El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de IFM sobre Naturgy se agota este viernes y el fondo australiano ya ha movido ficha para flexibilizar la hoja de condiciones que impuso el Gobierno para dar su plácet a la operación. La firma de capital riesgo ha mantenido contactos con el Ministerio de Asuntos Económicos para lograr, entre otras cosas, que el departamento que dirige Nadia Calviño respalde una eventual venta de activos de la gasista, una vez que IFM entre en el capital de Naturgy, según fuentes próximas al ministerio consultadas por La Información.
Las conversaciones entre el fondo y el ministerio económico se habrían centrado en la venta de activos, una de las líneas rojas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de agosto, cuando dio luz verde a la opa sobre el 22,7% de Naturgy que IFM presentó el 23 de enero. En concreto, el Gobierno prohibió al inversor australiano apoyar cualquier venta de activos que no esté contemplada en el Plan Estratégico 2021-2025. IFM tampoco podrá respaldar desinversiones que pudieran amenazar la actividad de transporte y distribución de electricidad y gas en nuestro país.
El Gobierno estableció un plazo de vigencia de cinco años para esta batería de condiciones. En ella se incluyó la obligación del fondo de mantener el domicilio social de la gasista en territorio español, así como la de conservar una parte significativa de la plantilla. El Ejecutivo exige el compromiso de que el fondo a no podría votar a favor de una eventual exclusión en bolsa del grupo energético, condición que se limitará a los próximos tres años. IFM también debe apoyar el crecimiento del negocio 'verde' de la empresa, así como favorecer una política de dividendos prudente, que permita ejecutar el plan de inversiones recogido en la citada hoja de ruta.
La eventual infracción de cualquiera de estos puntos por parte del fondo de pensiones implica anular el plácet de Moncloa, un escenario que el inversor australiano rechazó en agosto, cuando mostró su "satisfacción" ante el dictamen del Ejecutivo. IFM ha tanteado al equipo de Calviño cuando se cumplen dos meses del visto bueno del Gobierno y después de haber tenido que diluir sus pretensiones sobre la opa. Muestra de ello es la rebaja del umbral mínimo que IFM marcó para continuar con la transacción, que ha pasado del 17% al 10%, tal y como recoge el folleto de opa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el pasado 8 de septiembre.
La recta final del del culebrón de la opa sobre Naturgy ha estado marcada por las posiciones enfrentadas entre IFM y Criteria Caixa. El fondo de pensiones ha aprovechado la reforma energética del Gobierno para poner en valor su oferta sobre la compañía, fijada en 22,07 euros por acción. El propio Siles ha destacado que, si tuviera que lanzar la opa en este momento lo haría por un precio inferior, en previsión al 'hachazo' que el giro normativo supondrá para Naturgy a la vista del impacto que ha tenido la reforma para otros gigantes del sector.
IFM, con sus advertencias, y Criteria, con sus compra de acciones, mantienen una pugna por atraer a los minoritarios a sus respectivos y encontrados intereses
El fondo de pensiones también ha llevado a cabo una potente campaña para captar a los accionistas minoritarios, con un peso estimado del 7,6% del capital, empleando el recorte del Ejecutivo como un incentivo para que estos acudan a la opa. En paralelo, Criteria ha trasladado a los mercados una señal totalmente contraria a la emitida por IFM. La entidad que preside Isidro Fainé ha protagonizado constantes incursiones en bolsa en su empeño por elevar su participación en la energética, que se sitúa ahora en el 26,3%.
Así, el brazo inversor de La Caixa ha lanzado un mensaje de confianza en la gasista, tanto a los accionistas institucionales como a los ahorradores particulares, que podría resultar determinante para que estos decidan mantenerse en el capital a la espera de que se cumplan las mejores expectativas derivadas de la posición compradora que mantiene el holding industrial de La Caixa. Además, la estrategia de Criteria ha limitado a menos del 19% el free float de la compañía, títulos que cotizan libremente en bolsa y no forman parte del 70% del capital que ha manifestado su intención de no acudir a la opa, a saber, los tres primeros accionistas -Criteria, CVC (20,7%) y GIP (20,6%)- y los consejeros y la treintena de directivos que poseen acciones de la gasista .
IFM ha tocado a la puerta de Economía en plena escalada de tensión con el consejo de administración del grupo energético, encabezado por su presidente, Francisco Reynés. La semana pasada, el responsable de IFM para España, Jaime Siles, soliviantó a la cúpula de la gasista al mostrarse favorable a revisar a la baja la política de dividendos de la compañía una vez que se cierre la operación. Siles abrió la puerta a reducir de forma significativa la retribución al accionista e, incluso, a suspenderla "durante el tiempo que sea necesario", si la transacción concluye de manera favorable para IFM, una posibilidad que resta atractivo a la permanencia en el accionariado. Tal sugerencia ha llevado al consejo y a Criteria a plantar cara al fondo, arremetiendo públicamente contra cualquier modificación del pago al accionista previsto en el plan estratégico.
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