Indra echa cuentas con las prejubilaciones para los empleados mayores de 57 años en la división de Defensa. La compañía tecnológica se plantea si, finalmente, elevar la cifra definitiva dejando abierto el periodo de adscripción hasta final de año y así dar respuesta a los 150 empleados que la solicitaron y se han quedado fuera después de que se cubriera el cupo inicial acordado en la mesa de negociación. Está prevista la celebración de un encuentro con los sindicatos a mediados del próximo mes de julio para analizar la situación de este plan de bajas y tomar una decisión definitiva.
Después de la presión de la plantilla, Indra acabó sustituyendo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por un paquete con 135 prejubilaciones y 85 bajas incentivadas. El periodo de aceptación concluye este miércoles, 30 de junio. Y, como era previsible, las primeras -que recibían entre el 85% y el 90% del salario bruto hasta los 63 años- han recibido una demanda muy superior en la plantilla en España (conformada por unos 6.300 empleados) mientras que las segundas se han quedado en una cifra prácticamente testimonial. Eso ha abierto la puerta a cambios que se están analizando por la compañía.
Los sindicatos mayoritarios ya hicieron una propuesta formal el pasado mes de abril, tal y como avanzó La Información, para ampliar el periodo de aceptación de las prejubilaciones hasta final de este año 2021, pero siempre respetando la "doble voluntariedad". Es decir, se trataría de una medida voluntaria para el empleado y también para la empresa, que tendría derecho de veto. En aquellas fechas se habían quedado fuera cerca de un centenar de empleados. Según apuntan ahora fuentes sindicales, dos meses después esa cifra asciende a más de 150 que se han quedado sin respuesta.
Lo sucedido con las prejubilaciones contrasta con lo vivido con las bajas incentivadas. Las mismas fuentes confirman que apenas una decena de personas se han apuntado voluntariamente a estas desvinculaciones voluntarias frente a las 85 que se habían previsto en el acuerdo firmado por ambas partes el pasado mes de diciembre. La razón hay que encontrarla en las condiciones económicas para este grupo de empleados menores de 57 años: compensación en base a su situación contractual, junto con un bono extra lineal de 6.000 euros.
Estas cifras no van a sufrir cambios, pues este miércoles es el último día para presentar credenciales. Por tanto, la desigualdad entre una y otra modalidad es clara. A mediados del mes de julio estará sobre la mesa. Desde los sindicatos creen que la compañía anunciará la ampliación del plazo hasta final de año en una declaración de intenciones que no implicaría una ampliación del acuerdo, ni ninguna otra negociación colectiva 'extra' y que permitiría mantener las mismas condiciones para los que se acojan en esta segundo semestre. El acuerdo llegaría justo después de que el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, haya logrado un principio de acuerdo con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones, pactando atrasar a 2024 las nuevas penalizaciones para las jubilaciones anticipadas. Por tanto, el camino regulatorio está más despejado.
Mientras esto sucede, la división de Defensa sigue recuperando de manera muy importante la actividad después del cierto patrón que generó la primera fase de la pandemia del coronavirus. Para tratar de hacer frente, según aseguran desde los sindicatos, se necesitarían entre 500 y 600 contrataciones en los próximos trimestres. En el primer trimestre de este año, la cartera de pedidos en Defensa y Seguridad se disparó un 17% hasta los 3.600 millones de euros, principalmente por el crecimiento vinculado al proyecto Eurofighter, donde la compañía es suministrador de referencia.
En plena junta general
Estos ajustes laborales en la división que más peso político tiene en la empresa semipública se deben debatir en los primeros pasos de la nueva estructura de gobierno tras la abrupta salida de Fernando Abril-Martorell de la presidencia ejecutiva. Está previsto que la Junta General de Accionistas apruebe este mismo miércoles las ratificaciones de los nombramientos de Marc Murtra como presidente no ejecutivo -tras el 'tira y afloja' de la Sepi en el consejo de administración- y de Ignacio Mataix y Cristina Ruiz como dos consejeros delegados solidarios con plenos poderes para decidir en el día a día. También saldrán adelante, si no hay cambios de última hora, la reelección de Ignacio Martín y Enrique de Leyva como consejeros independientes y la llegada de Ana María de Pro, también como independiente.
Ese apoyo relativamente cómodo de la nueva cúpula de Indra viene precedido por un respaldo unánime de los grandes asesores de voto (proxy advisors), que han dado un voto de confianza claro a esta estructura de poder, pese a las dudas internas por la dificultad para la gobernabilidad y la "sensación de temporalidad". Tanto ISS y Glass Lewis en EEUU, como el europeo Proxinvest, a través de su socio español Corporance, recomiendan votar a favor de todos los puntos esgrimiendo, entre otras razones, que se ha logrado una separación de poderes entre la presidencia y los consejeros delegados.
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