"Que nadie se quede sin suministro por no poder pagar las facturas". Unidas Podemos plasmó desde el minuto uno esta reivindicación en la lista de objetivos prioritarios de la negociación con Pedro Sánchez para alumbrar un acuerdo de contenidos que diera fondo y sustancia al acuerdo político alcanzado apenas 48 horas después de conocerse los resultados de la 'segunda vuelta' electoral del 10-N.
La lucha contra la pobreza energética y, más en concreto, contra los cortes en el suministro de luz ejecutados por las eléctricas a hogares sin recursos para poder atender las facturas ha sido una de las 'ideas fuerza' del relato político de Podemos en los últimos años y se ha convertido en una de las primeras iniciativas que Pablo Iglesias ha situado en su lista de tareas como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El 13 de enero Pablo Iglesias tomaba posesión como nuevo vicepresidente del Gobierno de España y apenas 24 horas después la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia de su Ministerio daba luz verde a un convenio con la Federación Española de Municipios (FEMP) "para favorecer la participación y el intercambio de experiencias entre la Administración General del Estado y los Servicios Sociales de atención primaria -dependiente de los ayuntamientos-", que entre otras cuestiones impulsa la creación de un Grupo de Consulta Ministerio-FEMP para revisar una serie de cuestiones entre las que la primera de la lista es el "procedimiento para la aplicación del 'bono social eléctrico' sobre los beneficiarios vulnerables en riesgo de exclusión social".
El marco regulatorio actual del 'bono social eléctrico' ampara descuentos de hasta el 40% en la factura en función a determinados consumidores en situación de vulnerabilidad en función de su nivel de renta, el número de componentes de la unidad familiar, su dependencia de una pensión mínima o un catálogo de circunstancias especiales, como que sea una familia monoparental con un menor, que algún miembro de la unidad familiar sea una persona con discapacidad, que acredite la situación de víctima de violencia de género o el terrorismo o tenga algún grado de dependencia.
La norma establece, no obstante, una protección más especial para los hogares 'en riesgo de exclusión social'. El asunto es que al contrario de lo que sucede con los descuentos en la factura, cuya aplicación es más o menos automática -la aplicación del sistema no ha estado exenta de problemas- si se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos ante la compañía eléctrica, en el caso de los consumidores en situación de riesgo de exclusión social ésta consideración se deriva de que hayan sido identificados como tal por la comunidad autónoma o la corporación local de turno en sus programas de asistencia y de que estén recibiendo una ayuda equivalente al menos al 50% del recibo de la luz.
El asunto no es menor porque esa catalogación de hogar 'en riesgo de exclusión' por parte de la corporación local, del mismo modo que su capacidad financiera para atender el 50% de la factura, determinan su entrada en el espacio de mayor protección de la norma, que permite no hacer frente durante un determinado periodo de tiempo al pago de la factura de la luz y en los casos más extremos bloquea la posibilidad de que las compañías ejecuten el corte del suministro de la luz.
El papel central de los ayuntamiento en el sistema
Un informe del Ayuntamiento de Madrid -entonces gobernado por la plataforma Ahora Madrid, sostenida mayoritariamente por Podemos- identificó hace algo más de un año los problemas de este modelo de corresponsabilidad. Sostenía que, de alguna manera, el Estado se desentiende de la aplicación real del sistema al hacer depender su aplicación en su segmento más crítico de las administraciones locales sin dotarlas ni de los recursos económicos ni de los medios técnicos necesarios para realizar una evaluación adecuada de la situación de exclusión de las familias ni una cobertura económica adecuada en algunos casos de su situación.
El ministerio de nueva creación dirigido por Pablo Iglesias ha decidido abordar esta situación con carácter prioritario, poniendo la revisión del procedimiento que determina la aplicación del bono social a las familias en riesgo de exclusión social como una de las tareas que se deberán abordar en ese órgano de diálogo con los ayuntamientos. La Información se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer algún detalle más de las intenciones del mismo, sin que éste haya querido ir más allá.
El Ministerio de Pablo Iglesias no tiene competencias para modificar la regulación del bono social eléctrico, que corresponde a la Vicepresidencia de Transición Ecológica de Teresa Ribera, pero sí tiene atribuciones de coordinación en el ámbito de los servicios sociales -cuyas competencias residen en su mayoría en las comunidades autónomas y las corporaciones locales- y por eso ha decidido ir por la vía de la FEMP para abordar el asunto.
Desde la Federación de Municipios se ha venido reclamando un papel más directo por parte de los ayuntamiento en este proceso, de modo que ninguna compañía eléctrica pueda proceder a cortar el suministro a un hogar en situación de vulnerabilidad sin un informe previo del ayuntamiento de residencia que habilite esta operación. "Nosotros somos los que podemos añadir la racionalidad de señalar a quiénes sí y quiénes no se les puede cortar el suministro energético”, ha asegurado en varias ocasiones el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que en cuestión de semanas -en cuanto que se constituya el Grupo de Consulta establecido en el convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tendrá la oportunidad de trasladar sus argumentos en este sentido a los nuevos representantes del estado en este campo.
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