El sistema eléctrico no puede tener agujeros. Lo dice la Ley Eléctrica de 2013. Ingresos igual a gastos. La norma trató de cortar de raíz la tentación de jugar con los precios de la electricidad a costa de embalsar deuda -hasta 27.000 millones de euros- como sucedió entre 2000 y 2013. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad. En 2018, la Orden Ministerial de peajes ya preveía un agujero a cubrir de 350 millones. La orden fue prorrogada y el ejercicio 2019, pendiente de cierre, puede acabar también en números rojos. En ese contexto, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), el notario que cuadra las sistema eléctrico, ha recibido en abril un ingreso inesperado de Hacienda de 317 millones.
La inyección, con fecha 17 abril, ha llevado a que la Sala de Regulación realice una liquidación adicional del sistema. Un alivio para las cuentas, que mejoran el índice de cobertura de ingresos y gastos del 89% al 91%; y también para las empresas que dependen de las liquidaciones para ingresar dinero fresco y evitar problemas de liquidez. Las compañías sin un pulmón financiero potente, algo común en el sector renovable, se enfrentan a un momento delicado porque venían recibiendo menos dinero del que les correspondía . La situación es peor incluso para las empresas extrapeninsulares (las que operan en las islas, Ceuta y Melilla), según explican fuentes de las asociaciones de energías limpias.
Todo porque los ingresos de 2019 no fueron los previstos. El ejercicio pasado registró durante tres meses el impacto de la suspensión del impuesto del 7% a la generación, descensos en la recaudación por peajes debido a la menor demanda y también menos dinero por los impuestos al CO2. Hasta hace unas semanas había en torno a 1.000 millones de impuestos pendientes de ingreso.
Miedo a la tormenta perfecta
Con la inyección de abril, Hacienda alivia la situación,aunque no desaparece el temor a una tormenta perfecta en un momento de gran incertidumbre. La tormenta se debe al descenso de la demanda eléctrica industrial a causa del parón económico-que no compensa el mayor consumo doméstico- a los bajos precios de la energía y a los aplazamientos de pago de facturas que pueden convertirse en impagos definitivos.
Con el cierre de cuentas de 2019 pendiente, el ejercicio actual también comenzó con las cuentas eléctricas en el aire. El Ministerio de Transición Ecológica y la CNMC, deberían haber aprobado las órdenes y decretos que aseguran los ingresos del sistema eléctrico a través de los peajes y los cargos. Pero no lo han hecho por completo. Como consecuencia, el Gobierno decidió prorrogar los peajes de electricidad y del gas de 2019.
La posibilidad de que el déficit se descontrole despierta una preocupación lógica porque el sistema todavía arrastra el peso de la deuda. El Ministerio de Transición Ecológica siempre ha asegurado que el desajuste es coyuntural y se verá solucionado en el año 2020 con el cambio en la metodología establecido para calcular recaudación y gastos. Pero todo está aún pendiente.
Un agujero para años
En 2012, el déficit de tarifa llegó a superar los 27.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabara con la situación. En la actualidad el déficit de tarifa ronda los 16.000 millones. El pantano no estará seco, en el mejor de los casos, hasta dentro de diez años.
Los datos son inquietantes pese a que en los últimos meses ha habido menos información y detalle. La razón es que el organismo que preside José María Marín Quemada acompañaba cada liquidación con un informe detallado de la evolución que se dejó de redactar. De las liquidaciones realizadas, sólo las primeras fueron acompañadas de su correspondiente informe. Según las fuentes consultadas, el recorte en la información se debió a la escasez de personal.
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