El fondo australiano IFM Investors, que ha lanzado una opa parcial sobre el 22,69% del capital de Naturgy, busca la rentabilidad que supone invertir en redes de infraestructuras energéticas aseguradas por el Estado. La oferta en Naturgy persigue una operación sin guerras y "a largo plazo", según el vicepresidente del fondo Jaime Siles. En ese planteamiento, los accionistas mayoritarios, encabezados por Criteria-Caixa (24,8%), CVC (20,7%) y GIP (20,4%), aceptarían la entrada en el consejo de un cuarto actor, con participaciones equilibradas en torno al 20%, mientras el accionista principal -Caixa- accedería a vender parte de su paquete. CVC y GIP han aceptado el plan, aunque advirtiendo de que no existe acuerdo previo con el fondo. Criteria se reserva su posición y califica la opa de "no solicitada".
Una operación sin sobresaltos como la que plantea IFM -100.000 millones en activos por todo el mundo y los ahorros de 11 millones pensionistas detrás- permitiría a Caixa mantener posiciones en el grupo gasista. Naturgy es una fuente de dividendos importante para Criteria, que ha virado de la gestión en participaciones industriales a la búsqueda de participaciones financieras de alto rendmiento. Con el BCE atornillando la política de dividendos de la banca, los dividendos procedentes de Naturgy para Criteria -en torno a 290 millones en 2020- son fundamentales.
La última palabra, en todo caso, corresponde al Gobierno. La posibilidad de vender empresas españolas está limitada desde marzo de 2020 por el Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, y por el RDL 34/2020 de 17 de noviembre, que extiende la limitación también a los inversores europeos. Los decretos han reinstaurado el control del Ejecutivo sobre todas aquellas operaciones corporativas que pretendan hacerse con más de un 10% del capital de las empresas españolas consideradas estratégicas. Naturgy lo es. Su relación con la empresa estatal argelina Sonatrach (accionista de la compañía con el 3,85%), sus contratos de suministro de gas y su posición en el gasoducto Medgaz (49%) le dan esa consideración.
Redes y rentabilidad
Detrás de la operación de IFM está, ante todo, la búsqueda de rentabilidad. Las redes de infraestructuras energéticas, tanto de electricidad como de gas, controladas, reguladas y pagadas por el Estado, son objeto de deseo de los fondos. La fiebre viene de atrás. En 2017 ya se registró una gran agitación inversora por la distribución de gas que disparó las valoraciones de las empresas. Entonces, las grandes compañías segregaron y vendieron -así lo hizo Gas Natural- para conseguir ingresos extraordinarios, mejorar resultados o ganar músculo para acometer compras.
Atraídos por las expectativas de beneficio, en los útimos años los grandes fondos de inversión han tomado posiciones en las compañías distribuidoras tantro de gas como de electricidad. Lo han hecho en empresas grandes como Iberdrola o Naturgy; en las empresas participadas por el Estado que gestionan redes de transporte como Enagás o Red Eléctrica de España (REE) y en sociedades de menor tamaño como Reganosa o Madrileña Red de Gas.
A la vista de la opasobre Naturgy, el interés de los fondos se mantiene. Y lo hace a pesar de los recortes a la retribución de las redes impulsadas desde la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Los recortes llegaron a provocar un duro pulso entre el Ministerio de Transición y la CNMC, cuyos informes ponían de relieve cómo en los últimos años, la retribución a las redes se habían disparado. La CNMC barajó recortes al gas por encima del 19% que finalmente rebajó al 9,6%. Pero la tijera no ha disminuido el interés de los grandes inversores.
Terreno sensible
La oferta sobre Naturgy toca terreno sensible. El Ministerio de Transición Ecológica impulsa medidas para controlar más estrechamente las redes energéticas, de las que también forma parte Naturgy. En el proyecto de la futura Ley del Clima que tramita el Congreso, el Gobierno plantea ampliar el control sobre las operaciones que realizan los grupos encargados de gestionar los sistemas eléctrico y de gas en España, REE y Enagás, ambos participados por la SEPI. Toda una declaración de intenciones.
La clave ahora es en la posición que tome finalmente Criteria-Caixa frente a la operación y si accede a dejar de ser el primer accionista de Naturgy. De momento, Criteria se reserva la decisión ante una oferta que, según fuentes al tanto de la operación, desconocía hasta el mismo momento de su anuncio público. El Gobierno tiene más tiempo para analizar la operación. El procedimiento administrativo común le da hasta seis meses para resolver la solicitud. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha agotado ese plazo y la treintena de operaciones de inversión extranjera en empresas españolas que se han autorizado desde la activación de la 'golden share' en el Real Decreto de 1 de abril de 2020 se han resuelto sin mayores problemas.
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