Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han comunicado por la vía oficial que ninguno de sus contratos bilaterales (PPAs) es susceptible del recorte que el Gobierno tenía previsto ejecutar para frenar la escalada de la factura de la luz, según fuentes próximas a la situación consultadas por La Información. Las principales eléctricas del país -entre las que también se encuentran EDP y Acciona- dan así la estocada final a la reforma energética recogida en el polémico Real Decreto-ley 17/2021, apenas mes y medio después de su entrada en vigor.
El último movimiento de los gigantes del sector no ha pillado a nadie por sorpresa. Fue Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, quien puso la primera piedra para suavizar el golpe a los ingresos de las grandes eléctricas, cuando se comprometió en el hemiciclo a "rectificar" una norma que su departamento había cocinado demasiado cruda. El Consejo de Ministros abrió la veta este martes, con la aprobación de una segunda norma, el Real Decreto-ley 23/2021, que bajo el mantra de dotar de transparencia al mercado eléctrico, ha dado amplio margen a los grandes operadores para sortear el hachazo, al excluir del recorte los contratos bilaterales de energía.
La nueva norma permite dejar exentos de la minoración los contratos a largo plazo entre las eléctricas y sus grandes clientes, cuando los precios de esos contratos sean "razonables", un apunte tan poco preciso que ha abierto la veda a Iberdrola, Naturgy y Endesa, entre otras, para salvar del golpe a, como poco, el 80% de la energía comercializada. En definitiva, el reciente giro ha relajado tanto los requisitos que permiten eximir los acuerdos bilaterales que la energía obligada a minorar pasará a ser anecdótica.
Según el nuevo decreto, que aún deberá someterse al Pleno del Congreso, quedan exentos del recorte también los contratos a plazo intragrupo (entre una generadora y una comercializadora bajo el mismo perímetro societario) anteriores a la entrada en vigor de la norma; es decir, la mayoría de los PPAs de las grandes eléctricas. La nueva norma también amplía el alivio a las coberturas que estas compañías puedan firmar durante estos meses para el próximo año. Esto pone en un aprieto contable al Gobierno, que deberá asumir un agujero de 2.600 millones de euros, cifra que aspiraba a recaudar con el primer real decreto.
Y así se lo han hecho ver ya al Ejecutivo los gigantes del sector. La norma aprobada este martes mandata a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para escudriñar la documentación aportada por las eléctricas para eximir del hachazo a todos sus contratos bilaterales. El supervisor podrá exigir toda clase de información adicional, con el objetivo de comprobar los términos de dichos acuerdos a plazo. Pero, aún si el regulador acaba por determinar que las eléctricas han sido demasiado generosas al incluir algunos PPAs en el paquete de los contratos liberados del recorte, el desajuste en las cuentas del Ejecutivo sigue exigiendo una solución urgente.
El alivio a las eléctricas abre un agujero de 2.600 millones en las cuentas del Gobierno. Ribera ha empezado a tantear a las renovables, a las que espera convencer de que cubran parte del 'roto'
El plazo de seis meses que marcó Transición Ecológica para recaudar esos 2.600 millones por minoración de ingresos de las eléctricas no es baladí. En previsión a esa inyección extraordinaria, el Gobierno suspendió el 96% de los cargos -partida que tradicionalmente se retribuye en el recibo de los consumidores para sufragar ciertos costes regulados del sistema-. El Ejecutivo no puede dejar de pagar los cargos, pero ahora tampoco puede recaudarlos de la factura de la luz de hogares y empresas, dado que Moncloa ya adquirió el compromiso de recortar, drásticamente y por ley, la parte regulada del recibo eléctrico.
En el asunto de los cargos no vale un 'donde dije digo, digo Diego'. Alguien tiene que afrontar estos costes que, entre otras cosas, cubren la deuda histórica del sistema y los incentivos a las renovables más antiguas. Esta última partida, conocida como RECORE (primas a renovables, cogeneración y residuos), es de la que ahora intenta 'rascar' el Gobierno para suplir el roto del alivio a las eléctricas. Tras su ronda de encuentros con los presidentes de las principales eléctricas, Ribera ha comenzado a medir fuerzas con las renovables. La estrategia de la vicepresidenta tercera pasa ahora por convencer al 'frente verde' de que devuelvan la retribución extra que han recibido de las arcas públicas en los últimos meses. Y aquí las renovables tienen la sartén por el mango.
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