Indra tiene cuatro meses por delante, hasta finales de octubre, para pilotar la reconstrucción del consejo de administración con, al menos, la mitad de independientes y para demostrar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no hubo un pacto de concertación entre la Sepi, Sapa y Amber Capital en la 'toma de control'. La compañía tecnológica y de defensa busca un 'puerto seguro' con el regulador: trata de ir de la mano del organismo presidido por Rodrigo Buenaventura para salvarse finalmente de la quema de una oferta pública de adquisición (OPA).
Un puerto seguro es, en términos regulatorios, un conjunto de prácticas que se consideran admisibles y que no se encuentran en ninguna zona gris. Los diferentes organismos crean este tipo de estructuras para ponérselo más sencillo a las empresas para cumplir con las 'reglas'. Indra se encuentra precisamente en busca de ese camino marcado para resolver la crisis de gobierno generada en la junta general de la semana pasada que implicó el cese de cuatro consejeros independientes (y la posterior dimisión de otros dos). Desde la empresa semipública han mantenido encuentros al más alto nivel con CNMV para encontrar precisamente ese puerto seguro, según explican fuentes conocedoras.
Buenaventura ha ido poniendo algunas migas de pan para tratar de señalar ese camino. El presidente del regulador puso mucho énfasis en los consejeros independientes y en la reconstrucción del máximo órgano de decisión de cara al futuro. Animó a la compañía a "hacer bien" el nombramiento de los nuevos representantes. Y es justo lo que ha tratado de hacer la compañía, acelerando en esa reorganización, con la puesta en marcha de las comisiones y el arranque del proceso de reclutamiento con una consultora externa. El consejo manifestó hace unos días su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones y principios del Código de Buen Gobierno. Quedaba pendiente la publicación de las cartas íntegras de los cesados y se publicaron.
La designación de consejeros verdaderamente independientes que ocupen al menos el 50% de los puestos del órgano de decisión es un escollo menor. El problema principal es el de la potencial obligación de presentar una OPA por acción concertada. Buenaventura trató de ponerse la 'venda' antes ya el pasado viernes. Insistió en que la normativa es clara en asuntos relacionados con conciertos eventuales entre accionistas pero "la casuística puede ser muy amplia". Lo hace mientras hay quien le exige que no se adopte de manera estricta la normativa ante los indicios que ya existen.
La presentación de una OPA que implicaría un importante desembolso económico es justo lo que quieren evitar Indra y la Sepi. El objetivo de esta última era tener una posición relevante, pero sin acabar con una nacionalización de facto. Por lo pronto, las notificaciones de compras de acciones a la CNMV por parte de la sociedad pública se han frenado en el 25% actual. El 25 de mayo aseguró que llegó al 20,1% y dos semanas después llegó al nivel actual. Desde ese 6 de junio no se ha movido. Esta posición actual junto con la de Amber Capital, que es de algo más del 4%, no superan la barrera del 30%. El fondo contactó con accionistas significativos para comunicar su intención de proponer los ceses "a efectos exclusivamente de que dichos accionistas pudieran tener conocimiento". No precisó quienes.
Un caso clave
El caso de Indra va a ser una de las grandes pruebas de fuego del organismo en los últimos años. Y será el mayor escollo al que se ha enfrentado su presidente, desde que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, decidiera proponerlo para sustituir a Sebastián Albella, que cumplía mandato. Con un perfil especialmente técnico (procedía de la dirección general de Mercados) tendrá que tomar una decisión tras su investigación sobre la acción concertada de la empresa de defensa. En la anterior OPA relevante en el mercado español, la de IFM sobre Naturgy, ésta última le recriminó su inacción frente a las prácticas del fondo.
En este tiempo de presidencia en CNMV ha habido pocos roces entre el propio Buenaventura y el Gobierno de Pedro Sánchez, impulsor de esta 'toma de poder' en Indra a través de la Sepi. El último de esos enfrentamientos tenía que ver con el llamado 'escudo antiopas' que fue ampliado hasta finales de este año por el propio Ejecutivo. Buenaventura sugirió a principios de este ejercicio que sería bueno retirarlo dado el valor de la inversión extranjera para afrontar la recuperación de la economía y permitir a los accionistas beneficiarse de las primeras que se suelen pagar al presentar estas ofertas. Sin embargo, la propia Nadia Calviño respondió con claridad que no genera ninguna incertidumbre jurídica ni obstaculiza "en absoluto" la inversión extranjera. El escudo sigue en pie.
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