El choque de los proxy advisor sobre la gestión de Iberdrola calienta la Junta del próximo 17 de junio, un encuentro clave para el presidente de la primera eléctrica española, Ignacio Sánchez Galán, que vivirá su primer cara a cara con los dueños del capital del grupo desde su imputación en el caso Villarejo. La próxima asamblea de accionistas se presenta como la 'prueba del algodón' para medir el impacto del citado proceso judicial en la percepción que los grandes accionistas tienen de su primer ejecutivo.
La discrepancia de los grandes asesores de voto, con gran influencia entre los inversores institucionales, complica los pronósticos. El estadounidense ISS respalda sin fisuras el apoyo de los accionistas a la veintena de puntos del orden del día que se someterán a votación el viernes de la semana que viene. En el lado opuesto, el informe del español Corporance, miembro de la alianza europea de asesores de voto Proxinvest, sugiere a los dueños de la eléctrica que se opongan a la gestión del Consejo que capitanea Galán (cuarto punto del orden del día).
El informe de Corporance hace hincapié en el efecto reputacional del caso Villarejo. El proxy apela al artículo 21.3 del reglamento interno del gigante energético, sobre los supuestos en los que los miembros del consejo deben presentar su dimisión. El asesor pone el foco en la falta de actuación proactiva del consejo ante el desarrollo procesal del caso Villarejo teniendo en cuenta los efectos que puedan derivarse para la reputación de la compañía y de su primer ejecutivo. También cuestiona la pasividad del máximo órgano de gobierno ante la ausencia de un plan de sucesión "transparente" en Iberdrola. Corporance aconseja además rechazar el plan de retribuciones del Consejo, un apartado que igualmente ha suscitado la oposición del proxy estadounidense Glass Lewis.
El 'caso Tándem' ya planeaba sobre Sánchez Galán antes de la junta general del año pasado, pero la decisión del juez de la Audiencia Nacional de imputar en el caso Tándem al máximo responsable de Iberdrola no trascendió hasta cinco días después de celebrado el encuentro con los accionistas. El calendario permitió al presidente de la compañía obviar cualquier alusión al proceso judicial y centrar su discurso en duras críticas al Gobierno, que acababa de aprobar el polémico real decreto de minoración al dividendo de carbono de las grandes eléctricas.
El primer espada de Iberdrola afrontará la próxima junta en un momento de tregua con el Gobierno y sin haber resuelto su imputación en la macrocausa que investiga presuntos encargos al excomisario Villarejo. Lograr el máximo consenso entre los dueños del capital se ha convertido en una cuestión prioritaria para Sánchez Galán.
El empeño de Galán por lograr el máximo consenso en la próxima Junta se ha reflejado en el anuncio de un dividendo de participación, nunca visto en el Ibex
Muestra de ello es el dividendo de participación que Iberdrola anunció hace unos días. Todos los accionistas con derecho a voto en la Junta recibirán 0,005 euros por título con cargo a las reservas voluntarias, si el quórum de constitución alcanza el 70 % del capital social del grupo energético. Se trata de la primera vez que una empresa del Ibex 35 activa esta estrategia -que deberá ser ratificada la propia Junta-, diseñada para involucrar a los accionistas minoritarios, cuyo sentido de voto se ve menos condicionado por los informes de los proxy.
Los asesores de voto influyen en mayor medida sobre los accionistas institucionales. En el caso de Iberdrola, destacan gigantes como el fondo soberano Qatar Investment Authority (8,7%), BlackRock (5,2%) y Norges Bank (3,6%). Las desavenencias entre los grandes asesores de voto eleva la incertidumbre sobre el posicionamiento de los principales accionistas de la energética y meten presión a Galán en la que será su última junta general antes de volver a poner su cargo a disposición de los dueños del capital de la eléctrica, dado que estos deberán ratificarle como primer ejecutivo del grupo en la asamblea de accionistas del próximo año.
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