El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, alabó ayer el cambio de talante del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Asumió que tiene expectativas de un cambio político respecto a cómo se plantea la transición energética y reconoció que ya se ha sentado a hablar con el Gobierno para ver cómo se realiza el cierre de las centrales nucleares. Pero no todo es de color de rosa. Al mismo tiempo que dialoga, Iberdrola tiene abierto un frente judicial con el Gobierno. El motivo: los 665 millones que ha tenido que pagar a la Agencia Tributaria en la primera mitad de 2018.
La eléctrica reconocía ayer en la presentación de sus resultados entre enero y junio que en el despegue de su deuda neta (ha pasado de 29.400 a 34.000 millones de euros en un año) incluye 665 millones de euros en concepto de "impuesto extraordinario", aunque matizaba que espera recuperarlos en el futuro.
Una cifra que ha tenido que abonar al Fisco español porque se trata de las bonificaciones que recibió en el pasado por la compra de compañías en el extranjero. Una ventaja fiscal a la que abrió la puerta el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable económico y consideradas ayudas de estado por Bruselas. En concreto, a Iberdrola le reclama las bonificaciones que disfrutó por la compra de Scottish Power, de la estadounidense Energy East y la griega Rokas.
La compañía explica que la Administración inició el pasado año el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado. Le exigió a Iberdrola esos 665 millones (576 millones de cuota y 89 millones de intereses de demora) después de que la Comisión Europea considerase que se trataba de ayudas incompatibles con el mercado interior, por la amortización fiscal de los fondos de comercio. A finales del pasado ejercicio, el pago de esa liquidación estaba suspendido cautelarmente por Tribunal General de la Unión Europea.
Pago en dos movimientos
El recurso de Iberdrola no prosperó y la suspensión se levantó a principios de 2018. Por ello, Iberdrola ha tenido que abonar la cuantía exigida. Lo ha hecho con dos movimientos, explica la compañía. Por un lado, a través de la compensación de la devolución del Impuesto sobre sociedades de 2016 por importe de 363 millones de euros. Por otro, mediante un ingreso por importe de 302 millones realizado en febrero de este ejercicio.
Una liquidación que ya está en manos de la Justicia porque ha sido recurrida ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que depende del Ministerio de Hacienda. Inicia así un procedimiento legal que puede durar años, porque sus decisiones son apelables, primero, ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, ante el Supremo.
Iberdrola explicaba en su memoria de 2017 que la mayor parte de los 665 millones los tenía cubiertos por los impuestos diferidos pasivos, registrados en aplicación de la normativa contable, por considerarse el incentivo fiscal una diferencia temporal. Por ello, justificaba, no estimaba necesario provisionarlos, dado que confiaba en que prosperase su recurso.
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