El exministro de Justicia Rafael Catalá ha pactado su vuelta al sector privado cuando no ha pasado ni medio año desde que dejó su puesto. Paradójicamente, sólo unos meses antes de esa salida, el despacho de abogados para el que trabajará como asesor, Herbert Smith Freehills, selló la renovación de uno de sus contratos clave con el Estado: su asesoría en los pleitos que el Gobierno mantiene con inversores internacionales por los recortes al sector de las renovables.
En efecto, en enero de este año, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, encabezado por Álvaro Nadal, adjudicó a Herbert Smith el asesoramiento legal externo, vía colaboración y apoyo a la Abogacía General del Estado en el procedimiento arbitral promovido por el grupo de inversores PV Investors contra el Estado por la regulación del sector fotovoltaico.
Un contrato complementario al inicial, sellado a finales de 2011, que tendrá una duración de 27 meses y que fija cada hora de trabajo de Herbert Smith en 300 euros, sin incluir el IVA. Así, esta adjudicación para el despacho al que asesorará Catalá, negociada por vía urgente y sin publicidad, está valorada en 1,18 millones de euros, según se detalla en el documento de resolución publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El primer contrato se suscribió en octubre de 2011. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ocupado en aquel entonces por Miguel Sebastián, adjudicaba el contrato por 2,8 millones de euros, con IVA incluido, a Herbert. La duración: cuatro años. No estaba prevista prórroga, pero, previsiblemente, sí la hubo, hasta que se retomó el contrato de nuevo a principios de este año.
En aquel momento el propio Sebastián fue señalado, debido a que en Herbert Smith trabajaba (y aún lo hace) el que fuera abogado del Estado de Industria, Eduardo Soler Tappa. Fue el jefe jurídico de la secretaría de Estado de Energía de Industria en el periodo entre 2006 y 2009. Bajo su supervisión se dio luz verde a dos reales decretos claves para el ‘boom’ solar en España.
Las claves del pleito
El contrato en cuestión con Herbert Smith, para respaldar a la Abogacía del Estado en los pleitos por los cambios de regulación del sector fotovoltaico, tiene como eje el choque con PV Investors. Un arbitraje ante el Uncitral, que depende de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y que aglutina a inversores de seis países (Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido) que han exigido a España 1.900 millones de euros. El motivo: reclamar los daños por el recorte a las renovables, las primas por la producción de esta energía ‘verde’.
Un proceso en el que España, con la ayuda de Herbert Smith, ya se ha apuntado alguna victoria en su haber, pese a que aún hay frentes abiertos. En enero de 2016, la Cámara de Comercio de Estocolmo dio la razón al Reino de España en la disputa que mantenía con los fondos Charanne B.V. y Construction Investments S.A.R.L. La Cámara sueca desestimó la reclamación y condenó a los demandantes a hacerse cargo de los gastos administrativos y de casi 1,2 millones de euros en concepto de costas.
En enero, el Gobierno de Rajoy dio continuidad al contrato de Herbert Smith cuando la posibilidad de una moción de censura no era ni remota. Ahora, a finales de año, Rafael Catalá sella su fichaje por el despacho donde actuará como miembro de su comité asesor y de su fundación. No tendrá relación directa con los clientes, ni exclusividad con la firma, por lo que podrá mantener, como es su intención, su escaño como diputado del Grupo Popular en el Congreso.
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