De la nada al todo; de ignorar las nuevas formas de movilidad a pelear por aparecer como campeones del transporte limpio. Iberdrola y Endesa han tenido un encontronazo porque ambas compañías aspiraban a ser el primer patrocinador -categoría platino-de la cuarta edición de la exposición y prueba de vehículos eléctricos VEM 18 que se celebrará en Madrid esta semana. La decisión de los organizadores, cuyo entorno quieta hierro al choque, ha sido colocar a las dos compañías en la categoría oro de patrocinio.
Fuentes conocedoras del tema aseguran que el choque, algo nada excepcional en este tipo de eventos, no ha ido a mayores y se ha resuelto de forma satisfactoria: Nissan y Renault aparecen como patrocinadores destacados -platino-, mientras que Endesa e Iberdrola comparten categoría -oro- con otra media docena de interesados. Otras fuentes señalan, no obstante, que el encontronazo entre las eléctricas ha llegado al extremo de tratar de impedir la presencia de la rival en algunos de los foros de debate que acompañan la exposición.
Iberdrola da por cerrada la disputa. La eléctrica precisa que la polémica tuvo que ver más con la organización que con Endesa y acabó con el reajuste de los patrocinios. En todo caso, los codazos entre las empresas revelan el interés de las compañías tradicionales por aparecer como impulsoras de la nueva movilidad, con el vehículo eléctrico como gran protagonista. La información intentó obtener, sin éxito, la versión de Endesa.
Interés en aumento
El interés de las empresas energéticas -no solo eléctricas- por el desarrollo del vehículo eléctrico ha aumentado en los últimos meses. Repsol, aunque a regañadientes y con escepticismo a corto plazo, está en la carrera. También BP que esta misma semana ha anunciado una inversión de 20 millones de dólares en la compañía de baterías StoreDot. También Gas Natural ha anunciado el desarrollo de un servicio (Servicar) para facilitar la instalación en comunidades de vecinos y en empresas de puntos de recarga para coches eléctricos.
Pero la batalla más dura se da entre las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa. Iberdrola quiere consolidar su imagen de compañía "verde" y Endesa está obligada a compensar su relación con las tecnologías más contaminantes de generación eléctrica. Para Enel es un asunto sensible. Periódicamente, el Observatorio de la Sostenibilidad coloca a Endesa como la eléctrica que más contribuye al cambio climático desde España, con casi una cuarta parte (un 23,80%) de las emisiones fijas del país.
Por eso ganar la batalla de la imagen es tan importante. Iberdrola ha acelerado en los últimos meses. Ha anunciado un acuerdo con Avia para instalar puntos de recarga. El acuerdo forma parte de un plan para alcanzar 25.000 puntos de recarga hasta el año 2021. La mayoría de ellos, 16.000, en hogares.
Endesa, por su parte, lanzó en 2015 un plan de movilidad para sus empleados. El objetivo es que el 10% de sus trabajadores utilicen un coche eléctrico en 2020. En realidad, la eléctrica lleva estudiando el sector desde el año 2011 a través de pruebas piloto. Y sólo recientemente se ha arriesgado a anunciar un plan por el que instalará en tres años 600 puntos de recarga eléctricos de acceso público.
Cifras todavía modestas
El mercado se acelera, pero las cifras son todavía muy modestas. Aunque el año pasado fue el mejor de la serie, en todo el año sólo se vendieron 3.920 coches eléctricos "puros" -sin tener en cuenta los híbridos-, aunque esa cifra casi duplica la registrada un año antes, según datos de los fabricantes.
Los roces entre compañías no cierran el capítulo de presiones y enfrentamientos en torno al despliegue de los vehículos eléctricos. También ha habido sus más y sus menos entre las empresas con la Administración. Las eléctricas presionaron para cargar en el recibo de la luz, como un peaje más, el coste de implantar una red de carga para el vehículo eléctrico.
Las empresas no lo consiguieron. La CNMC explicó por qué no era posible recurrir, una vez, al bolsillo del consumidor: porque la instalación de puntos de recarga puede ser una actividad en competencia y porque las normas comunitarias no permiten financiar la red con cargo a costes regulados. Las empresas cedieron y la asociación patronal del sector, Unesa, admitió que las compañías distribuidoras estarían dispuestas a desarrollar parte de la infraestructura pública de recarga hasta que el mercado alcance la madurez suficiente.
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