Los bancos cierran la primera mitad de 2022 con unas cuentas sólidas. Las cinco grandes entidades financieras del Ibex 35 -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter- han obtenido un beneficio neto conjunto de 10.132 millones de euros entre enero y junio. Con estas ganancias han notificado el pago de 4.790 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades. No obstante, lo tributado en España se reduce a 1.367 millones de euros, según las últimas cuentas disponibles remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad presidida por Ana Botín muestra en su folleto financiero que los impuestos sobre beneficios pagados en el semestre fueron de 2.374 millones de euros, lo que da como resultado una tasa efectiva del 30%, frente al 25% que se aplica en general. En nuestro país la presión fiscal en términos absolutos ha ascendido a 252 millones de euros. El grupo que capitanea Carlos Torres recoge en sus libros un desembolso de 1.601 millones de euros, si bien en España ha sido de 403 millones de euros. Ambos bancos tienen una elevada diversificación y por ello gran parte de sus ganancias se gravan en el exterior.
El resto de entidades tienen un perfil más doméstico. CaixaBank, que tras la fusión por absorción de Bankia se ha convertido en la más grande del país en términos de activos y depósitos, pagó a cierre de junio 546 millones de euros en Impuesto de Sociedades. Banco Sabadell, por su parte, asumió un gasto fiscal de 166 millones de euros entre enero y junio. Mientras tanto, Bankinter realizó desembolsó 102,87 millones de euros.
A ello habría que sumarle otras cargas regulatorias como la tasa de depósitos o las vinculadas a las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR) y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Adicionalmente, tendrán que hacer frente a otro tributo muy pronto. El PSOE y Unidas Podemos han registrado ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la creación de una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria con la que se gravarán el 4,8% de las comisiones e intereses de la banca. El Gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años.
Se trata de una medida que está generando una controversia enorme. Los bancos calculan que restará capacidad del sector financiero para dar crédito en unos 50.000 millones de euros y avisan: o la financiación se encarecerá o se restringirá. Mientras se aclara la parte más técnica y a la espera de que empiece a avanzar su tramitación parlamentaria, lo que previsiblemente provocará una modificación del texto actual, las entidades ya se preparan jurídicamente para la batalla en los tribunales. Lo consideran una propuesta injusta, desproporcionada, distorsionadora, contraproducente y sin sentido.
Además, iría en contra de la normativa bancaria europea, puesto que la idea es prohibir repercutirlo a clientes. Se da la circunstancia de que la regulación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su siglas en inglés), que propone buenas prácticas para la formación de precios en banca, indica que entre los parámetros a incluir para su fijación están los costes de naturaleza tributaria para evitar burbujas de crédito. Como consecuencia, o bien se hace caso a la norma comunitaria y se repercute al cliente encareciendo el crédito, pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá imponer multas; o se restringirá la concesión de financiación precisamente en un momento de potencial ralentización económica.
Los despachos de las entidades acogieron la noticia inicialmente con estupor, pero ese sentimiento se convirtió rápidamente en enfado e indignación. El momento ha sido también crucial. La banca y el Gobierno han establecido una relación público-privada extraordinaria desde que estalló la pandemia. Los lazos no solo se limitan a las moratorias aplicadas junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre hipotecas o la inyección de más de 140.000 millones de euros al tejido productivo para sostener su liquidez y, en algunos casos, hasta su solvencia. Actualmente ambas partes incluso están trabajando estrechamente para atajar la exclusión financiera
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