En España existen 1.322.261 Pymes, pequeñas y medianas empresas que se caracterizan por tener menos de 250 trabajadores a su cargo. En total, representan el 45,8% de todas las empresas inscritas en la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en enero de 2019.
Dada su penetración en el tejido empresarial, su contribución a nivel fiscal también es importante. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señalan que, contando con todas las figuras impositivas y, en comparativa con otros países de la UE, la presión fiscal de las empresas es muy “elevada”. “Según la Comisión Europea los empresarios aportamos el 30% de los ingresos públicos en nuestro país frente al 26% en Europa”, destacan.
España es el cuarto país con las cotizaciones y el impuesto de Sociedades más altos de la UE. Además, según el Banco Mundial, la carga tributaria de las empresas españolas sobre los ingresos netos es de un 49,0% con la suma de los impuestos sobre beneficios, cotizaciones de sus empleados e impuestos indirectos, como el IVA. Una cifra por encima del 40,3% que paga la media de la Unión Europea más la Asociación Europea de Libre Comercio.
Pero, ¿qué impuestos concretos pagan las Pymes? Al igual que ocurre con el resto de empresas, a nivel general existen figuras impositivas principales: el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estas obligaciones fiscales hay que añadir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que también suponen un desembolso importante para cualquier empresa.
El Impuesto de Sociedades grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas y aplica un tipo general de gravamen del 25%, aunque la normativa también prevé tipos reducidos para entidades que cumplan condiciones especiales. Desde 2015 el tipo preferente aplicable durante dos años a sociedades recién constituidas es del 15%.
Junto al Impuesto de Sociedades, las empresas deben tener en cuenta los diferentes impuestos locales y regionales que variarán según la ubicación de cada una. Uno de los impuestos comunes a todas, pero que variará el importe según la ubicación, es el Impuesto de Actividades Económicas. Como su nombre indica grava cualquier actividad económica realizada tanto por una persona física como jurídica. El tipo que se aplica dependerá del epígrafe en el que se encuadre la actividad que desarrolle la empresa, aunque la legislación incluye exenciones. En concreto, todas las sociedades mercantiles con una cifra de negocio inferior al millón de euros están exentas.
Los dos tributos anteriores son de naturaleza directa, es decir se aplican según las circunstancias de cada contribuyente. Frente a ellos, el Impuesto sobre el Valor Añadido, que también tendrán que tributar las empresas, tiene naturaleza indirecta y grava el consumo de bienes y servicios. En la actualidad existen tres tipos diferentes: el general del 21%; el reducido del 10%, para productos alimenticios, sanitarios, bienes de uso agrícola, forestal o ganadero, o para el transporte; y el superreducido del 4%, para bienes de primera necesidad.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es otra de las obligaciones de las pymes, pero solo en caso de no aplicar la retención en al menos un 70% de las facturas. En ese caso, habrá que presentar el modelo 130.
Exigencias de las Pymes
No obstante, estos son solo los impuestos principales que debe asumir una Pyme, junto a ellos existen otras obligaciones fiscales que varían en función de la cifra de negocio o de sus características. Las pequeñas y medianas empresas se quejan de “una elevada presión impositiva que impide la reactivación de la inversión empresarial que es la variable clave para la consolidación del crecimiento de la actividad y del empleo en el largo plazo.”
Desde Cepyme destacan que “recientemente según el INE, casi el 31% de las empresas señala que el aspecto que impactó más desfavorablemente en sus negocios fue la fiscalidad”.
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