Javier de Andrés fue fulminado en diciembre como consejero delegado de Indra. Con su salida, el hoy imputado por el 'Caso Púnica' se embolsó 8,7 millones de euros entre indemnización, pagos en acciones, remuneraciones y su plan de pensiones.
Hasta el pasado diciembre, Javier de Andrés era uno de los pocos supervivientes de los cambios dirigidos durante los tres últimos años por el presidente, Fernando Abril-Martorell. Fue ese mes cuando se ejecutó su despido fulminante.
Esa salida obligó a la empresa a rascarse el bolsillo. En el informe de retribuciones presentado a la CNMV, la compañía admite que pagó 614.000 euros en indemnización. En esa cantidad incluye los 550.000 euros por no haber cumplido el plazo de preaviso y otros conceptos como la asistencia sanitaria, las vacaciones no disfrutadas o la compensación por el pacto de no concurrencia suscrito con la empresa por el directivo.
Se fue con 8,7 millones de euros
Pero ese fue el menor de los pagos que tuvo que afrontar la empresa en el año de su adiós. Durante el ejercicio, De Andrés recibió 1,6 millones de euros entre salario, remuneración fija y variable, compensación por asistencia a comisiones y su propia indemnización. El año anterior recibió 1,2 millones.
A esta cantidad, sumó 2,2 millones de euros en el plan de retribución en acciones ligado al cumplimiento de objetivos (2015-2017). Indra entregó al directivo 194.400 títulos, a un precio de 11,6 euros. Por último, De Andrés canceló (y cobró) el plan de pensiones que tenía aprobado con la compañía. ¿La cuantía? 4,96 millones de euros, según el citado informe.
Récord de Abril-Martorell: 7,4 millones
El presidente de la compañía, Fernando Abril-Martorell, elevó sus retribuciones gracias al plan de incentivos en acciones. Este le permitió ingresar 5,5 millones de euros (la compañía le otorgó un total de 478.000 títulos).
Junto a este pago extraordinario, el máximo directivo de la compañía española se embolsó 1,9 millones de euros, entre su sueldo (775.000), remuneración fija y variable y la asistencia a comisiones del consejo de administración.
Imputado por el 'Caso Púnica'
Javier de Andrés, que ocupó el cargo de consejero delegado hasta el mes de diciembre de 2017, está imputado en el 'Caso Púnica', la trama de corrupción del PP de Madrid. Además es marido de María Fernanda Richmond, también salpicada por la Operación Lezo, centrada en las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II.
De Andrés ha ocupado el puesto de CEO desde junio de 2011, cuando accedió para sustituir a Regino Moranchel. Su salida implicó la eliminación del puesto. Acumulaba más de 20 años en la empresa en diferentes puestos de responsabilidad.
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