El calendario de cierre del parque nuclear tiene línea roja. Debe estar listo antes del 31 de marzo, cuando las grandes del sector, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tienen que decidir el plazo para el que solicitarán nueva licencia de funcionamiento en la central de Almaraz (Cáceres), que cumple 40 años en 2023. Almaraz es la primera ficha en el tablero y, aunque la última palabra en el apagón nuclear la tendrá el Gobierno -apoyado en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Enresa y Red Eléctrica de España (REE)- las eléctricas tendrán que negociar, según reconocen.
Todavía no hay fechas, pero todas las compañías implicadas en el cierre de centrales admiten que van a tener que sentarse a mirar el calendario. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, explicó en la presentación de resultados de la compañía que la concreción de los cierres compete al Gobierno. Es algo obvio, aunque las empresas tienen que pactar sus "orientaciones" al Ejecutivo.
La negociación que se avecina reproducirá el debate-enfrentamiento que ya se ha registrado en torno a la central de Almaraz: Iberdrola y Naturgy son partidarias de acortar lo más posible el periodo de actividad de las centrales, mientras que Endesa quiere alargarlo lo más posible. Pero con una diferencia: el plan del Gobierno prevé el primer cierre no antes de 2025 y el último no después de 2035.
Encaje de bolillos
Será un encaje de bolillos, pero con los bolillos movidos a golpe de presión. Cerrar una central no sólo es caro, sino que, además es muy complejo. Cuentan muchos factores, desde el tiempo necesario para que se enfríe el combustible gastado hasta la homologación por el CSN de los contenedores para almacenar residuos según su peligrosidad.
Las compañías manejan informes, que atribuyen a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), en los que se concluye que no es posible a corto plazo cerrar y desmantelar más allá de dos centrales y siempre que los cierres se produzcan con un intervalo de tres años. Añaden que no hay experiencia en Europa de cierres simultáneos de instalaciones.
Pero la decisión de clausurar instalaciones de forma escalonada está sobre la mesa. Eso deja poco margen a las eléctricas, que tendrán que ponerse de acuerdo en el cuándo y en el cómo. El Gobierno facilitará el proceso con una modificación normativa para que las decisiones de cierre las adopte el accionista mayoritario de cada instalación. Todo para evitar bloqueos como el registrado en Almaraz.
Modificaciones legales
En todo el proceso, Endesa e Iberdrola tendrán el papel estelar. Naturgy, con participaciones minoritarias en Almaraz I y II (11%) y en Trillo (34,5%), y EDP (15,5% en Trillo) jugarán un papel menos destacado en las negociaciones, aunque importante. Al menos hasta que se aprueben las modificaciones legales anunciadas.
El proceso va a ser muy complejo. Además del Gobierno y de las empresas propietarias de las seis centrales (siete grupos), intervendrán en el proceso escalonado de cierres el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico encargado de velar por la seguridad del suministro y la empresa pública de residuos Enresa, encargada de gestionar el fondo para hacer frente al desmantelamiento de instalaciones.
Queda fuera del proceso, al menos de momento, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Según las fuentes empresariales consultadas, porque el cierre, pactado, no afectaría a la competencia. Aunque todo puede pasar cuando nada está descartado. Incluso es posible un intercambio de activos entre empresas, según admitió el presidente de Naturgy. Algo que, sin duda, sí podría interesar a Competencia.
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