Indra no quiere más problemas después de la sacudida vivida en la cúpula en las últimas semanas. La compañía tecnológica acaba de contratar a Georgeson, un 'proxy solicitor' con el único encargo de encarrilar la junta general de accionistas y amarrar el voto favorable de la mayoría entre el ruido causado por el controvertido relevo en la presidencia, con la llegada de Marc Murtra sin poderes ejecutivos, y los nuevos cambios en el gobierno corporativo. La batalla de los consejeros independientes, que cuentan con mayoría, frente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) está como telón de fondo.
Será el 30 de junio cuando la empresa semipública tenga que verse las caras con los accionistas en la junta ordinaria después del retraso que se ejecutó precisamente por el intenso debate generado en el seno del consejo de administración a cuenta del relevo de Fernando Abril-Martorell en la presidencia. Junto a este punto, someterá a votación la reelección de Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, que han sido designados como consejeros delegados solidarios y concentrarán los poderes ejecutivos en un estructura que no hará especialmente sencilla la gobernabilidad.
La compañía no las tiene todas consigo y quiere reducir lo máximo posible un potencial rechazo a estos nombramientos y a otros puntos críticos del orden del día. Así, según ha podido saber La Información, se ha formalizado la contratación de Georgeson, la firma estadounidense especializada en la gestión de las juntas de accionistas, el desarrollo del gobierno corporativo de las empresas, que se ha puesto manos a la obra para tratar de acercar posturas con los diferentes accionistas y asesores. Tiene apenas una semana antes de que estos últimos planteen sus propuestas de posición al resto de accionistas minoritarios.
Uno de los puntos críticos que deberá abordar es el de la llegada de Murtra y la retirada de los poderes ejecutivos. La Sepi ha tenido que hacer un requiebro al gobierno corporativo de la empresa y desentenderse de ese nombramiento, asegurando que no le representa, pese a que se trataba de su candidato oficioso. La empresa ha echado el resto para defender su idoneidad, pese a la falta de experiencia en compañías de gran tamaño, insistiendo en que tiene una "gran experiencia en el sector público, así como su "capacidad de gestión e interlocución con las entidades que lo conforman".
El antecedente más reciente para comprobar esa 'tolerancia' del accionista hay que encontrarlo en la junta general de accionistas del año 2020. Fernando Abril-Martorell, entonces presidente ejecutivo, había defendido la llegada de Rosa María García-Piñero, ejecutiva de Alcoa, como nueva consejera independiente. La Sepi desautorizó este aterrizaje, pues en aquel entonces el Gobierno mantenía una dura batalla con el productor estadounidense de aluminio por el cierre de sus fábricas en España. La consecuencia: el 26,7% de los votos fueron en contra. El 'plebiscito' se tuvo que llevar a cabo pero antes de que tuviera lugar la propia ejecutiva renunció a su puesto por esa falta de confianza del máximo accionista.
De cara a esta nueva junta ha sido especialmente significativo el caso de los consejeros independientes y su comportamiento en el nombramiento de Murtra. Su capacidad de influencia, pues cuentan con mayoría tanto en el propio consejo como en comisiones clave como la de Nombramientos y Retribuciones, ha sido ejercida. Sin embargo, pese a que puede suponer un punto de inflexión, la realidad es que la presión ha acabado en un acuerdo de mínimos en el que han tenido que ceder para la llegada del directivo cercano al Partido Socialista de Cataluña (PSC) y con el que el control de la gestión del día a día se complica.
Más nombramientos
Tres de esos consejeros independientes deberán ser reelegidos o ratificados también por los accionistas. El más veterano es el socio fundador de la gestora de capital riesgo Magnum Capital, Enrique de Leyva, que arranca aterrizó el mismo año que llegó al cargo Abril-Martorell. También deberá ser respaldada Ana de Pro, exresponsable financiera de Amadeus y también exconsejera independiente de Merlin Properties. Ella fue nombrada por cooptación por el consejo en diciembre del año pasado para cubrir la vacante de García Piñero, que renunció al cargo tras la polémica con Sepi. Por último, aspira a renovar tres años más su puesto Ignacio Martín, quien fuera presidente ejecutivo de Gamesa.
A la reunión que tendrá lugar en la sede social de la empresa en Alcobendas (Madrid) podrán asistir de manera presencial un número limitado de accionistas, hasta cubrir un aforo rebajado debido a las medidas especiales derivadas de la pandemia del coronavirus. La cuenta atrás ya ha comenzado y Georgeson se ha remangado para tratar de que la junta se convierta en una balsa de aceite. El mercado sigue recibiendo con tibieza los cambios en el gobierno, con una subida muy modesta del 2% desde que se produjo el desplome.
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