La minería del carbón vive una angustiosa cuenta atrás. En cuatro meses, la decena de empresas mineras que sobreviven a duras penas tienen que decidir si echan el cierre o mantienen la persiana abierta previa devolución, como exige Bruselas, de las ayudas que han cobrado desde 2011. Entre esas empresas está la pública Hunosa, que da empleo a 1.300 trabajadores -el 60% del sector- y que mantiene compromisos por prejubilaciones pactadas desde 2006 de 1.030 millones a cierre de 2017, según las cuentas consolidadas (Pagina 66) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la que está integrada.
El reloj corre. Bruselas aprobó en 2010 que a partir de 2019 ninguna mina de carbón podría seguir recibiendo ayudas. Las minas que quieran seguir operando deberán ser rentables y devolver las subvenciones que hubieran recibido desde 2011 -en torno a 500 millones en el caso de España-. Gobierno, patronal y sindicatos negociaron y pactaron planes de empresa con calendarios de cierre concretos para mantener la actividad hasta la fecha límite.
Esa fecha se acerca también para Hunosa. Y hay vértigo. Los planes acordados y los planes de cierre enviados a Bruselas no contemplaban la continuidad de ninguna de las explotaciones de la empresa pública: el pozo de Carrio en Laviana, el de San Nicolás en Ablaña, y el de Santiago en Aller. El plan social de prejubilaciones de la empresa llega hasta 2020 y el cierre dejaría en una situación difícil a 850 trabajadores en activo.
Mucha incertidumbre
La incertidumbre es grande y la inquietud, manifiesta. El próximo día 14, según fuentes de la Administración, está prevista una reunión con los sindicatos en el Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón. Se trata de analizar las posibilidades de que la empresa estatal, con medio siglo de historia (se creó en 1967) siga manteniendo parte de su actividad.
La idea de buscar vías para no cerrar Hunosa estaba ya sobre la mesa de la anterior presidenta de la empresa, Maria Teresa Mallada, relevada en el mes de julio. Consiste, según fuentes al tanto de las negociaciones, en mantener abierto uno de los tres pozos de la empresa minera, el de San Nicolás en concreto, lo que permitiría aliviar los problemas de empleo.
El plan exige negociación con Bruselas y mucha mano izquierda. El Gobierno de Sánchez, según apuntan fuentes de la Administración, está en ello. Los sindicatos mineros apoyaron a Pedro Sánchez en su pelea por la secretaría general del PSOE y Adriana Lastra - portavoz socialista en el Congreso, asturiana y persona de su confianza- es una política muy vinculada a las organizaciones sindicales del Principado.
La intención de mantener la actividad existe, pero convencer a Bruselas no va a ser fácil. Hunosa, según las cuentas de la SEPI perdió el pasado año 14 millones de euros. Hubieran sido más si Hunosa no hubiera ganado un pleito millonario al empresario Victorino Alonso. El argumento de que la explotación del pozo San Nicolás sí podría ser rentable es de difícil defensa en Bruselas, que contempla Hunosa como un todo.
Una central térmica propia
La empresa tiene algo a su favor: cuenta con una central térmica en La Pereda, -Mieres (Asturias)- que entró en funcionamiento en 1995. Produce electricidad quemando carbones de muy baja calidad, residuos de escombreras y restos de madera. Tiene una potencia de 50 Megawatios y podría dar salida al mineral extraído.
En el caso de que Bruselas aceptara el mantenimiento del pozo San Nicolás, la situación de Hunosa sería la cara de una moneda en la que la cruz estaría representada por explotaciones de carbón rentables o casi rentables -a cielo abierto- que tienen muy difícil futuro porque las centrales de carbón va a ir cerrando a partir de 2020. En esa cruz de la moneda estarían los lignitos de Teruel y la central de Andorra -propiedad de Endesa- que se encamina al cierre.
El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera estima que a partir de 2020 cerrarán al menos siete de las 15 centrales térmicas de carbón que funcionan en el país. Para seguir produciendo Bruselas exige costosas inversiones en el control de emisiones o limitar la actividad a menos de 1.500 horas al año. Pero los cierres de centrales pueden ir más allá.
Fuentes del PSOE que han participado en los debates sobre la transición energética y sus consecuencias consideran más que probable que a partir de 2021 sólo se mantengan activas cuatro centrales localizadas en Asturias, Galicia y Andalucía. Serán las de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias y las de As Pontes (Galicia) y Carboneras (Andalucía), propiedad de Endesa.
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