Tras años de un 'tira y afloja'

Housers invoca a Competencia ante el asedio discriminatorio de la CNMV

La plataforma elabora un informe en el que advierte de una situación de desigualdad frente a sus rivales por el celo demostrado con sus prácticas y la 'tibieza' respecto a las del resto de rivales.

Housers
Housers lleva años de un 'tira y afloja' con la CNMV.#
L.I.

Housers mueve ficha. La plataforma española de crowdfunding inmobiliario ha decidido tomar medidas más contundentes ante lo que para ellos es una discriminación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su labor de vigilancia en este novedoso sector de financiación alternativa. La compañía ha invocado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como salida después de años de requerimientos y duras exigencias regulatorias con su actividad y lo que entienden como tibieza con la del resto de rivales y plataformas que operan en el país.

En los últimos años Housers ha recibido numerosos requerimientos y peticiones sobre su operativa y su estructura de negocio en España por parte de la CNMV, además de una sanción triple en el año 2019 por un importe total de 215.000 euros. Desde su nacimiento, en 2015, el marcaje del regulador ha sido especialmente estrecho. Ya en la concepción de modelo hubo mucho debate dentro del organismo presidido entonces por Sebastián Albella respecto a la ordenación del sector de las plataformas de financiación participativa, especialmente en el segmento inmobiliario, en el que la compañía española era una de las pioneras. Ese debate desembocó en la autorización dos años después, en 2017.

Con el tiempo han surgido más rivales en el sector. Sin embargo, desde Housers entienden que ese celo regulatorio no se ha trasladado y por tanto no ha sido el mismo con respecto a aquellos. Es por eso que ha elaborado y presentado un informe con el que trata de demostrar esa discriminación en el trato respecto al resto de plataformas y con el que invoca a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Qué tiene que ver el organismo que vela por la competencia, presidido por Cani Fernández? La empresa cree que se podría estar causando un daño competitivo con esa diferencia de criterio y de intensidad en la vigilancia.

Después de Housers, el mercado ha sido copado por una serie de plataformas que operan de la misma manera: actúan como un intermediario entre la oferta (una pyme que busca financiación para un proyecto empresarial) y la demanda (los inversores particulares que ponen sobre la mesa su dinero), ya sea en el segmento inmobiliario o en otros. Así han nacido y han sido autorizadas y registradas por la propia CNMV otras como Urbanitae (2019), Growly (2016), Civislend (2017) o Fundeen (2019). Desde Housers entienden que las exigencias recibidas por el regulador no han sido trasladadas al resto.

En este sentido, insisten en que existen plataformas en España que no cumplen con varias esas exigencias que, en algunos casos, han dado lugar a requerimientos de la CNMV hacia su plataforma e, incluso, han acabado en sanción por infracciones contempladas en la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Apuntan en ese informe a incumplimientos como la superación del máximo legal de operaciones vinculadas de la propia empresa (ni la plataforma, ni socios, ni personas vinculadas pueden superar el 10% de la financiación de cada proyecto); la publicación de calculadoras de rentabilidad a futuro sin explicar cómo se hacen los cálculos; la concentración excesiva en manos de un mismo promotor, o la utilización del logotipo de la CNMV en su web (algo, en teoría, prohibido por el propio organismo presidido por Rodrigo Buenaventura).

En el pasado, algunos de esos requerimientos a Housers emitidos por la CNMV fueron desoídos. Eso dio lugar a una sanción triple que fue anunciada públicamente a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el año 2019, pero que fue abonada con anterioridad a esa fecha. La compañía ha defendido en varias ocasiones que la responsabilidad de ese asunto la tiene Tono Brusola, cofundador de la compañía que fue ‘expulsado’ hace un par de años del consejo de administración y que, tras un primer arbitraje, ha alcanzado recientemente un acuerdo extrajudicial para su desvinculación definitiva, la entrega de las acciones de la empresa -que sumaban casi el 20% del total- y el cierre de todos los frentes judiciales abiertos relacionados con su gestión.

En la misma concepción de la ley y de la regulación de esta actividad, Housers asumió, por las circunstancias de mercado, un papel protagonista. Después de dos años de ‘tira y afloja’, la CNMV dio luz verde a la autorización como intermediario para proyectos inmobiliarios. Entre los asuntos críticos en aquel entonces se encontraba el papel de la plataforma en su actividad, que debía estar marcado por la neutralidad sin que participara de ninguna de las maneras en el accionariado de las empresas constituidas para cada uno de los proyectos. Acabó introduciendo modificaciones y entre las últimas más destacadas están las relacionadas con el administrador único de las sociedades con las que gestionaban los proyectos. Éste no podía ser nombrado por la plataforma, por lo que incorporaron a uno nuevo sin vinculación con la empresa.

El impacto de la Covid

La pandemia global del coronavirus ha impactado de lleno en la actividad inmobiliaria y, también, en la de la plataforma de crowdfunding española, que asegura contar con más de 128.000 inversores registrados y una inversión acumulada de 123 millones -hoy tiene 4 proyectos activos-. Se han producido retrasos causados por la propia crisis de la Covid-19, ante los que ha habido quejas de inversiones en los últimos meses.

La compañía busca recuperarse tras el golpe. El año 2020 se cerró con unas pérdidas operativas (Ebitda) de en torno a un millón de euros y unos ingresos que se han recortado hasta la mitad. El ejercicio previo a la pandemia global lo cerró con un volumen de negocio de algo más de 3,4 millones y unas pérdidas de unos 10.000 euros. El objetivo inicial era cerrar una ronda de financiación a lo largo de este 2021, tras la resolución del conflicto con Brusola, de unos 4 millones de euros.

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