Los impuestos de las grandes empresas han irrumpido este domingo en la campaña electoral de las autonómicas y municipales con Inditex como gran ‘acusado’ desde Unidas Podemos por hacer donaciones selectivas a la sanidad en España y, a su juicio, eludir el pago de todos los impuestos que debiera. Unas afirmaciones que chocan con la realidad de las cuentas que presenta la compañía, que ha pagado más de 2.000 millones en Impuesto de Sociedades en los últimos cinco años, con un tipo efectivo del 22%, por encima de la media de las grandes empresas del país. Si se suman todos los tributos que la empresa se deja en Hacienda antes de repartir dividendos, las últimas cifras presentadas en 2018 contienen un pago de 1.692 millones a las arcas del Estado, entre impuestos directos e indirectos.
El Grupo Inditex no ha querido hacer ningún comentario oficial a las acusaciones que desde la formación política de Pablo Iglesias en Madrid se han lanzado este domingo, pero en su gestión siempre ha separado de forma clara las cuentas y la gestión de la compañía, de las actuaciones personales que su presidente de honor, Amancio Ortega, realiza desde su Fundación, que se nutre de los dividendos que recibe cada año (que tributan aparte) después de haber liquidado los correspondientes impuestos.
Si nos centramos en las cifras de la empresa, Inditex pagó el año pasado impuestos en todo el mundo por valor de más de 6.100 millones de euros, de los que cerca de 2.800 millones fueron fruto de la actividad directa a nivel global de la compañía, y el resto por otros conceptos (IRPF, patrimonio, medioambiente, etc…). De esa cantidad global salen los 1.692 millones pagados en España. Según advierten fuentes fiscales habituadas a asesorar a este tipo de grandes compañías, se puede estimar que la tributación de Inditex por sus beneficios es cada año en torno al 2% de lo que se recauda en todo el Estado español, hasta el punto de que se deja en nuestro país cerca del 40% de todo lo que paga a nivel internacional, cuando en su balance el mercado español solo supone el 16% de sus ventas.
"Estamos en las campañas políticas de las fake news -aseguran las fuentes consultadas en el ámbito de la asesoría fiscal a grandes empresas bajo condición de anonimato-, pero la gente olvida que compañías como esta pagan muchos impuestos en este país, además de la actividad indirecta y el empleo que generan". Sólo en España, Inditex tiene unos 50.000 empleados directos y genera otro tanto de empleo indirecto, fruto de los 7.500 proveedores que utiliza y que le facturan cerca de 5.000 millones de euros en cada ejercicio.
La Fundación es cosa solo del presidente de honor
Frente a las críticas que desde Unidas Podemos se han realizado sobre la donación de 320 millones que la Fundación Amancio Ortega ha realizado a los sistemas sanitarios de varias comunidades autónomas, desde el ámbito público sanitario se ha reconocido en varias ocasiones que no se trata de decisiones directas y arbitrarias de los responsables de la fundación o su presidente, sino de peticiones concretas que se hacen desde las consejerías correspondientes.
La fundación inició su apoyo a la renovación de los equipamientos de los hospitales para radioterapia, dentro de la lucha contra el cáncer, entre 2015 y 2016 en Galicia y Andalucía, pero ante la demanda de otras administraciones autonómicas lo amplió y lo extendió a todas en 2017, con un montante global de 320 millones de euros. Esa es la cantidad que la responsable de Unidas Podemos en Madrid, Isa Serra, cree ahora que habría que devolver, por entender que la financiación de la sanidad no debe depender de las decisiones de los multimillonarios.
Según señala la página web de la propia fundación, toda su financiación viene de los dividendos que aporta personalmente Amancio Ortega, de forma que su gestión es independiente de Inditex. En cuanto al programa de apoyo contra el cáncer, se advierte que es cada una de las consejerías de Sanidad autonómicas la que define los equipamientos concretos que necesita para esa labor, de acuerdo con su estrategia y sus planes de renovación tecnológica, y la adquisición de los equipos, pagada por la fundación, se realiza mediante los procedimientos administrativos que marca la ley.
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