Hacienda rastrea a 146 multinacionales para controlar la evasión de impuestos

La Agencia Tributaria está intentado descubrir posibles disfunciones en las declaraciones de impuestos de grandes multinacionales instaladas en España. Para acabar con prácticas de presunto fraude fiscal, los inspectores tienen a su disposición el famoso modelo 231, un mecanismo puesto en marcha por el departamento que entonces dirigía Cristóbal Montoro y que entró en vigor el 1 de enero de este año. El objetivo es conocer si estas grandes empresas foráneas con presencia en España declaran de forma adecuada y no tratan de evadir impuestos.

Hacienda lleva recibiendo desde hace once meses información de administraciones tributarias de 48 países. Por eso, gracias a estos intercambios, la Agencia Tributaria puede tener conocimiento de cuál es el volumen de negocio que tiene una multinacional en nuestro país en base a lo que declara en su país de origen. Cruzando esos datos los inspectores pueden conocer cuál es su actividad real en suelo español y, por tanto, lo que deberían declarar. Montoro puso en marcha esta operativa para acabar con las disfunciones en las operaciones vinculadas entre filiales y matriz, un momento en el que se podría aplicar una agresiva reducción de la factura fiscal.

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Según datos del departamento que dirige María Jesús Montero, la Agencia Tributaria está analizando actualmente la información que 146 multinacionales han aportado a través del modelo 231. De este casi centenar y medio de informes abiertos, la gran mayoría de ellos han sido aceptados (130). 107 de ellos corresponden a matrices y 23, a firmas subrogadas o constitutivas. Además, 14 de ellos han sido parcialmente aceptados (12 corresponden a matrices y 2 a subrogadas o constitutivas). Por último, dos modelos han sido rechazados.

Esta información, que se da a conocer por primera vez, ha sido suministrada por el Ministerio de Hacienda en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Patricia Blanquer. El departamento tributario reconoce que “es esta fase aún se están tramitando requerimientos a contribuyentes que por la falta de presentación del modelo o por la existencia de incoherencias en el mismo”. Aclara, asimismo, que estos 146 expedientes tramitados y sus resoluciones tienen carácter de “provisional”.

El modelo 231 se puso en marcha como consecuencia de las recomendaciones que impulsó la OCDE para evitar la disonancia en las bases fiscales del Impuesto de Sociedades, tal y como adelantó La Información. El objetivo era tratar de acabar con la ‘ingeniería fiscal’ que realizan determinadas multinacionales para pagar menos impuestos aprovechando lagunas en la transmisión de información entre diferentes administraciones tributarias.

Este intercambio de información fiscal para poner fin al fraude a través del Impuesto de Sociedades es bidireccional. Es decir, administraciones extranjeras que han suscrito este acuerdo también reportan información sobre la actividad de las multinacionales en esos países.

El modelo 231 de la Agencia Tributaria constituye una auténtica ‘mina’ de información fiscal. Entre los datos que están obligados a ofrecer las multinacionales figuran los ingresos brutos del grupo, separando entre los obtenido por la matriz y las firmas vinculadas, el resultado antes del Impuesto de Sociedades (tanto lo abonado al fisco como lo devengado en base a los acuerdos de doble imposición) y las retenciones, la plantilla media de la firma durante el ejercicio fiscal y el listado de entidades localizadas en nuestro país, especificando las actividades desarrolladas por cada una de ellas.

España es uno de los países que aplica con mayor rigurosidad este intercambio de información fiscal. Según la información que difunde la OCDE, nuestro país es uno de los más activos en el desarrollo de las recomendaciones BEPS, solo por detrás de Francia, Italia o Alemania. Todos los países comunitarios están obligados a intercambiar estos datos fiscales entre sí. Fuera de la UE, naciones como Australia, Brasil, Chile, Canadá, Japón o México están incluidas en el acuerdo. Asimismo, Jersey, la Isla de Man o Guernsey también figuran en el ámbito de actuación.