La batalla accionarial de Housers, que estalló hace casi dos años, llega a uno de sus puntos álgidos: el arbitraje iniciado por el socio díscolo de la empresa ha concluido a favor de la compañía. Con esta victoria en el laudo iniciado por el propio cofundador, la plataforma de crowdfunding podrá exigirle la venta forzosa de su 20% de las acciones, que aún controlaba, y una penalización de hasta 600.000 euros por haber incumplido el pacto de socios. Esta resolución, sobre la que existe una probabilidad muy baja de recurso, se produce bajo la atenta mirada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahora, la sociedad tratará de reforzar el capital con una ronda tras años de bloqueo por este conflicto y tras cerrar el año 2020 con unas pérdidas operativas de en torno a un millón de euros.
Esta pelea estalla en el año 2018, con la salida de Tono Brusola, uno de los dos cofundadores de la compañía, entre serias discrepancias con la empresa y después de detectarse una serie de facturas impagadas, vinculadas principalmente a marketing y promoción de la plataforma. Su salida irrevocable fue, a ojos del resto de accionistas, un incumplimiento del pacto de socios, al que se sumaron otros como el control y "posesión ilegal" de los dominios de la web o la puesta en marcha de proyectos que eran competencia directa de Housers. Se suspendieron todos sus derechos políticos y económicos, al calificarlo como 'incumplidor'. Pero Brusola decidió recurrir a un laudo arbitral en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje para tratar de restituir sus derechos.
Ahora, año y medio después llega la resolución de ese laudo, que fue notificada formalmente a las partes el pasado viernes. Según explican desde la empresa a La Información, el pronunciamiento respalda las medidas tomadas contra Tono Brusola. Esto abre la puerta a que haya una recompra de las acciones al propio Brusola por parte de los accionistas actuales -con un descuento del 40% respecto a la última valoración- y la exigencia del pago de dos penalizaciones de 300.000 euros cada una. El objetivo es que el cofundador "salga con las mayores garantías para Housers", según asegura el actual consejero delegado, Juan Antonio Balcázar. Por tanto, lo lógico es que se produzca una recompra y una salida de facto del accionariado.
El laudo es ejecutable, pero también tiene ciertas condiciones para ser impugnado en los tribunales. Aunque éstas son bastante limitadas, pues hay que tener en cuenta que las partes se someten voluntariamente a ese arbitraje. Eso hace que, en la práctica, sea casi imposible que se admita. Mientras tanto, se mantiene el resto de demandas contra Brusola. Una de ellas era por apropiación indebida, que está a punto de llegar a juicio -ha concluido la fase de instrucción-. Otra que ya está finiquitada es la que se presentó para exigir daños y perjuicios, entre otros aspectos por la sanción interpuesta por la CNMV, al entender que algunos de los asuntos castigados están relacionados con su gestión. El cofundador fue condenado a pagar 11.000 euros, según explican desde Housers. Una de las partes de esta multa no fue pagada -el resto sí- al no estar de acuerdo con ella. Se está a la espera de notificación formal para, potencialmente, ser recurrida.
El conflicto desatado en el accionariado implicó la paralización de cualquier ronda de financiación ante la inseguridad jurídica y los problemas para cualquier inversor externo. En su momento se llegó a plantear una de hasta 5 millones de euros a finales del año 2018. Finalmente, este mes de enero, según apunta Balcázar, se ha aprobado en la junta general de accionistas una de 700.000 euros previa al resultado del laudo que se cubrirá, principalmente, con los socios actuales, entre los que se encuentran fondos de capital riesgo como Civeta e inversores vinculados al sector fintech -Bankinter salió del accionariado, cuyos títulos fueron a parar a la autocartera-. Este dinero será para restituir la situación patrimonial de la compañía, tras las pérdidas del último año, y para afrontar algunos compromisos financieros. El objetivo, tras el cierre definitivo del conflicto en el accionariado, es tratar de levantar hasta 3,5 millones.
La pandemia global del coronavirus ha impactado de lleno en la actividad inmobiliaria y, también, en la de la plataforma de crowdfunding española, que asegura contar con más de 100.000 inversores registrados. A los retrasos relacionados con los problemas accionariales -Brusola era el administrador de siete filiales que gestionaban proyectos inmobiliarios para cuya ejecución se captó financiación a través de la plataforma- hay que sumar otros causados por la propia crisis de la Covid-19. "Se han producido retrasos en varios proyectos ya comunicados a los inversores; pero no vemos riesgo de impago... es un problema de retrasos en obras o preventas que se tienen que concluir", justifica Balcázar. En los últimos meses se han repetido quejas de inversores por estas dilaciones en la conclusión de proyectos y el reparto de los beneficios y ha habido un intento de organizarse a través de una plataforma de afectados, que ya han presentado varias demandas judiciales.
Negocio a la baja
Ese impacto de la crisis se va a ver reflejado en unas cuentas que aún no han sido cerradas de manera definitiva ni aprobadas definitivamente por el consejo y la junta pero que arrojarán, según adelanta Balcázar, unas pérdidas operativas (Ebitda) de en torno a un millón de euros y unos ingresos que se han recortado a la mitad. Con las rondas de financiación que tienen en su plan pretenden completar el giro hacia un modelo de préstamo con garantía hipotecaria para atraer a inversores institucionales.
Todo esto se produce bajo la atenta mirada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que vigila muy de cerca cada movimiento. Después de dos años de actividad sin una regulación específica, la plataforma de financiación colectiva fue finalmente autorizada por el organismo que presidía entonces Sebastián Albella, en el año 2017, tras un intenso debate interno sobre la fórmula para hacerlo. Entre los cambios que se le exigieron se encontraba, precisamente, el referido al administrador: en los proyectos en los que el inversor toma una participación en acciones ('equity'), el administrador único no podía ser Housers, sino que debe haber una independencia de la plataforma. Este proceso de cambio ha sido muy lento. Hoy de los 25 proyectos de esta tipología que están vivos, menos de cinco están pendientes de completarlo.
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