Indra, la compañía de consultoría que acaba de ser citada como investigada por la Audiencia Nacional en Púnica, era una pieza clave en el engranaje de pagos que se había establecido alrededor de algunos miembros del PP de la Comunidad de Madrid entre los años 2008 y 2013. Así lo atestigua la referida documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio y que desgrana, paso a paso, los movimientos efectuados por los investigados. En cambio, la dirección actual de la compañía, en manos de Abril Martorell, no ha hecho más que echar balones fuera en una carta a sus empleados en la que carga toda la responsabilidad al anterior equipo gestor y niega repercusiones futuras para la compañía.
En la misiva firmada por el actual presidente de la compañía, se señala que "todos los hechos investigados son anteriores al año 2015, en el que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía". Además, deja claro que ninguno de los directivos y empleados que aparecen como investigados en la causa presta servicios en Indra en la actualidad, un hecho que también se remarcó en un comunicado de prensa de la propia firma.
Más allá de los balones fuera, Indra señala que a la luz del análisis interno realizado por la compañía, sostiene que "si alguna conducta irregular se hubiera eventualmente producido en el periodo investigado, la misma se debió ejecutar violando los modelos de organización y de gestión y vigilancia aprobados en 2011 y que han sido reforzados y perfeccionados a partir de 2015", continúa la carta y también el comunicado a los medios.
La consultora, ya solo a sus empleados, niega que su imputación en el caso Púnica le vaya a causar mayores problemas en el futuro y afirma que esta "no tiene ningún efecto sobre la capacidad jurídica para contratar de Indra". Además, recuerda que sus perspectivas son positivas a la vez que siguen implementando su nuevo plan de estratégico.
Indra señala que durante este tiempo ha colaborado con la justicia aportando los documentos solicitados por el magistrado, tal y como este mismo reconoce en el auto de imputación que se hizo público el lunes.
Pese a todo ello, esta documentación señala que la consultora "nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos delictivos". Además, el magistrado imputa a Javier Monzón, por su condición de presidente de la compañía, y a los directivos Javier de Andrés -exconsejero delegado- y Jesús Gil -antiguo responsable de los proyectos electorales-. Estos últimos habrían intervenido en la decisión de llevar a cabo los pagos a quienes se les indicaba desde los altos puestos del PP de Madrid, siempre según el juez.
En cambio, quienes ejecutaban los encargos eran, según la misma documentación, Santiago Roura, Diego Mora y Cristina Bombín del Palacio, Director de Estrategia e Innovación, Director de Sistemas y Gerente Senior, respectivamente, y ambos imputados en el procedimiento penal.
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