Iberdrola ha ampliado con revelación de secretos y de datos reservados la querella presentada en enero de 2020 contra el que fuera responsable de control corporativo de la compañía, José Antonio del Olmo, por falsedad documental. El pasado 19 de noviembre, Iberdrola solicitó la declaración como investigado de Del Olmo por falsear presuntamente una factura en la que advertía de posibles pagos a la empresa Cenyt, del excomisario José Villarejo, después de que la Audiencia Nacional obligara al juez Manuel García Castellón a retomar la querella, inicialmente archivada.
Ahora, en un escrito presentado al juez, Iberdrola sostiene que Del Olmo "se apoderó de una extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola y datos reservados que afectaban no sólo a los intereses de la Compañía sino también a la intimidad de personas físicas vinculadas con ella". Posteriormente, y como mínimo en 2004 y entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, llevó a cabo "actividades de difusión, revelación o cesión ilícita de esos documentos", que fueron además filtrados a diversos medios de comunicación.
Todo ello "siguiendo un plan preconcebido y abusando de la confianza en él depositada y prevaliéndose de sus facultades", asegura el escrito que recoge Efe. Del Olmo ya reconoció en su día que hizo copias de facturas confidenciales que luego depositó ante un notario, todo ello sin el consentimiento del titular del secreto, que era Iberdrola. A comienzos de 2020, la energética presentó en un juzgado de Bilbao una querella contra Del Olmo por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa "que podría ser Cenyt", vinculada al excomisario Villarejo.
Meses más tarde, en julio de ese mismo año, la Audiencia Nacional aceptó la inhibición del caso. El documento, consignado en papel oficial de Iberdrola, fue depositado por el exdirectivo en una notaría de Madrid junto con un total de nueve facturas (ocho emitidas por Casesa y una por Cenyt) pagadas por la compañía, que sostiene que fueron robadas.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, está citado el próximo 18 de enero para declarar como investigado por la relación de la compañía con Villarejo. El pasado junio, García Castellón imputó Sánchez Galán y otros directivos tras publicarse que la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.
