Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP pusieron su maquinaria legal a funcionar desde el mismo momento en que el Gobierno dio luz verde a la reforma energética el 14 de septiembre. Horas después de que el BOE publicase el real decreto contra la escalada de la luz, Transición Ecológica difundió una nota aclaratoria para explicar que ciertos contratos bilaterales o PPAs (en la jerga), a los que suelen recurrir las renovables, quedaban fuera del recorte previsto en el paquete de medidas. Esta nota del ministerio que dirige Teresa Ribera -sin sello ni firma ni ningún empaque legal- se ha convertido en uno de los ejes de la artillería jurídica que están diseñando las grandes eléctricas, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Las eléctricas estuvieron pendientes del Consejo de Ministros de este martes, a la espera de un ajuste legal que otorgase validez jurídica al citado matiz. A día de hoy, la aclaración del departamento sigue siendo una mera nota de prensa pese a que, el mismo martes, el equipo de Ribera redactó un segundo documento aclaratorio de seis páginas que, al igual que el anterior, carece de entidad jurídica. La determinación de la ministra en mantener intacto el real pese a su ambigüedad es firme, en parte, por las consecuencias derivadas de introducir esta aclaración en dicho texto legal.
Tanto la fórmula como el contenido de esta nota han soliviantado a todo el sector. El ministerio explicó que ese primer texto fue redactado en respuesta a las dudas de Red Eléctrica Española (REE), a quien el Gobierno ha encomendado gestionar la minoración de ingresos. "La minoración solo se aplicará a aquellos proyectos que en su retribución hayan integrado el incremento del precio del gas", reza la nota que por unas horas quedó colgada en la portada de la web oficial del ministerio. La aclaración se aplica, por tanto, a aquellos contratos a largo plazo y que no se han visto afectados por los vaivenes del mercado. Pero no a todos.
La minoración de ingresos sí se aplicará a aquellos contratos a largo plazo firmados entre una generadora y una comercializadora del mismo grupo. Esto impacta de lleno sobre los colosos del sector -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol- que integran bajo sus perímetros todo el espectro del negocio eléctrico. Por contra favorece a las empresas pequeñas con persencia en un negocio determinado. El aparato legal de los gigantes del sector prevé atacar esta 'brecha' en la reforma alegando "trato discriminatorio", según fuentes jurídicas. La cuestión ahora es sobre quién recaerá la ola de recursos pues, si Ribera no modifica el real decreto, la última palabra la asumirá REE.
La compañía que preside Beatriz Corredor y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sigue siendo la responsable oficial de las liquidaciones, también han elevado la presión sobre el ministerio. Y es que la misma ambigüedad que cubre legalmente al departamento es la que pone a Red Eléctrica en el ojo del huracán. La decisión de Ribera de no incluir dicha especificación en el real decreto, que aparentemente incluye en el 'hachazo' a todos los PPAs, sitúa a REE y al regulador en la primera línea de fuego de la batalla legal, no solo con las grandes eléctricas, también con aquellas renovables cuyos contratos, en opinión del 'liquidador', no se vean beneficiados por la excepción.
El impacto de la minoración de ingresos se traducirá en un recorte del ebitda de 2.460 millones para el conjunto de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, según un reciente informe de agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P). Este 'hachazo' millonario podría llevar a que no solo sean los consejos de estas empresas quienes emprendan acciones judiciales contra el Gobierno. La ofensiva podría proceder de accionistas que recurran a título individual, o de grandes fondos de inversión, cuyas rentabilidades se vean minoradas por la entrada en vigor del real decreto.
Un informe de S&P afirma que la incertidumbre regulatoria derivada de la reforma podría llevar a ciertas firmas a revisar sus inversiones en España
Además, el informe que S&P publicó este jueves pone sobre la mesa otra consecuencia de la reforma eléctrica, tal y como está planteada. Esta podría "socavar la confianza de los inversores" fundamental para el éxito del ambicioso Plan Nacional de Energía y Clima de nuestro país, apunta la agencia de calificación. "La incertidumbre regulatoria derivada de las acciones del gobierno podría llevar a ciertas empresas a revisar su asignación de capital en España", sentencia el informe.
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