Hacienda vuelve a la carga con Telefónica. Después de perder el litigio con la operadora en la Audiencia Nacional por una histórica sanción de 700 millones de euros, la Agencia Tributaria acaba de exigirle un nuevo pago de 387 millones más tras una inspección a varias compañías del grupo. Una de las partes del acta ha sido firmada en conformidad, mientras que otra lo ha hecho sin acuerdo. No se han producido salidas significativas de dinero en efectivo de la caja de la operadora debido a que se ha procedido a compensar con créditos fiscales que se había acumulado en ejercicios previos.
En julio del año 2019, los inspectores iniciaron una investigación a varias compañías del grupo fiscal de Telefónica. Se centraron en el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2017 y el Impuesto Sobre Valor Añadido (IVA), retenciones e ingresos sobre rendimientos del trabajo temporal y sobre rendimiento de no residentes entre 2015 y 2018. Las pesquisas se alargaron durante más de dos años, pues las actas de liquidación se firmaron el pasado mes de octubre, según queda reflejado en el informe anual recién presentado por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica firmó en conformidad las actas relacionadas por la consideración fiscal de las diferencias de cambio generadas por activos denominados en bolívares venezolanos (especialmente castigados por la devaluación respecto al euro). En cambio, estamparon la firma en desacuerdo con la que tenía que ver con la renta exenta de los juros sobre el capital propio (similar a un dividendo) en el mercado latinoamericano. Este último es el mismo concepto al que se refería el pleito de los 700 millones de euros que perdió la propia Agencia Tributaria hace más de un año.
Entre ambos conceptos se suman 387 millones de euros entre impuestos no abonados y la sanción correspondiente. Pese a que no llega a la récord confirmada en 2021, se trata de una de las cantidades más destacadas de los últimos años. Según precisa la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, no se ha producido una "salida de caja significativa" para hacer frente a estos desembolsos durante el ejercicio fiscal del grupo. ¿La razón? Se han utilizado créditos fiscales -derechos generados por las pérdidas en que incurre la empresa y que permiten reducir la factura fiscal cuando hay beneficios- acumulados durante los últimos años. Éstos han compensado "mayoritariamente" este impacto.
En concreto, de acuerdo a sus propios números, este procedimiento ha generado una contraprestación para hacer frente a los desembolsos (créditos fiscales) de 199 millones de euros de bases imponibles negativas (pérdidas fiscales) y 193 millones de euros de deducciones. Los recortes se han compensado con las altas de créditos fiscales nuevos por valor de 348 millones de euros que proceden de las provisiones dotadas en el ejercicio por los distintos planes de restructuración de la plantilla (conocido como PSI) "y otras obligaciones con empleados de las sociedades del grupo".
Las actas vinculadas a los juros sobre el capital propio implicarán la apertura de un pleito. No queda desglosado en la información pública cuánto de los 387 millones corresponden a los impuestos vinculados a esos pagos desde filiales latinoamericanas a la matriz. Después de que el pasado mes de enero se recibiera la notificación formal, la teleco asegura que impugnará en vía económico-administrativa. Es decir, el siguiente paso es el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). En caso de que este diera la razón a la Agencia Tributaria, se iniciaría potencialmente un proceso judicial a través de los tribunales con una primera 'parada' en la Audiencia Nacional y, posteriormente, en el Tribunal Supremo.
700 millones como antecedente
El antecedente invita al optimismo en Telefónica. Fue en 2015 cuando la Agencia Tributaria asestó un duro golpe que desembocó en ese pago de un total de 702 millones de euros. Después de un primer recorrido económico-administrativo, la Audiencia Nacional falló a favor de Telefónica el pasado mes de octubre de 2021, por lo que Hacienda tuvo que devolver esta cantidad en la que resultó ser la mayor derrota sufrida de la historia reciente. Además tuvo que rascarse aún más el bolsillo, al abonar 200 millones extra en concepto de intereses de demora acumulados durante los años de litigio.
Telefónica informa a sus inversores que el Estado ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, sin que se haya aún resuelto sobre si lo admite. Basándose en la reciente jurisprudencia del Alto Tribunal, considera confirmado el criterio que permite la utilización de créditos fiscales por las bases imponibles negativas generadas en los ejercicios 2002 y 2004 en una futura liquidación. "No se estima que exista una necesidad de registrar pasivos adicionales", apuntan.
El origen de este caso se remonta al año 2004, cuando Telefónica inició una batalla judicial con la AEAT por la imposibilidad de desgravarse en el Impuesto de Sociedades como créditos fiscales las minusvalías derivadas de la venta de Terra Lycos. La Audiencia Nacional resolvió y le dio la razón a la multinacional. Esto llevó a un cambio de estrategia de la operadora, que intentó aplicarse esos créditos en los ejercicios de entre 2007 y 2011. Esto fue rechazado por el organismo, al entender que no podía enmendar 'in extremis' una declaración tributaria presentada en el pasado. El resultado es la victoria de Telefónica. Ahora arranca una nueva pelea.
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