Iberdrola, la italiana Enel (dueña de Endesa), Acciona y Repsol se conjuran en Bruselas contra el atasco burocrático que obstaculiza su ofensiva verde en España. Las grandes energéticas del Ibex 35 han atacado en la Comisión Europea (CE) la gestión por parte del Estado y las CCAA de los permisos para la construcción de plantas de energía limpia. El actual sistema, colmado de trabas administrativas, ralentiza la expansión de renovables en el país, el negocio al que estas compañías han comprometido buena parte de su esfuerzo inversor para los próximos diez años.
El clamor del sector se ha hecho notar en el marco de la consulta pública que la Comisión Europea lanzó hace unos meses sobre un nuevo 'documento guía' que trata de mejorar el proceso de concesión de permisos renovables y el cierre de contratos de compra de energía a plazo (PPAs en la jerga del sector) en territorio comunitario.
En los comentarios recibidos, consultados por La Información, destacan las referencias a España, aunque solo el 7% de las 155 respuestas recopiladas por Bruselas proceden del país ibérico. "En España la obtención de autorización para el desarrollo de renovables puede demorarse entre 2 y 4 años, mientras que estos proyectos apenas tardan 9 meses en construirse", sostienen desde WindEurope, la patronal de la industria eólica europea de la que forman parte empresas como Iberdrola, Enel, Repsol, Vestas o Siemens Gamesa.
A título individual, Acciona aduce al maremágnum regulatorio que persiste en territorio nacional, donde además del marco energético estatal cada comunidad autónoma ha hilvanado su propia madeja burocrática. "Esto obliga a los desarrolladores a navegar a través de diferentes regulaciones (que a veces ni siquiera son similares) para cumplir con todos los requisitos exigidos, dependiendo de la ubicación del proyecto".
En algunos casos, incide la compañía que preside José Manuel Entrecanales, la multitud de legislaciones regionales no contemplan cauces ni plazos específicos para notificar a los operadores el avance de sus trámites. La queja sobrepasa al selectivo español. Gigantes internacionales como la portuguesa EDP (cuarto operador del mercado eléctrico español), las francesas EDF y Engie, la británica BP o la italiana Eni también han colocado a España en el disparadero ante el Ejecutivo comunitario.
Para las grandes energéticas españolas hay mucho en juego. Iberdrola, que revisará su hoja de ruta el próximo 9 de noviembre, destinaba en su último planteamiento 34.000 millones de euros al desarrollo y construcción de renovables hasta 2025. Las líneas estratégicas de Endesa reservan fondos por valor de 12.400 millones para aumentar su parque de generación limpia hasta 2030. Repsol también ha disparado su esfuerzo inversor en este campo y ha anunciado una inversión de 5.500 millones hasta 2025 para impulsar el negocio de bajas emisiones.
"En España la obtención de los permisos renovables puede llegar a demorarse de 2 a 4 años para proyectos que apenas tardan 9 meses en construirse"
El cuello de botella de las licencias renovables ha abierto un roto a algunas compañías implicadas en la cadena de valor del negocio verde. Es el caso de los promotores de plantas de generación limpia (conocidos en la jerga como epecistas), que han sufrido caídas en su rendimiento al calor de la crisis inflacionista que ha obligado a paralizar algunos proyectos ya adjudicados por el descontrol de costes. En el caso español, el impacto de la coyuntura macroeconómica se ha visto agudizado por el 'tapón' burocrático en la tramitación de permisos.
Las últimas cuentas presentadas por los referentes europeos del mercado eólico evidencian el frenazo. Vestas, líder de este negocio, ha recortado un 5,5% su margen de EBIT (ratio financiero que mide la rentabilidad de una empresa en función a las ganancias antes de impuestos). En el caso de Siemens Gamesa, la caída es del 14,1%, mientras que Nordex Group ha rebajado un 12,2% este margen en el primer semestre de 2022.
Dentro de las empresas epecistas, líderes nacionales como Duro Felguera o Prodiel están sufriendo en primera persona el retraso de proyectos. La ingeniería asturiana acaba de anunciar un ERE que podría afectar al 60% de su plantilla en España. La compañía en manos del presidente del Betis, Ángel Haro, y la familia Godia se ha visto obligada a refinanciar su deuda bancaria, que asciende a 144 millones de euros.
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