Las ‘joint ventures’ o, sin utilizar el anglicismo, alianzas estratégicas entre compañías en un proyecto común son una tendencia en el mundo empresarial desde hace años. Nacieron de la eficiencia a la hora de afrontar proyectos complejos, jurídica, técnica o económicamente, como en el caso del Canal de Panamá, en su momento Ebay y Paypal, o Hisun y Pfizer en el sector farmacéutico.
Aun manteniendo su autonomía como unidades de negocio, su principal característica pasa por el hecho de compartir los riesgos, así como los recursos y objetivos finales del proyecto. Tradicionalmente, la unión entre empresas se producía entre corporaciones del mismo sector que tendían a aprovechar las sinergias propias de dos o más compañías dedicadas a un mismo fin. Sin embargo, la crisis originada por la Covid-19 está cambiando la tendencia en la actuación de los fondos de inversión, tanto soberanos como privados, que, tradicionalmente, han marcado su campo de actuación únicamente con la presencia en el accionariado de empresas europeas o norteamericanas.
La última de estas nuevas modalidades de colaboración se produjo el pasado 17 de septiembre, momento en el que el fondo australiano Macquarie’s Green Investment Group (GIG) e Iberdrola sumaron fuerzas para crear una joint venture con el objetivo de desarrollar en conjunto una cartera de 3.3 Gigavatios eólicos marinos en Japón. La operación supondrá la primera aventura en esta tecnología en el país asiático de Iberdrola.
La entrada de la energética y GIG supone la compra del 50% de los seis proyectos que se gestionarán íntegramente en Asia y, lo que es más importante para la española, comenzará una aventura en Japón, consolidando el compromiso de estar presente y acelerar la transición energética en aquellos países que están apostando firmemente por el cambio de modelo.
La misma operación se produjo apenas unos días antes. Cambiando actores y enclave geográfico, el 8 de septiembre Naturgy anunciaba la adjudicación a Global Power Generation (GPG), una empresa conjunta de la gasista española y el fondo soberano kuwaití KIA, de un contrato para construir un parque eólico de 107 MW ubicado en el estado de Victoria, Australia. GPG está participada en un 25% por la autoridad de inversión de Kuwait. La relación entre ambas, compañía y fondo soberano, viene de largo. Desde 2015, gracias a un acuerdo de ampliación de capital valorado en 550 millones de dólares, el Estado del Golfo Pérsico tiene voto directo en una 'joint venture' que, en la actualidad, gestiona más de 4.000 MW y emplea a 800 personas en todo el mundo.
El sector energético parece ser el favorito para este tipo de alianzas. Desde julio EDP Renovables, de nuevo junto al fondo australiano Macquarie, explotan la cartera de distribución de Viesgo, Begasa y E-Redes. En esta nueva sociedad, el fondo australiano dispondrá de un 24,9%, mientras que EDP alcanzará el 75,1%. La operación ratifica la apuesta del fondo por España, donde los australianos mantienen una presencia estratégica importante.
La experiencia se repite en otros muchos sectores como el inmobiliario, donde el grupo de gestión de activos inmobiliarios Kronos y la gestora de fondos de inversión Nuveen Real Estate acaban de crear ‘Stay’, una 'joint venture' especializada en la promoción inmobiliaria de alquiler para lanzar 5.000 viviendas en los próximos cinco años, por un valor aproximado de 1.000 millones de euros. En el sector logístico las operaciones también encuentran su hueco. Justo antes del inicio del verano, Tristan Capital Partners y Kefren Capital Real Estate crearon una 'joint venture' para invertir 200 millones de euros en centros logísticos en toda España.
El principio fundamental de estas cooperaciones es muy simple: las compañías luchan por obtener financiación para la adquisición de proyectos concretos y ven con satisfacción el capital proporcionado por los fondos de capital público o privado. Estos, a su vez, se benefician de la experiencia de sus futuros socios, tanto para identificar oportunidades atractivas como para aprender a gestionar un negocio que les resulta extraño.
A diferencia del 'venture capital', en el que el fondo de capital riesgo toma participación en la empresa, y de la inversión tradicional de los fondos internacionales en el accionariado de las empresas, la creación de 'joint ventures' parecen consolidarse como las favoritas por buena parte de los fondos de inversión, que plantean un horizonte de permanencia a medio plazo, entre cinco o siete años, en España. Pasado este tiempo, vista la experiencia en otros países, los fondos de inversión suelen estar más interesados en buscar su salida del producto o proyecto en el que se han comprometido para buscar nuevas oportunidades con rentabilidades más elevadas.
Además de los beneficios propios del "know-how", los recursos compartidos y la financiación a un coste bajo, la razón de la proliferación de este tipo de operaciones encuentra su explicación en la Covid-19. La situación económica española y el retraso en la inyección monetaria del prometido programa para la recuperación de la economía, está provocando que se busque una financiación rápida para proyectos concretos que no pueden esperar a la tramitación burocrática o los vaivenes parlamentarios que se están produciendo en Madrid o Bruselas.
El estudio legal de las 'joint ventures' está provocando un auténtico aluvión de consultas en los grandes despachos de abogados, los otros beneficiarios de este movimiento. Estas operaciones generaron, en 2019 y 2020, gran parte de las facturaciones multimillonarias en el campo del asesoramiento legal y constitución de sociedades conjuntas en las que la experiencia en un campo y la financiación se unen en un matrimonio que parece satisfactorio para todas las partes.
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