PwC se ha hecho con el contrato millonario del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para vigilar a la banca. En una reunión celebrada este jueves 23 de septiembre, se ha decidido que la consultora capitaneada por Gonzalo Sánchez sea la encargada de controlar y hacer el seguimiento de las recuperaciones y cobranza de los avales puestos en marcha para apoyar al tejido productivo durante la crisis del Covid-19. También deberá resolver las controversias que surjan y realizar propuestas de actuación. El examen lo tendrá que llevar a cabo durante los próximos cinco años. El organismo público no quiere que se le escape ninguna incidencia relacionada con la gestión que están realizando los bancos sobre los préstamos a empresas con garantía estatal.
Por estos trabajos de chequeo, PwC se embolsará 5,56 millones de euros (4,6 millones de euros sin IVA). El ICO se ahorra así más de un millón de euros por esta adjudicación, para la que había apartado 7,98 millones de euros (6,6 millones de euros sin IVA). La comisión encargada de analizar las ofertas, que se han valorado en un acto privado, ha concluido que la de PwC era la mejor en cuanto a relación calidad precio de acuerdo con los criterios de valoración. Conocer toda la normativa vigente relativa a los avales ICO-Covid y saber aplicarla en la revisión de las comunicaciones recibidas respecto a impagos, recuperaciones, situaciones concursales y fallidos era una condición 'sine qua non' que PwC ha superado con éxito.
Se da la circunstancia de que esta firma es la misma que se ha venido encargando desde julio de 2020 de acometer la verificación y validación de las condiciones y elegibilidad de las operaciones concedidas por las entidades financieras a empresas, autónomos y pymes. Por este contrato ha recibido 800.112 euros (con impuestos). La labor de PwC en estas tareas se basa en verificar 'ex post' las operaciones inferiores a 10 millones de euros y las que alcancen los 50 millones de euros. También ha estado analizando 'ex ante' los préstamos que superen los 50 millones de euros.
PwC también se ha encargado desde julio de 2020 de verificar y validar las condiciones y la elegibilidad de los préstamos ICO
Los avales Covid son una herramienta puesta en marcha de forma excepcional en España para hacer frente a un grave shock económico que ha tenido un impacto 'milmillonario' en las cuentas estatales. En virtud de esta medida, el Gobierno ha dispuesto 140.000 millones de euros. Este volumen se enmarca en dos líneas concretas: Líneas de Avales de Liquidez y Líneas de Avales de Inversión y Actividad. La primera, más utilizada durante el inicio de la crisis, se focalizaba en facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de las medidas de distanciamiento social. La segunda trata de financiar gastos corrientes y de capital relacionados con nuevas inversiones, renovación de equipos o reinicio de actividad.
La banca es la encargada de canalizar los fondos a través de esta colaboración público-privada con el ICO, pero desde un principio han aparecido dudas sobre posibles malas prácticas de comercialización, debido a que esta ha sido una cualidad casi inherente del sector durante años. De hecho, la jefa de la cartera económica, Nadia Calviño, no tuvo más remedio que elaborar un Código de Buenas Prácticas para velar por el correcto uso del dinero público. Las entidades financieras han reiterado, una y otra vez, que trabajan diariamente vigilando el riesgo y buscando soluciones con sus clientes, por lo que no veían necesario este documento.
El problema se viralizó sobre todo cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander y CaixaBank (y Bankia) por posibles vinculaciones de productos como condición para acceder a las líneas de financiación con garantías del Estado o por el uso de las mismas como mecanismo para reestructurar deudas antiguas. Aunque las denuncias recibidas por el organismo presidido por Cani Fernández habrían sido residuales, sospecha que el abuso ha podido ser una práctica generalizada. El sector bancario se quejó públicamente de esta investigación. El canal de reclamaciones del propio ICO recibió en 2020 un total de 1.493 quejas, la mayoría relacionadas con los avales. Un año antes solo tuvo que atender 136.
En cualquier caso, a partir de ahora PwC realizará un seguimiento absoluto al sector bancario. Tendrá que hacer un análisis de los importes recuperados por cada entidad financiera y la aplicación de los mismos de manera proporcional a la cobertura del aval a favor del ICO. También hará verificaciones de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) morosa. Asimismo, analizará las situaciones concursales comunicadas por la banca a la entidad pública y a la Abogacía del Estado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios