Silencio absoluto de las principales empresas catalanas tras la sentencia del 'procés'. Los grandes del Ibex decidieron no pronunciarse durante el día de ayer para valorar una jornada que, evidentemente, siguieron con interés desde sus cuarteles generales. Sí se posicionaron, aunque de una forma diferente, desde la patronal de los empresarios, Foment del Treball, y desde el Cercle d'Economia, en cuya junta directiva sí que hay representados algunos de los grandes del selectivo catalán.
En el Cercle, efectivamente, se encuentran directivos como Jordi Gual, presidente de CaixaBank; Jaume Guardiola, CEO del Sabadell; Luca de Meo, presdiente de Seat; o Alfonso Rodés, presidente de Havas. La valoración de esta asociación se hizo a través de una nota medida y calculada titulada "A través del diálogo y el autogobierno en Cataluña". "Es el momento de hacer política en mayúsculas", defendieron, apelando tanto al Gobierno como a la Generalitat. Sobre las concentraciones callejeras, el Cercle hizo un llamamiento a la serenidad, afirmando respetar el derecho a la manifestación y la plena libertad de expresión. Y criticando las acciones que promuevan la desobediencia o la paralización de la actividad económica. Claros y precisos, en definitiva.
Foment del Treball, por su parte, no se posicionó oficialmente ayer. Pero sí lo hizo el jueves, horas antes de conocerse la sentencia del Supremo. La patronal catalana pidió que las "reacciones políticas" sean "administradas con responsabilidad" para "garantizar por encima de todo la convivencia y evitar que la legítima manifestación de la protesta afecte el normal desarrollo de la actividad económica y cohesión social". La organización que preside Josep Sánchez Llibre añadía que a partir de ahora "se abre una nueva etapa política para que desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Cataluña y el resto de España y, a través del pacto, se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional".
La CEOE también ha hablado sobre la sentencia. Lo hizo ayer, aunque en términos mucho más genéricos. La organización que preside Antonio Garamendi afirmó, vía comunicado, que respeta "a los tribunales e instituciones del Estado". "Para CEOE la Ley es la base de la democracia y, por tanto, el marco constitucional llamado ‘procés’ en Cataluña debe ser el ámbito en el que se desarrolle la normalidad política y económica dentro del Estado de Derecho.", afirmaba. "Los empresarios españoles esperan y confían en que tras esta decisión judicial se abra en España una nueva etapa de estabilidad democrática", concluía la patronal.
En lo que respecta a las patronales catalanas, desde Pimec -que agrupa a las pequeñas y medianas empresas- aseguraron que las condenas impuestas a los dirigentes independentistas "no ayudarán a resolver el conflicto", sino "todo lo contrario". Apelaron, al igual que el Cercle, a las instituciones y a los partidos políticos a actuar "con más perspectiva y grandeza que nunca". Desde Cecot, la patronal del Vallès, se rechazó "la judicialización de un conflicto" que cree tiene una naturaleza política y ha insistido en que "solo con libertad, respeto y diálogo se encontrarán las soluciones". La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), por último, manifestó ayer su "incondicional respeto y acatamiento" a las actuaciones y decisiones del Tribunal Supremo, así como del resto de tribunales y altas instituciones españolas.
Todo esto en cuanto a las valoraciones públicas. Pero en privado los empresarios son mucho más claros. El clima que se respira, en general, es de preocupación ante lo que pueda suceder en Cataluña en los próximos días o semanas. Temen especialmente las movilizaciones convocadas por el 'Tsunami Democràtic' que puedan colapsar lugares estratégicos de Cataluña, como puede ser el aeropuerto de El Prat donde ayer ya se vivieron los primeros problemas. No quieren que las protestas afecten a sus negocios y que las calles se vean envueltas en protestas permanentes. Hay que recordar que la intención de los alborotadores es prolongar las protestas durante "meses y meses".
¿Por qué ese silencio en general de los grandes empresarios? No quieren, según las fuentes consultadas, "empeorar las cosas". Recuerdan los días de octubre de 2017 con desazón: "Aquello fue muy duro". Tomada la decisión de trasladar sus sedes sociales de territorio catalán lo que esperan es que a partir de ahora se imponga una política de altura.
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