desembolso al que Sepi ha tenido que hacer frente para engrasar la operación de rescate de la empresa sevillana. 

El Grupo admite en sus cuentas que ha tenido que realizar una aportación extraordinaria de 12,48 millones de euros, en concepto de pago del crédito concursal reclamado por la Agencia Tributaria y también de aportación directa de capital para sustanciar la operación. 

Según la Intervención General del Estado, el organismo encargado de supervisar las cuentas públicas, la Administración General del Estado emplea cada año 2.000 millones de euros de sus recursos en mantener la red de empresas del Estado.

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