La tasa al consumo de gasóleo de automoción en los coches, el diésel, supondrá un sobre coste de unos 3,3 euros al mes más para cada usuario, según ha adelantado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su entender, se trata de un pago que “apenas” afectará al bolsillo de los contribuyentes, dado que solo afectará a quienes utilicen este tipo de combustible contaminante. Se trata de un pago adicional prácticamente similar al ahorro previsto en el recibo de la luz con la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica.
La titular de Hacienda ha revelado este dato durante una entrevista en RNE, convencida de que es un precio justo para paliar el daño que se hace al medio ambiente con ese carburante. Si tenemos en cuenta que en España hay 18 millones de coches diésel, esa tasa supondrá unos ingresos anuales para las arcas públicas de más de 712 millones de euros, muy cerca de los 1.000 millones en que la ministra sitúa el coste de la congelación del impuesto a la electricidad.
Los cálculos que ha hecho Hacienda para la nueva tasa del diésel parten de la base de que “no hay un afán recaudatorio, sino disuasorio sobre la conductas que contaminan el medio ambiente”. Su estimación es un tributo de 38 euros por cada 1.000 litros de consumo en un coche diésel, algo que, teniendo en cuenta una media de 15.000 kilómetros al año por cada usuario, da como resultado un coste medio de 3,3 euros para cada caso.
La responsable de las cuentas públicas ha querido minimizar el impacto que la supresión temporal del impuesto a la generación eléctrica va a tener en las arcas del Estado, que estima “en el entorno de los mil millones de euros”, si bien la recaudación reflejada en Hacienda por este tributo en el último ejercicio llegó a los 1.500 millones. La ministra aseguró que “es un esfuerzo que podemos hacer”, porque supone un ahorro neto para las familias cuando más lo necesitan.
Montero no ha dado una fecha exacta a partir de la cual se cobrará la nueva tasa del diésel, si bien todo apunta a que entrará en vigor con los nuevos Presupuestos del Estado cuando se aprueben, con efecto retroactivo desde enero del año que viene. Lo que sí ha advertido, sobre todo respecto a la oposición de Ciudadanos y el PP, es que habrá unas nuevas cuentas públicas a pesar del bloqueo que plantean en el Congreso, dado que la senda del déficit que está pendiente de aprobar no les afecta demasiado.
“Tener nuestro techo de gasto o heredar el techo del PP no afecta tanto a las cuentas del Estado, es apenas un punto de los cinco que hay en discusión -ha asegurado la ministra-, con lo que los escenarios y el esqueleto de los Presupuestos se han hecho ya en ambos casos, con una diferencia de más o de menos, de 1.200 millones de euros”. La ministra ha hecho una llamada a la colaboración en todos los grupos cuando se discutan los Presupuestos en el Congreso, allá por el mes de diciembre, dado que el Gobierno los aprobará a finales de noviembre, a pesar de que “dos partidos, CS y el PP, ya se han autodescartado en ese debate”.
Incluso desde Hacienda se espera que los nacionalistas catalanes del PdCAT y ERC aporten su granito de arena al planteamiento del Gobierno, una vez que conozcan como van las cifras y lo que le corresponde a los ciudadanos de Cataluña. "Para ellos siempre será mejor tener un nuevo Presupuesto, que prorrogar el que hay", ha advertido.
Impuesto de Sociedades para pymes a un 23%
Montero ha querido mostrar cautela a la hora de revelar decisiones o datos concretos de la negociación presupuestaria que mantiene con Unidos Podemos para la reforma fiscal, si bien ha reconocido que una de las cuestiones que está sobre la mesa y que el Estado apoya es la reducción del tipo nominal del Impuesto de Sociedades al 23% para las pequeñas y medianas empresas que facturan menos de un millón de euros.
En lo que respecta al IRPF, la ministra solo ha podido confirmar que se trabaja en la mesa de negociación con subidas de tres o cuatro puntos del tipo máximo para las rentas de más de 140.000 euros, además de un aumento (que no ha cuantificado pero que puede ser del 23% al 30%) en el tipo que pagan las rentas de capital. “Si el IRPF de un contribuyente proviene íntegramente de las rentas del capital, se verá repercutido por la reforma fiscal”, ha advertido. Como detalle sobre la reforma, Montero estima que una renta de 60.000 euros se puede considerar clase media en España, “son profesionales con responsabilidades, como profesores de universidad, médicos o abogados”, ha señalado.
Más complicada parece la cuestión en lo que respecta al nuevo modelo de financiación autonómica, cuyos mimbres se negocian ya, con la novedad de que la próxima reunión multilateral convocada con las autonomías va a acudir un representante de la Generalitat, por primera vez en mucho tiempo. “Nos dará tiempo a hacer el esqueleto del sistema -ha reiterado-, para que quien gobierne en la próxima legislatura pueda empezar con la puesta en marcha de un nuevo sistema”.
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