El sector eleva su factura fiscal

La banca paga 600 millones al Estado tras el 'decretazo' de las hipotecas de Sánchez

  • Bankia, con una cuota de producción hipotecaria del 6,8%, revela que pagó 40 millones en 2019 por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en 2019.
Hipoteca
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EFE

Las entidades financieras españolas han pagado unos 600 millones de euros a la Administración por el impuesto de las hipotecas (Actos Jurídicos Documentados o AJD) tras el decreto aprobado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atribuir al sector bancario el pago de este gravamen a raíz de la polémica que generó el Tribunal Supremo. La medida, no obstante, fue refrendada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo con la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria, que entró en vigor a mediados de junio.

Aún se desconoce la cifra oficial que han pagado los bancos a las arcas públicas por el controvertido gravamen. Las distintas patronales del sector todavía no manejan la cifra definitiva. No obstante, los datos que ya han hecho públicos algunas entidades financieras permiten hacer una aproximación. Y es que José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, reveló durante la presentación de los resultados del banco que habían pagado 40 millones de euros en concepto de AJD durante 2019.

Teniendo en cuenta que Bankia ha cerrado el pasado ejercicio con una cuota mercado en nueva producción hipotecaria del 6,8% (en volumen), el conjunto del sector habría pagado en el entorno de los 590 millones de euros en concepto de AJD durante 2019. No obstante, la cuantía del impuesto varía en función de dónde se firme la hipoteca. Y es que el tipo impositivo lo establecen las Comunidades Autónomas.

En este sentido, se da la circunstancia que Cataluña, donde Bankia apenas tiene presencia, es la región donde más se paga por el AJD, tras la subida al 2%, por lo que el importe total pagado por el conjunto del sector podría ser incluso mayor. Navarra y País Vasco, por su parte, son las CCAA donde se aplica el tipo impositivo más bajo (0,5%), seguidos de la Comunidad de Madrid y Canarias (0,75%) y La Rioja (1%). En el resto se paga un tipo general del 1,5%. 

Antes de que se conocieran algunos datos sobre el cierre del ejercicio, la agencia de calificación crediticia Moody's estimaba que la cuantía a pagar por parte del conjunto del sector bancario en concepto de AJD rondaría los 670 millones de euros. En cualquier caso, el tributo en cuestión no se recauda solo con las hipotecas, sino también con otro tipo de documentos mercantiles, notariales o administrativos.

Las CCAA aprovechan que la banca paga el gravamen

Aprovechando que desde finales de 2018 la banca asume el pago del AJD en las operaciones hipotecarias, son varias las CCAA que elevaron el gravamen en 2019. Algunas como Asturias y Cataluña subieron directamente el tipo general al 2% y 1,5% respectivamente, mientras que Canarias, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana eliminaron algunas deducciones o tipos reducidos. Baleares, por su parte, lo acaba de elevar al 1,5% de cara a 2020.

Las subidas de impuestos, generalmente, no son bien recibidas desde el conjunto del sector financiero. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, fue la más clara al respecto y señaló la semana pasada en rueda de prensa que precisamente la banca no es el sector que se "merece más impuestos", en velada referencia a las tecnológicas, mientras que el propio Goirigolzarri afirmó que la imposición que se asume en la actualidad le parece "razonable". Asimismo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, advirtió el viernes de que un impuesto especial tendría efectos negativos.

Sea como fuere los datos que publica mensualmente el Banco de España muestran que, en un primer momento, las entidades financieras trasladaron a sus clientes el impuesto de la hipoteca encareciendo el precio de los préstamos. No obstante, ante la ralentización que ha experimentado el mercado desde que entrara en vigor la nueva Ley Hipotecaria, así como por la bajada de tipos que aplicó el BCE en septiembre, las entidades se vieron obligadas a revisar el precio de sus nuevos créditos destinados a la compra de vivienda, que se sitúa en la actualidad en mínimos de siempre.

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