El Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a dar un toque a la cúpula de Ineco para que la empresa de ingeniería dependiente del Estado restrinja en la medida de lo posible su perímetro de actividad al ámbito de la Administración del Estado y reduzca sus servicios a empresas privadas, según han asegurado a La Información fuentes del sector público empresarial. La intervención del departamento que dirige María Jesús Montero se produce después de que el Tribunal de Cuentas haya puesto de manifiesto las dificultades de la empresa pública para cumplir con el parámetro legal que obliga a Ineco, por su consideración de 'medio propio' del Estado, a que el 80% de su negocio se vincule a las encomiendas de las entidades a las que sirve, según se regula en la directiva europea sobre contratación pública.
Según las fuentes consultas, la intención de Hacienda es evitar que esta situación derive en un conflicto con Europa, desde dónde se vigila con especial cuidado el cumplimiento de este requisito. El informe publicado por el Tribunal de Cuentas en el año 2015 sobre la actividad de Ineco como medio propio reveló un desplome de la facturación vinculada a las entidades de las que depende -principalmente, Enaire, ADIF y Renfe- entre el año 2012 y 2014 en los que el volumen de facturación vinculado a estas entidades cayó desde el 88% al 71%.
La caída de los proyectos de inversión pública en los años posteriores a la crisis obligaron a Ineco a buscar nuevos clientes para sostener sus niveles de facturación e hicieron transitar a la empresa estatal por debajo del umbral que establece la directiva europea. El pasado mes de junio el Tribunal de Cuentas publicó un nuevo informe en el que valoraba el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en 2015, que en el caso de Ineco incluía un mayor rigor en la evaluación y cumplimiento de ese indicador. El Tribunal de Cuentas lo dio por cumplido bajo el argumento de que Ineco había introducido al menos una contabilidad analítica para determinar qué parte de su negocio estaba asociado a las entidades a las que da servicio y qué parte no, si bien el volumen de facturación vinculada a la Administración del Estado se situaba en el 78%, aún por debajo del umbral que se considera como referencia.
Críticas de las grandes empresas de ingeniería
Las fuentes consultadas señalan que Hacienda no ha hecho un requerimiento formal a Ineco sobre el particular sino que se ha limitado a trasladar la importancia de que la empresa cumpla con ese umbral del 80%. El Ministerio es consciente de que desde el sector privado el asunto se está mirando con lupa. Las empresas de ingeniería, desde su patronal Tecniberia -de la que también forma parte Ineco- llevan años quejándose de las "ventajas competitivas" de la empresa estatal, al igual que ha ocurrido con Tragsa en el sector de los servicios.
Entienden que existe un abuso de las encomiendas de gestión a medios propios en contratos que se podrían someter a la libre competencia y probablemente a precios más reducidos. Y en el caso del sector de la ingeniería en concreto acusan también al Estado de priorizar la 'opción Ineco' en los contratos de consultoría o servicios de ingeniería que se negocian con administraciones o empresas de otros países por la vía de la 'diplomacia económica'.
Hace apenas unas semanas, en una información publicada por El Mercantil, Fernando Argüello, el director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex) -un lobby que agrupa a las principales empresas españoles de consultoría de ingeniería civil- volvió a recordar que la ley solo permite a Ineco contratar el 20% de su actividad en el mercado libre y que la ingeniería pública "debe existir para lo que fue creada, es decir, para casos extremadamente urgentes o que comprometan la seguridad nacional y requieran confidencialidad". El vicepresidente de Tecniberia, Pablo Bueno, denunciaba también que mientras las encomiendas a Ineco se realizan con un 0% de baja las concesiones de contratos a ingenieras privadas plantean bajas de hasta el 50%.
El informe de 2015 del Tribunal de Cuentas justificaba la petición a Ineco de una contabilidad analítica que separara de forma clara la facturación vinculada a las entidades asociadas del resto en la necesidad de "garantizar que se respete el principio de libre concurrencia
cuando Ineco no actúe como medio propio", es referencia a los contratos que se puedan suscribir con otras administraciones públicas distintas de la estatal, y controlar "que con los beneficios obtenidos en actividades excluidas de la competencia no se financien otras actividades realizadas en el mercado".
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