Indra vuelve a estar en el ojo del huracán en un proceso electoral en el continente americano. La compañía con capital estatal se enfrenta a las dudas sobre la seguridad del proceso en los comicios presidenciales que tendrán lugar la próxima semana en Colombia. Ha sido señalada por parte de la oposición entre acusaciones mutuas de los principales partidos de fraude electoral. El grupo se defiende y asegura la garantía del proceso. En su defensa ha acudido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sale a la palestra insistiendo en la experiencia del grupo en comicios en España durante las últimas cuatro décadas.
La compañía española ya tiene experiencia en protagonizar este tipo de polémicas especialmente en Latinoamérica. Sucedió en el pasado en Argentina y en otros mercados de la región. En octubre de 2021 fue adjudicataria del software que se entrega a Colombia para el escrutinio provisional (pre-recuento) y en diciembre del que se refiere al escrutinio definitivo de las legislativas y presidenciales. El procedimiento respecto a las primeras, que tuvieron lugar en el mes de marzo, generó dudas y críticas por parte de miembros destacados del Partido Conservador como el expresidente Andrés Pastrana.
Esto obligó a la compañía a salir al paso advirtiendo a principios de febrero que el software será operador exclusivamente por la Organización Electoral -vendió la propiedad de la plataforma y no el acceso a la misma tras las exigencias del Consejo de Estado- y que cumple con “los más altos estándares” de funcionamiento y seguridad y cuenta con sistemas para trazar la huella de cualquier gestión dentro del software. Entre las auditorías que han pasado o están pasando se encuentra la de la empresa local Setpro, centrada en el código fuente del software; de SIA, firma del propio grupo Indra, y Jahv McGregor, que se centra en todo el proceso de licitación. Además también les admita la Contraloría General de la República como parte del proceso electoral.
Aún así, durante los siguientes meses la empresa española ha sido señalada en una oleada de críticas al sistema electoral por un potencial fraude. En las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, antesala de las presidenciales del próximo fin de semana, hubo una diferencia de más de un millón de votos en favor del izquierdista Pacto Histórico en el recuento final respecto a lo que se registró en el pre-recuento que se ejecuta el mismo día de los comicios. Esto disparó las denuncias. Y fue ahí cuando se señaló a Indra y a la UTE de empresas que se encarga del registro de los votos llamada Disproel y que está liderada por el gigante de la seguridad colombiano Thomas Greg & Sons -propiedad de la familia Bautista tras adquirir Thomas de la Rue de Colombia en los años 60- y en el que participan Telefónica Colombia -con un 4,7% de las acciones- y Prosegur -1%- para tareas vinculadas a la comunicacion y digitalización de datos y al transporte de las urnas, respectivamente.
Pastrana ha sido uno de los más beligerantes. Señaló el carácter semipúblico de la empresa, con participación mayoritaria del Estado español, y la asistencia de la antigua CEO de Indra-Minsait y del responsable del negocio electoral del grupo a un coloquio con Gustavo Petro, líder del partido de la oposición, y organizado por la Fundación Euroamérica en Madrid el pasado mes de febrero, al que también asistieron otros directivos de varias de las principales compañías del Ibex 35 español, entre las que estaba también el responsable de Relaciones Institucionales de Hispanoamérica en Telefónica, José Juan Haro.
También la señaló con el dedo la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores, Marta Lucía Ramírez, quien llegó a advertir que habían recibido preguntas de algunos miembros de la comunidad diplomática tanto dentro como fuera de Colombia, “quienes expresaron su preocupación sobre el nivel de riesgo electoral”. La propia Ramírez, unos meses después de esas críticas, protagonizó un almuerzo de trabajo organizado por la Fundación Consejo España-Colombia en el que estuvieron presentes también directivos destacados del Ibex. A estas voces se ha sumado también Vox en España, que llevará el caso al Congreso de los Diputados con una pregunta parlamentaria en la que le pregunta al Ejecutivo por la participación de los directivos de la empresa en el acto de Petro y la cercanía con el candidato.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inició hace unos días una gira por el país latinoamericano para respaldar a Gustavo Petro en los comicios. Ante el señalamiento de Indra y de las otras empresas proveedoras por las dudas respecto a la seguridad de todo el proceso y el papel del software que han entregad al Estado colombiano para el escrutinio, Zapatero ha insistido en que la compañía semipública ha cumplido “con una tarea con un altísimo grado de eficiencia tecnológica en una neutralidad exquisita; Indra ha sido la empresa que más ha participado en el sistema electoral español”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también mostró su respaldo en su visita al país latinoamericano el pasado mes de febrero.
El expresidente Pastrana ha sido especialmente beligerante, mientras que Vox en España lleva el debate al Congreso de los Diputados
La compañía tuvo que comparecer, como el resto de partes implicadas en los comicios legislativos de marzo, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la pasada semana. El representante en el país, Hernán Agustín Araya, respondió sobre la presencia de directivos en el acto de Petro en Madrid. Insistió en que como regla general no les permiten reunirse con ningún posible cliente en medio de procesos de licitación. Sobre la potencial manipulación de los resultados, el ejecutivo argumentó que jamás se ha hablado de que Indra pueda alterar unos comicios. Esta defensa de su trabajo también la tuvieron que hacer en el pasado con críticas de partidos en comicios de Argentina y otros países como Estados Unidos.
Acusaciones mutuas de fraude
Desde hace varios años el fantasma del fraude electoral ha sobrevolado Colombia, con acusaciones mutuas entre los principales partidos. Algunas organizaciones locales expertas en seguridad digital como Karisma han hecho análisis a fondo del software desarrollado por Indra y vendido al Estado colombiano como el de la UTE Disproel. En el informe publicado en marzo insisten en que el sistema que une ambas plataformas no cuenta con una herramienta que verifique completamente que la información que sale de la primera es la misma que entra en la plataforma de la española. Diferentes sectores han reclamado una mayor transparencia y acceso a los detalles técnicos de estos sistemas.
Mientras trata de lidiar con todo esto en los comicios colombianos, Indra sigue enfrascada en el proceso de reestructuración del consejo y el cambio en la cúpula ejecutiva. La lenta compra de acciones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que le permitiría hacerse con un 10% extra y un sillón más en el consejo, ha frenado los cambios en este último y el vuelco de poder. Lo justifica en que no quieren modificar el precio de los títulos con adquisiciones masivas. La junta general de accionistas ha sido convocada sin el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo, ni el del tercer representante del Estado. Sigue habiendo un resquicio legal para incluir un punto ‘in extremis’. Si no se consigue habrá que convocar una junta extraordinaria en los próximos meses.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios