Indra concluirá en junio el ajuste laboral en sus dos principales filiales. Pero ya en 2020 se apuntó en sus cuentas anuales los gastos correspondientes a todas las salidas. En total acaba de aflorar unos costes de más de 85 millones de euros, entre las indemnizaciones por los despidos y las prejubilaciones. Estos recortes, pactados con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, fueron los primeros que se registraron tras el primer impacto del coronavirus en una empresa controlada por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El primer recorte que se pactó con las organizaciones sociales fue en la filial española Indra Soluciones Tecnologías de la información. Afectaba a un máximo de 580 personas por extinción de contrato. Entre ellas se encontraban 360 despidos con 45 días por año trabajado para los primeros años de actividad y 33 días para los últimos. A esto se sumaban 220 'prejubilaciones' para personas de entre 57 y 63 años. A los que estaban en esa edad límite le pagaron una indemnización de 20 días con un máximo de 12 mensualidades. Además de todas extinciones, se ejecutaron 125 suspensiones de contrato y un centenar de reducciones en los salarios.
El coste total de esta medida, según queda reflejado en el informe anual de la empresa recién presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es de 63,6 millones de euros que han sido registrados dentro de los gastos de personal del ejercicio 2020. Al cierre del año se habían abonado un total de 37,7 millones. Lo que resta se ha ido entregando en estos primeros meses de 2021. El ERE fue firmado por las organizaciones mayoritarias, mientras que algunas minoritarias como CGT acudieron a la Audiencia Nacional para tratar de lograr su impugnación. La Sala de lo Social del tribunal ha tumbado la demanda en una sentencia que se ha conocido este mismo jueves.
Las cifras de la antigua Minsait
¿Y en las bajas dentro de Indra Sistemas, la matriz del grupo destinada especialmente al sector de defensa? La compañía aceptó retirar el ERE que había propuesto, aprobando 135 jubilaciones anticipadas y 85 bajas incentivadas. Los que se encuentran entre 57 y 63 años de edad recibirán un 90% del salario bruto hasta los 63 años para los que tienen salarios más bajos. Para los que están por debajo de esos 57 años, que suman un total de 85, recibirán la compensación que le corresponda por su contrato con un bon extra lineal de 6.000 euros.
Estas medidas de ajuste, que fueron las más contestadas por las perspectivas económicas de la división y por su dependencia hacia la contratación pública, tiene un gasto contemplado de 21,6 millones de euros. En el conjunto del año 2020 esta división sufrió una caída en los ingresos de casi el 8%, aunque este recorte se ha reducido progresivamente conforme avanzaba el año y se aplacaban los efectos de la pandemia del coronavirus. "Este acuerdo evita la aplicación de medidas traumáticas y le permitirá alcanzar los objetivos de reducción de plantea para mejorar su competitividad", defiende el grupo, en el que el Estado sigue teniendo casi un 19% de las acciones.
La comparación con otros ERE
Ambos recortes se convirtieron en los primeros que se firmaron en las empresas participadas o controladas por el Estado a través de la SEPI -después llegó el de Airbus, que aún está en el aire, por la prohibición de despedir tras un ERTE-. Los sindicatos plantearon la batalla en un primer momento para tratar de tumbarlo alegando precisamente ese carácter semipúblico. Desde el Gobierno hubo una tibia reacción. En el caso de Unidas Podemos pidieron redoblar la inversión en la compañía y paralizar los recortes. Sin embargo, no hubo ninguna oposición de los representantes públicos -en el consejo la SEPI cuenta con dos sillones que son ocupados por el exministro socialista Miguel Sebastián y el que fuera diputado socialista y presidente de la Comisión de Industria, Antonio Cuevas.
Más allá del debate político y público, las condiciones, especialmente, en colectivos de edad más avanzada son inferiores a los que se han ido fijando no sólo por grandes compañías como El Corte Inglés. El gigante de la distribución anunció casi 3.300 salidas pero con 33 días por año trabajado, muy por encima de los 20 que se fijaron para los mayores de 63 años en Minsait. ¿Y en la banca? Santander ofreció también una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad para los mayores de 62. Por su parte, Banco Sabadell planteó prejubilaciones con el 75% del salario anual hasta los 63 años y hasta el 20% para los mayores de esa edad.
Otros desembolsos
El desglose de los gastos de empleo no son los únicos que hacen en ese informe anual. También destacan algunos de los pleitos que la compañía tiene abiertos. Entre los probables se encuentran varias sanciones de la CNMC que suman algo más de 15 millones de euros y que aún se encuentran en tramitación o en los tribunales por los diferentes recursos presentados. En materia fiscal, tiene más de 20 millones de euros de varias liquidaciones de la Agencia Tributaria que también están judicializadas a la espera de sentencia firme.
La compañía también desvela lo que ha pagado por la única compañía que ha adquirido durante el año 2020, tras años de una creciente actividad compradora. En concreto va a pagar 24 millones de euros por la sociedad italiana SmartPaper, especializada en gestión de documentos digitales. Para completar la transacción, que se formalizó a finales de diciembre, ha provisionado otros 6 millones que refleja el valor probable que deberá abonar del 'bonus' (conocido en el argot como 'earn-out') en caso de que se cumpla una serie de objetivos de venta y rentabilidad.
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