Indra vuelve a quedarse sola en el negocio electoral en España. La salida de Scytl deja a la compañía tecnológica como único licitante de todos los concursos públicos. Esto le permitirá ingresar algo más de 50 millones de euros en el próximo año y medio con estos trabajos. A los comicios municipales, generales y europeos, organizados por el Ministerio del Interior, se suman la docena de procesos que gestionará en las comunidades que se enfrentarán a las urnas. La mayoría de los precios fijados son calcados a los planteados de salida por las diferentes administraciones.
El primer gran espaldarazo lo logró hace varias semanas después de desbloquear la licitación del acuerdo marco para el próximo ciclo electoral de Interior. El precio ofertado es de 13,3 millones de euros, con impuestos incluidos, por cada uno de los tres procesos en 2023 y 2024 es prácticamente el mismo que se planteó de salida por el departamento de Grande-Marlaska. El primer contrato, el que tiene que ver con las municipales que tendrán lugar el próximo mes de mayo, se habría firmado esta misma semana.
Esa soledad como único adjudicatario ha hecho que los ingresos generados por ese proceso vayan a ser sensiblemente superiores a los logrados en el periodo anterior. En 2019, coincidieron las municipales y europeas en la misma fecha. Scytl apretó a la baja el precio ante la fuerte competencia de la propia Indra (que ofreció casi 11 millones) y se llevó el contrato por 8,7 millones de euros. Por cada uno de esos comicios (las europeas tendrán lugar en el año 2024), la empresa dirigida por Ignacio Mataix ingresará 13 millones de euros con impuestos incluidos, según la oferta recientemente validada por Interior. En el caso de las generales, que en principio están previstas para el próximo mes de diciembre, Indra ingresó algo más de 7 millones ese 2019.
Una docena de autonomías completan el mapa de este año electoral. Se celebrarán elecciones en las regiones no consideradas como 'históricas': Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra. La práctica totalidad están adjudicadas o en proceso de adjudicación con Indra como único licitante. Este mercado regional era terreno propicio para Scytl, pero en este ciclo electoral no ha comparecido. En total, según los precios ya fijados o previstos, sumarían más de 14 millones de euros de facturación para la compañía.
Quedarían abiertos dos procesos, que se publicaron más tarde y como negociados sin publicidad: el de Castilla la Mancha, valorado en 1,03 millones de euros, y el de Extremadura, que roza los 900.000 euros, tal y como quedan reflejados en los anuncios de licitación. Navarra no ha formalizado en su perfil del contratante la adjudicación, con un precio de licitación de casi 900.000 euros. Por tamaño, lógicamente Madrid es la más relevante y es la única en la que ha habido una reducción respecto al nivel de salida. En total supondrá un desembolso de 2,5 millones frente a los 3 millones de arranque.
Scytl fue expulsado del acuerdo marco de 2019 del Ministerio del Interior al incumplir con el contrato por superar el precio límite de licitación. La tecnológica atravesó por serios problemas durante el año 2020, tras declararse en concurso de acreedores, que desembocó en la compra por menos de 5 millones de euros de la catalana. Este fue el precedente de su no comparecencia en el mercado electoral en este nuevo ciclo de comicios. Anteriormente, los contratos de las autonómicas se 'repartían' entre ellos y la propia Indra. Un 'reparto' que fue analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin que encontrara ningún tipo de comportamiento anticompetitivo por ninguna de las partes.
Este tipo de contratos es especialmente delicado por las suspicacias que genera en el plano político. La realidad es que las compañías de 'software' como Indra o la propia Scytl no hacen el recuento electoral de manera directa. Éste es ejecutado por los miembros de las mesas electorales de manera manual. Estos datos provisionales -que deben ser confirmados en los días siguientes- envía a través de la plataforma aportada por la empresa tecnológica los resultados provisionales al centro de datos electorales, para difundirlos.
La sucesión del CEO
Mientras encarrila todo el aluvión de procesos electorales en los próximos meses, la empresa semipública empieza a trabajar en la sucesión del consejero delegado, Ignacio Mataix, que pactó su salida tras meses en la cuerda floja. Lo previsible es que en la próxima reunión del consejo de administración se elija al 'headhunter' especializado que llevará a cabo el trabajo de selección de la terna de candidatos. El último con el que trabajaron fue Korn Ferry, que se encargó del proceso de reconstrucción del máximo órgano de decisión tras la cascada de ceses y dimisiones de los independientes.
El objetivo de la empresa es llegar a la junta general del próximo mes de junio con un nuevo primer ejecutivo. Mataix se quedará como asesor durante los dos siguientes años. Según queda reflejado en la política de remuneraciones del grupo, el desestimiento unilateral voluntario del CEO no implica indemnización y necesita un preaviso de 3 meses. En concepto de compensación por la obligación de no competencia, el ejecutivo percibiría el 75% de su retribución total. En el caso de Cristina Ruiz, antigua co-CEO, se embolsó 1,8 millones. Queda por ver si el contrato de asesoría de dos años -cuya cuantía no se ha hecho pública- deja sin efecto esa cláusula.
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