Iberdrola, Naturgy y Repsol recurren en tromba el hachazo del 'decreto Ribera'

Iberdrola, Naturgy y Repsol han reclamado en tromba el recorte a sus ingresos derivado de la reforma eléctrica impulsada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, según confirman varias fuentes del sector consultadas por La Información. La terna de energéticas ha planteado, cada una por su cuenta, conflictos de gestión económica y técnica contra Red Eléctrica Española (REE), la empresa designada por el Ejecutivo para pasar a las eléctricas el recibo de la minoración de ingresos incluida en el Real Decreto Ley 17/2021, en vigor desde el 14 de septiembre. 

Se trata de la vía oficial por la que las eléctricas pueden recurrir el último recibo que les ha extendido la compañía que preside Beatriz Corredor en calidad de 'liquidador' del sistema eléctrico. En concreto, la queja de los gigantes del sector se asienta sobre el recorte a la retribución que REE les ha aplicado en la liquidación de noviembre, la primera que se ha visto alterada por el 'decreto Ribera'. 

Este martes se agotaba el plazo para recurrir la citada liquidación y las fuentes consultadas aseguran que todas las compañías afectadas por la minoración han planteado conflicto de gestión contra REE. Sorprende la excepción de Endesa que no ha presentado ninguna reclamación pues, según trasladan fuentes de la eléctrica a La Información, la citada liquidación, cuyo resultado aún debe ser ratificado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no les ha perjudicado con recorte alguno. 

La compañía que pilota Corredor asumió la función de liquidador después de que la CNMC se negase a realizar esta tarea alegando falta de personal. El organismo regulador sigue siendo el liquidador final, por lo que ahora el supervisor que preside Cani Fernández debe valorar si REE ha hecho bien las cuentas. Con esta ola de reclamaciones, las tres compañías buscan defender los intereses hasta agotar todas las vías legales previstas para este fin, con el objetivo de asegurar los derechos de sus entidades, en general, y de sus accionistas, en particular.

Dado que las compañías no pueden recurrir una norma con rango de ley, es preciso matizar que el movimiento de las eléctricas no debe entenderse como un recurso contra la 'ley Ribera', sino contra los efectos económicos derivados de su aplicación. Es por ello que los gigantes del sector han tenido que esperar a la primera liquidación de REE, afectada por el real decreto, para actuar contra el polémico recorte a sus ingresos, pese a que la ley lleva tres meses en vigor, como adelantó este diario a finales de septiembre.

La ola de reclamaciones que han planteado los gigantes del sector busca agotar todas las vías al alcance de las compañías para defender los intereses de sus grupos y de sus accionistas

El mecanismo de minoración de ingresos que diseñó el equipo de Teresa Ribera limita el recorte a las llamadas tecnologías inframarginales -nuclear, hidráulica y renovables más antiguas-. Esta circunstancia explica que tanto Iberdrola como Endesa liderasen, a priori, las quinielas para convertirse en las mayores damnificadas del 'decretazo'. Por contra, para la compañía que dirige Josu Jon Imaz, el recorte representa una parte muy limitada de los ingresos totales del grupo energético pues, dada la naturaleza de su negocio, la entidad no se encuentra entre las compañías más afectadas por la medida. De hecho, la petrolera ha elevado la queja a través de Repsol Renovables, en nombre de una decena de filiales, casi todas vinculadas a la generación eólica. 

En un primer momento, el Gobierno aspiraba a recaudar 2.600 millones con el mordisco a los ingresos de las eléctricas. El paso atrás del Ejecutivo, que aprobó un segundo real decreto que excluía los contratos bilaterales (PPAs) del recorte, dejó en papel mojado las previsiones del Gobierno. La compañía que preside Ignacio Galán, la empresa que dirige José Bogas y la gasista que capitanea Francisco Reynés, comunicaron oficialmente hace meses que al menos el 80% de su energía se encuentra bilateralizada. Este hecho, que se traduce en que el Ejecutivo no puede tocar los contratos de estos tres grupos, dio la estocada final a la reforma eléctrica del Gobierno. 

Con todo, dado que el real decreto del 14 de septiembre sigue vigente, el impacto del recorte se ha dejado sentir en la última liquidación de REE. Previsiblemente, el liquidador se defenderá de la ola de reclamaciones alegando que se ha limitado a cumplir lo dispuesto en esa primera ley que, además, cuenta con el respaldo del Pleno del Congreso. Dicho movimiento podría ser el pistoletazo de salida para el verdadero frente judicial, pues permitirá a las empresas elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, solicitando, bien cuestión de inconstitucionalidad, bien prejudicial, según apuntan las fuentes consultadas.