La aprobación de las directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2030 ha desempolvado el debate sobre la reversión de las concesiones hidroeléctricas que caducan en los próximos 20 años y que superan los dos centenares, según datos del antiguo Ministerio de Medio Ambiente. Unidas Podemos, que presentó en 2018 una proposición de ley para que las concesiones caducadas pasaran a ser de titularidad pública, considera que "es un tema pendiente". La estrategia a 2030 que impulsa el vicepresidente primero Pablo Iglesias desde el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aboga por la reforma del mercado mayorista eléctrico para acabar con la "sobrerretribución" de hidroeléctricas y nucleares. La Administración no contempla la reversión de explotaciones hidráulicas al Estado, sino la adjudicación en concurso de las concesiones extinguidas.
Las dos grandes empresas energéticas afectadas por los planes de Iglesias en materia de explotación de las aguas son Iberdrola y Endesa. En España hay más de 20.000 MW de potencia hidráulica instalada y la mayoría está en manos privadas. Iberdrola (8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) son las empresas que más controlan el negocio. Endesa está tranquila. La compañía asegura que la mayoría de sus 135 concesiones hidráulicas tienen vía libre para funcionar hasta el año 2061, fecha límite que marca la legislación para las antiguas concesiones "a perpetuidad".
Sólo a partir de 2035, precisan las fuentes consultadas en la empresa que dirige José Bogas, empezarán a caducar concesiones en un volumen relevante: 1000 MW entre 2030 y 2055 y otros 1600 MW entre 2055 y 2060. Iberdrola, por su parte, no detalló el calendario de concesiones que le afecta. El Observatorio de la Sostenibilidad concluyó en el informe Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España que entre 2018 y hasta el año 2030 caduca el 8% de las concesiones totales, medidas en volumen de agua. Por su parte, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente manejó la cifra de 230 explotaciones con concesión caducada en los próximos 20 años teniendo en cuenta los cambios legislativos registrados para modificar normas que, en algunos casos, se remontan a los años 20 del pasado siglo.
Límite de 75 años
El gran cambio se registró en 2012. Entonces, el Gobierno del PP limitó a 75 años las concesiones hidroeléctricas. La asociación patronal eléctrica Unesa (hoy Aeléc) recurrió el Decreto aprobado por el Ministerio de Agricultura en la época de Miguel Arias Cañete, pero el Tribunal Supremo respaldó la medida. A partir de esa fecha, lo más notable fue una sentencia de la Audiencia Nacional de mayo del pasado año que avaló la reversión al Estado de la central hidroeléctrica oscense de Lafortunada-Cinqueta, una de las más grandes de los Pirineos, tras haber llegado a “un plazo máximo improrrogable” de 75 años para su explotación.
Con la Estrategia 2030, resucita la polémica de los llamados "beneficios caídos del cielo" (windfall profits) de las eléctricas; ingresos extras de centrales nucleares e hidroeléctricas que las compañías niegan. El informe sobre transición energética que elaboraron los expertos reunidos por el PSOE antes de llegar al Gobierno puso números al debate. Detalló que "en España el parque histórico de generación (nucleares e hidroeléctricas), ha sido sobre-retribuido por un importe que, dependiendo de los precios del mercado cada año, ha variado entre los 1.000M€ y los 3.000M€/anuales".
Las eléctricas niegan la mayor. No hay sobrerretribución, aseguran. Tampoco hay instalaciones completamente amortizadas. Endesa mantiene esta tesis que, en época del anterior presidente Borja Prado apuntaló con informes elaborados por Analistas Financieros Internacionales (AFI), Compass Lexecon y Solchaga Recio y Asociados, la consultora del exministro socialista Carlos Solchaga. Iberdrola, por su parte, sostuvo ante la Administración que en los balances de las eléctricas constaban amortizaciones "contables" pendientes en las hidroeléctricas de 7.000 millones.
La tesis de los expertos
La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ministra de Transición en 2018, apuntó en entrevistas públicas que asumía las tesis del grupo de expertos que presidió por encargo de Pedro Sánchez. Entonces, Ribera abogó por hablar de aspectos del mercado, dijo, como "el pago de los kilovatios de origen hidroeléctrico, que tienen poco coste en términos de generación y cuyos costes en instalaciones están amortizadas desde hace tiempo".
Lo cierto es que entre 1950 y la década de los 70, las empresas eléctricas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-; posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Y las empresas obtuvieron además, un trato favorable en 2000 para extender la vida útil de las concesiones obtenidas en el franquismo. Mediante el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Rd 606/2003), las empresas que modificaron la altura o el caudal en las presas para contener más agua lograron ampliar automáticamente el límite temporal de las concesiones.
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