La petición que ha realizado este miércoles la Fiscalía Anticorrupción al magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, para imputar al BBVA por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en el marco de las presuntas escuchas ilegales que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo a instancias del banco durante la presidencia de Francisco González (2000-2018) intensifican la presión que está realizando del BCE sobre la cúpula del banco para que el asunto se resuelva y se depuren responsabilidades cuanto antes.
Pese a que la imputación del banco aún no se ha producido, es más que probable que García Castellón atienda el requerimiento de la Fiscalía en los próximos días, lo que, según fuentes financieras, llevará al BCE a analizar detenidamente las consecuencias que pudiera tener sobre el negocio de BBVA, su cotización o accionariado. Y es que es obligación del supervisor velar por la estabilidad financiera.
Por el momento, no hay constancia de que el 'caso Villarejo' haya tenido efecto sobre el precio de las acciones de BBVA ni sobre su actividad, algo que se comprobará el próximo miércoles durante la presentación de resultados del banco. En la jornada de ayer, el valor cotizó en rojo durante prácticamente toda la sesión en la Bolsa de Madrid, pero su caída fue inferior a la del resto de entidades financieras.
No obstante, los próximos pasos que dé el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 contra la entidad y sus miembros podrían forzar al BCE a actuar para garantizar el buen gobierno corporativo en el seno del banco. Entre las 'armas' con las que cuenta el supervisor, sobresale el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, según sus siglas en inglés), un mecanismo que permite la imposición de recargos de capital al banco si aprecia que su gobernanza no es la adecuada y que ya amagó con utilizar durante el plan de sucesión de FG.
Otra de las vías de actuación sería a través del 'fit & proper', un proceso mediante el cuál el BCE podría reevaluar la idoneidad de la cúpula actual del BBVA (consejo de administración y alta dirección). Si la investigación judicial señala en algún momento a alguno de estos ejecutivos de forma directa, Fráncfort valorará la importancia de los hechos y su impacto en la reputación de la persona y de la entidad financiera, estando en disposición de forzar su salida del banco.
Negocio ilícito y seguimientos personales
La petición que formalizó este miércoles el Ministerio Público se basa no solo en que se trató de un negocio ilícito -en tanto el comisario estaba en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos- sino también en que el encargo en cuestión derivó en "la injerencia de los derechos fundamentales" de las personas 'víctimas' de este operativo. Los investigadores consideran que el encargo -que se produjo en aras a evitar el intento de asalto de Sacyr al banco- derivó en la intercepción de múltiples llamadas telefónicas a empresarios, políticos y miembros del entonces gobierno socialista.
La Fiscalía apunta además que este asunto concreto salpica a alguno de los ocho directivos imputados recientemente en el caso en tanto habría percibido 'dádivas' del entramado empresarial de Villarejo a cambio de facilitar esta contratación que supuso al banco un desembolso total superior a los 10 millones de euros. De hecho, estos pagos se efectuaron no solo desde la contratación del primer servicio en el año 2004, bautizado como operación 'Trampa', sino también hasta hace apenas dos años, cuando se produjo la detención del comisario jubilado por facilitar presuntamente la entrada irregular de ciudadanos guineanos en España junto con el también comisario Carlos Salamanca.
El magistrado dio impulso a esta novena pieza del caso el pasado mes tras imputar a ocho directivos del banco por su implicación en estos encargos concretos. Lo hizo tras recibir información clave aportada por el banco y relativa a los departamentos a los que estaban sujetos las cuentas bancarias desde las que se efectuaron los abonos a Cenyt. Los ahora imputados por cohecho y revelación de secretos se acogieron casi en bloque a su derecho a no declarar teniendo en cuenta que las actuaciones de esta pieza novena permanecen bajo secreto de sumario.
De este modo, ni el exreponsable del departamento de seguridad Julio Corrochano, ni el exconsejero delegado Ángel Cano se pronunciaron en sede judicial acerca de la veracidad de estos trabajos, si bien este último expuso en declaraciones a este diario que no recuerda haber dado instrucciones a su equipo de cara a contratar con Villarejo. Con todo, el agente encubierto sí habló sobre este asunto concreto en su último interrogatorio, el cual se efectuó desde la prisión de Estremera por motivos de salud. Al respecto alegó que se trató de un operativo que se hizo para salvaguardar la soberanía nacional y en defensa de los intereses de este país ante injerencias de potencias extranjeras.
Villarejo exculpó a Francisco González de esta cuestión y dijo que su nexo de unión fue Corrochano, el cual aterrizó en el banco en 2002 proveniente de la jefatura de la Policía de Madrid. Precisamente Corrochano fue el único de los cargos del BBVA imputados sobre el que el magistrado García Castellón acordó la imposición de medidas cautelares. El juez le dejó en libertad provisional sujeta al pago de fianza de 300.000 euros que abonó el pasado viernes en la Audiencia Nacional mediante transferencia bancaria, según informaron a este diario fuentes jurídicas.
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